“A las 11:15 de la noche del jueves 13 de diciembre del año pasado, la Policía Nacional tomó por asalto la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios de comunicación independientes que dirijo desde hace más de veinte años”, narra Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense en el exilio.
En una nota publicada en ocasión de los seis meses del sitio de Confidencial y Esta Semana, el director de estos medios da cuenta de la arbitrariedad de la operación de agentes del régimen de Daniel Ortega que sin exhibir orden judicial o mandato alguno, derribaron con violencia los accesos a su redacción y procedieron a su saqueo y ocupación.
“Cuando logré entrar a la oficina en la madrugada del día siguiente, constaté que se habían robado todas las computadoras, equipos de edición y filmación de televisión, así como nuestros documentos institucionales, contables y privados”, narra el periodista.
Estos hechos se producen en el marco de una agravada crisis política en la que el descontento de los nicaragüenses con su gobierno ha sido recibido con violencia, represión y supresión de las libertades civiles básicas. Esto ha dejado cientos de muertos y presos políticos, además de una libertad de prensa duramente cercenada.
La persecución a medios y el exilio de importantes periodistas ha dejado a un país entero huérfano de información confiable y sometido a las injusticias del “relato oficial”. Ese que traiciona la lógica y convierte a villanos opresores en héroes y otorga a los valientes manifestantes la etiqueta de desestabilizadores. Y uno de los comunicadores a los que el régimen más enfila sus ataques ha sido el crítico Chamorro que a pesar de las dificultades no ha bajado la guardia en su intento por contrastar las medias verdades y mentiras del orteguismo.
En su nota sobre el asalto a sus medios, cuenta que su reacción inicial fue responsabilizar a Ortega “por haber convertido a la Policía en una banda delincuencial pues de acuerdo a la ley, él es el Jefe Supremo de la institución y el último responsable de una orden de esa naturaleza”. Además, señaló a autoridades como la ministra de Gobernación María Amelia Coronel y la fiscal general Ana Julia Guido, pero no obtuvo una respuesta oficial más allá de repetidas agresiones que lo llevaron, en enero de este año, a buscar refugio en Costa Rica junto a su esposa.
Seis meses después del asalto, la Policía sigue ocupando la redacción en una suerte de “confiscación de facto” que, aclara Chamorro, no existe en su Constitución. Sin embargo, pese a las agresiones claras, Confidencial y Esta Semana mantienen su voz crítica y sus señalamientos al opresor régimen, “desafiando la persecución y la censura oficial, en Nicaragua y desde el exilio, haciendo el periodismo de calidad que se merecen los ciudadanos”.
Recursos legales infructuosos
En su nota, Carlos Fernando Chamorro manifiesta haber agotado numerosas vías legales para poder recuperar los bienes que le han sido confiscados y recibir una compensación por los daños provocados por el régimen.
Esto incluye demandas de desocupación ante la Policía, recursos de amparo y solicitudes de suspensión del acto reclamado (la ocupación de facto), denuncias ante en Ministerio Público por “robo con fuerza y daños a la propiedad”, entre otros delitos. Ninguno de esos procedimientos ha seguido su debido curso legal y sobre estos actos se mantiene la impunidad.
¿Por qué asaltaron Confidencial?
En su nota, el reconocido y laureado periodista nicaragüense lanza esta básica pero importante pregunta, la cual procede a responde con una explicación desoladora para quien analiza la salud (inexistente) institucional del país: que la Policía Nacional recibió una “orden política punitiva, al margen de la ley y el Estado de Derecho, que condujo al asalto, secuestro y confiscación de Confidencial y Esta Semana”, así como los medios Cabal y 100% Noticias.
Hace cuatro días el régimen orteguista liberó a un grupo de periodistas que retenía como presos políticos. Al hacerlo, Nicaragua dio un paso en la dirección correcta, pero el director de Confidencial afirma que faltan “garantías para ejercer el periodismo en libertad”, proteger a quienes se dedican a esto y resarcir los daños causados por la represión y la censura del orteguismo.