El Vicepresidente, Félix Ulloa dijo esta mañana que el problema del desplazamiento forzado en El Salvador es complejo “y que aunque no tiene una varita mágica para resolverlo”, trabajarán en coordinación con las organizaciones conocedoras del tema para buscarle una solución.
Esas fueron algunas de las expresiones que Ulloa manifestó en su discurso durante la presentación de la más reciente investigación denominado “Señales de una crisis, desplazamiento forzado interno por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras”, realizado por varias organizaciones como Cristosal, Plan Internacional y Educo entre otras.
«Las políticas públicas de seguridad y migración deben de ser abordadas como tema de nación», destacó el viceministro, al tiempo que consideró que la violencia, las pandillas y la pobreza son las principales causas del fenómeno, que impacta también en los agentes de la Policía.
El informe de las ONG establece que más de 1,900 personas fueron desplazadas de manera forzada en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) durante 2018.
Ulloa dijo que como gobierno reconocen que existe el problema, y que están dispuestos a cumplir con la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional que manda acciones urgentes como políticas públicas para frenar el problema.
“No vamos a tomar los informes como críticas al gobierno, sino como señalamientos justos, legítimos y oportunos para que el gobierno pueda tomar decisiones como este tema lo requiere”, detalló.
“Sabemos que no hay soluciones mágicas ni soluciones de la noche a la mañana, son procesos sumamente complejos que demandan inteligencia y respeto a los valores democráticos además mucha calma y mucha paciencia”, afirmó el vicepresidente.
Pero dijo que están abiertos para trabajar con las organizaciones dedicadas a abordar el tema y de la mano de la comunidad internacional para “disminuir esta problemática”.
Consideró viable las nuevas medidas que está tomando el gobierno de México como parte de la salida al flujo migratorio y donde también hay responsabilidades de cada uno de los gobiernos de donde proceden las caravanas.
“Esperamos impulsar una política de combate a las pandillas y crimen organizados que no riñas ni con el respeto a los derechos humanos ni con las prácticas de un Estado democrático, pero tampoco implica ser tolerantes”, afirmó Ulloa.
Más de un 90 por ciento de los desplazamientos forzados en El Salvador, Guatemala y Honduras es por las pandillas, el crimen organizado y las mismas autoridades del orden.