Un testigo que fungió como el director de Logística del Ministerio de la Defensa entre 2010 y 2011 relató este viernes ante los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal que el general José Atilio Benítez, cuando se desempeñó como viceministro y ministro de la Defensa, ordenó que se legalizaran al menos 15 fusiles AK-47 y M-16 por medios fraudulentos.
El general Benítez es procesado por estafa, actos arbitrarios, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y comercio ilegal.
El testigo con criterio de oportunidad o con beneficio penal es el coronel Salvador González, quien explicó con detalles el mecanismo que se seguía en el Ministerio de la Defensa para la obtención, inscripción y venta de las armas de guerra, que en su mayoría eran catalogadas de “trofeo” tras haber sido confiscadas a la exguerrilla durante el conflicto armado.
González dijo a los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal que sigue el proceso judicial en contra del exministro de Defensa y ex embajador de El Salvador en Alemania, José Atilio Benítez, que las armas fueron reportadas por el general Orlando Zepeda al almacén de armas.
Luego el ex director de Logística informaba a sus superiores sobre las armas no legalizadas que eran reportadas, y el viceministro Benítez al ministro David Munguía Payés.
Benítez daba la orden al director de Logística que realizara todo el papeleo para que se inscribieran a su nombre amparados en el decreto 25 que tenía como propósito legalizar todas las armas que circulaban de manera ilegal en el país después del conflicto armado.
Las armas, en su mayoría fusiles AK-47, Galil y M-16, eran reportadas a la Dirección Logística en lotes de cinco y seis unidades, las que luego de las pruebas por ley, o se ordenaba ingresarlas al inventario del Ministerio de la Defensa o para su destrucción.
En el caso del viceministro Benítez, las armas que estaban en buen estado se inscribían por medios fraudulentos a su nombre, con la finalidad de encontrarles cliente para su venta, con precios de entre $4,000 y $6,000 cada una, para lo cual contaba con al menos tres comercializadores, que según el testigo eran los oficiales identificados como el Piraña, Furtade y el teniente Figueroa.
Estos conseguían clientes para que esas armas fueran vendidas cada una en más de $5,000 dólares, además le ayudaban a inscribirlas en la Oficina de Registro de Armas. Los intermediarios devengaban comisiones de al menos $1000 por cada arma vendida, dijo el testigo.
El coronel González, quien goza de beneficio penal, dice que él sabía que lo que hacía era ilícito pero por los principios en el Código Militar que demandan lealtad, honestidad y respeto a los superiores, cumplió con las órdenes ilegales que le mandaban a realizar.
El abogado Mario Machado, defensor del exministro José Atilio Benítez, restó importancia y credibilidad a la confesión del coronel González ante los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal
De igual manera, Benítez dijo que el coronel González es responsable de sus actuaciones y que no estaba obligado a cumplir una orden si era ilegal. “Lo que el testigo está tratando es no perder el beneficio que la Fiscalía le ha dado para no ser procesado”, afirmó Benítez.