“Hay un deficiente trabajo fiscal en la investigación del caso (Tregua)”, dijo el juez Antimafia de Sentencia A de San Salvador, Cruz Vásquez, al dar a conocer la sentencia que favoreció a los 19 acusados en el caso judicial de la tregua pactada entre las pandillas. El reclamo del juez se repitió en distintas ocasiones en la lectura del fallo.
“No solo es cuestionable, tendencioso, y con sesgo, ya que las investigaciones fiscales solo fueron descargadas en los señalamientos a Centros Penales”, dijo el juez.
Todos los procesados fueron exonerados de los principales delitos tales como: tráfico de objetos prohíbidos a centros penitenciarios, agrupaciones ilícitas y falsedad ideológica.
Este es el segundo revés que sufre la Fiscalía General en este caso.
Raúl Mijango, quien fungió como mediador del pacto entre las pandillas, y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; además de otros 17 acusados de los referidos delitos, fueron exonerados de las anteriores figuras delictivas.
Foto EDH / Lissette Monterrosa
El fallo corresponde al segundo juicio que se realizó por orden de una Cámara de lo Penal tras resolver el recurso de apelación del sobreseimiento otorgado a los acusados en el primer juicio.
Si bien es cierto que los 19 procesados quedaron exonerados de los tres principales delitos, Rauda y el Inspector General de Centros Penales fueron condenados a tres años de trabajos de utilidad pública por actos arbitrarios.
El juez consideró que Rauda y Rodríguez incurrieron en conductas delictivas al autorizar la salida de cabecillas de las pandillas a otros penales, toleraron la celebración de 41 fiestas en los penales de Ciudad Barrios, Izalco, Cojutepeque, San Francisco Gotera y Quezaltepeque entre otros. “Eso generó desprotección de la ciudadanía por los innumerables hechos delictivos que ahí se gestaron”, expresó el juez.
También permitieron el ingreso de cantidades exorbitantes de alimentos cocidos, dinero, 200 paquetes de cigarros y enseres eléctricos a los distintos reclusorios, según enumeró el juzgador.
Además hubo ingreso indiscriminado de distintas personas a los penales que llegaban a reunirse con cabecillas de pandillas como parte del supuesto proceso de pacificación, según el fallo.
“Resulta vergonzoso la actuación de las autoridades penitenciarias por tolerar el ingreso (a los penales) de todo eso”, recriminó.
Por esa actuación, cinco exdirectores de cuatro penales: Félix Antonio Ruiz, Rigoberto Palacio Carrillo, Juan José Zepeda, José Adrián Abarca y Miguel Ángel Abarca, fueron condenados a dos años de trabajo de utilidad pública por incumplimiento de deberes.
Reclama por no investigar a Funes y Munguía Payés
En el mismo fallo, el juez Vásquez le hizo un llamado de atención a la Fiscalía General porque solo investigó a un reducido grupo de empleados públicos y no incluyó en esas investigaciones al expresidente prófugo Mauricio Funes y al actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés entre otros.
“Ha dejado abierta la investigación para que la Fiscalía investigue a quienes son los responsables y el juez fue claro en decir que venía del expresidente Mauricio Funes y su gabinete de Seguridad. Y dijo Ministerio de Defensa, Organismo de Inteligencia, Policía Nacional Civil; se entiende que son las cabezas de ese tiempo”, dijo el defensor de Rodríguez.
Pero uno de los fiscales del caso aseguró que “ya lo hemos reiterado que la investigación ha estado abierta para los demás funcionarios que hayan participado en este proceso, siempre se han investigado”.
Asimismo, el juez sostuvo que la investigación podría alcanzar a los exfuncionarios que fungieron como fiscales generales en el período de la llamada tregua por la presunta omisión de investigación e incumplimiento de deberes.
Con respecto al revés sufrido, aseguró que el juez señaló que decidió exonerar porque no se dejó claro en los libros de novedades de ingreso a los penales, la introducción de objetos prohibidos como celulares, chips y otros.
“Recordemos que los libros de novedades los escriben personas de Centros Penales con un grado de instrucción un poco baja para poder establecer todos los elementos que debe de reunir un libro de novedades”, justificó el fiscal.
Rauda consideró que la condena por actos arbitrarios es una interpretación del juez a la Ley Penitenciaria, pero de otra manera no hay nada ilegal. “Es algo agridulce, porque se me condena por cosas que eran los menos impensables”, dijo.
El exinspector Rodríguez, también condenado, reconoció que cumplían órdenes superiores y alegó: “porque si no cumplíamos igualmente perdíamos nuestro empleo y hay una familia que depende económicamente de nosotros”.