Los diputados de la subcomisión especial de la Asamblea acordaron este miércoles por la tarde enviar el informe del proyecto de “Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” a la Comisión Política para que esta instancia decida si continúa estudiándola o emite dictamen favorable para que sea aprobada en la plenaria que se realizará el jueves por la tarde.
El anteproyecto de ley ya contaría con los votos suficientes para su aval, ya que ARENA, FMLN, PCN y el PDC que suman 72 votos, respaldan la mayor parte del contenido que fue articulado por la subcomisión especial como resultado de los insumos que le trasladó la comisión ad hoc, instancia que durante un año recopiló opiniones y propuestas de distintas organizaciones sociales, abogados constitucionalistas y representantes de víctimas del conflicto armado.
El coordinador de la subcomisión especial, el diputado del PCN Roberto Angulo, descartó que el proyecto de ley sea cambiado, pues argumentó que contiene todas las inquietudes que se han girado en torno a los cuatro aspectos que la sentencia de la Sala de lo Constitucional pidió a la Asamblea legislar: acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición de crímenes de guerra.
“Creo que este dictamen como está no será cambiado después de mañana, ni pasado mañana, ni la semana entrante, creo que terminará siendo el mismo proyecto porque está muy bien elaborado y apegado a lo que se puede hacer y a lo mejor que hemos podido hacer. Ya no hay un equipo que pueda revisar este trabajo más que la Comisión Política”, afirmó Angulo.
Añadió que la propuesta de ley que fue presentada por las organizaciones Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor no ha sido incluida en el proyecto que pasará a la Comisión Política, porque muchas de sus iniciativas ya están contempladas en el documento que recibieron de manos de la comisión ad hoc.
Organizaciones de representantes de las víctimas del conflicto armado y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, han señalado que la ley busca impunidad para los hechos de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado de la década de los 80.
Agregan que en el proyecto que se prevé pase a aprobación del pleno se sustituye la cárcel por servicio de utilidad pública de hasta siete años cuando el victimario admita que cometió el delito, pida perdón y colabore con las autoridades para encontrar el lugar donde puedan estar sepultados los restos de los familiares de las víctimas de la guerra.
Según el proyecto que recibió la subcomisión especial, la comisión ad hoc propone resarcimiento civil para las víctimas del conflicto armado, creando un fondo estatal para otorgar pensión a los afectados, similar a la que reciben los veteranos de guerra y que no podría exceder de $300 al mes.
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