Como una “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana” define un informe de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos (NDU) a la red de empresas en la que está vinculada Alba Petróleos de El Salvador, al mismo tiempo que afirma que los estados donde operan trabajan en conjunto con dichas entidades.
“Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región”, destaca la información.
Según el informe, ante la crisis financiera y otras condiciones adversas, PDVSA se ha visto forzada a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como “el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro”.
Con base en los datos que maneja el estudio, la suma financiera de estos hechos no se conoce con exactitud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió $28 billones de PDVSA.
Dicho estudio menciona que en el caso de Alba Petróleos, José Luis Merino, funcionario del Gobierno actual de El Salvador, y otros “reputados testaferros” crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá.
Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos $1.1 billones entre 2007 y 2017, reza el texto.
Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable, relata.
El informe define a la red empresarial como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado. Relata además que es una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo.
Según la investigación son cinco las prácticas empresariales bajo las cuales trabaja el grupo, “incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos”, la compra de activos físicos, megaproyectos de infraestructura, minería de oro “ilegal” y transferencias entre bancos.
El escrito afirma que a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro no ha colapsado y “no lo hará por un largo periodo de tiempo”.
Los señalamientos que destaca la investigación se suman a otras limitantes que enfrenta Alba Petróleos en el país, como el reciente cierre de cuentas en el sistema financiero local, lo cual ha sido confirmado por el mismo José Luis Merino.
Alba Petróleos ha reportado una difícil situación financiera en los últimos años, con millones de dólares en pérdidas. La situación se agrava, ya que la empresa local es parcialmente propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a la que Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras debido a las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro.