El Gobierno de Nicaragua llamó ayer al cese de las sanciones económicas internacionales, dirigidas hacia familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, y prometió respetar los derechos que garantiza la Constitución, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y exiliados.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nicaragüense pidió el cese de las sanciones económicas, ya que “son precisamente quienes estaban en mayor pobreza, las más afectadas por esas medidas injustas”.
Entre las personas que han sido sancionadas hasta ahora están la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, o el expresidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas.
Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, incluyen al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano.
El Gobierno también dijo estar dispuesto a cumplir “con el respeto a todos los derechos constitucionales de nuestra democracia, considerándolos derechos de todos los nicaragüenses, sin excepción”.
Se trata de la primera vez que el Gobierno de Ortega, acusado por organismos nacionales e internacionales de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, habla de respetar la Constitución de forma directa.
El Ejecutivo ya se había comprometido con respetar la Constitución el 29 de marzo pasado, en las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para encontrar una salida a la crisis, pero se le acusa de no cumplir con su compromiso.
Entre los compromisos del Gobierno está la liberación de los “presos políticos”, unos 809, según la Alianza, casi el doble de los que reconoce Ortega.
Otros temas que el Gobierno nicaragüense dijo estar dispuesto a discutir, como muestra de su “compromiso de buena fe y buena voluntad”, es el retorno de los exiliados, a los que acusó de estar “comprometidos en las acciones violentas del golpismo”.
También se mostró dispuesto a negociar la presencia de garantes de los acuerdos firmados y de reformas electorales acordadas con la Organización de los Estados Americanos en 2017, un año antes del estallido social contra Ortega.
La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno reconoce 199.
Presos políticos
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó ayer su interés en que el Gobierno de Nicaragua ordene “lo más pronto posible” la liberación de los “presos políticos”, proceso al cual brindará su apoyo.
“Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso (de liberación), esperamos que sea lo más pronto posible”, dijo la jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua, Laure Schneeberger, a periodistas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja permanece en Nicaragua desde marzo pasado, cuando el Gobierno pidió su apoyo para el proceso de liberación de cientos de “presos políticos”.
El apoyo de la Cruz Roja consiste básicamente en conciliar las listas de reos con las que cuentan el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como constatar las condiciones en que se encuentran los convictos y garantizar que la ejecución de libertad se haga conforme a las normas internacionales.
“Hemos aceptado una invitación que nos han extendido las partes de facilitar un proceso de liberación, seguimos a la espera de que se tome esa decisión, estamos a disposición los 7 días de la semana”, reiteró Schneeberger.
La representante de la Cruz Roja dijo tener esperanzas en que el Gobierno no espere a junio para ejecutar la orden de libertad, sino que lo haga este mes.