Juan cerraba su tienda ubicada frente al desvío de Amayo en La Libertad entradas las 7:00 de la noche. A esa hora la luz es escasa y los clientes disminuyen.
Pero el 26 de septiembre del 2016 pasaban unos minutos después de las 6:00 de la tarde cuando Juan vio a tres policías rondar un vehículo estacionado afuera de su tienda. Los policías, quienes usaban gorro navarone y chaleco antibalas, le preguntaron a Juan si el vehículo era de él. Juan les dijo que sí demostrándolo con el permiso de circulación y el de conducir. Los policías no se conformaron con eso. Le pidieron el celular para revisarlo.
—¿Qué andás haciendo aquí, pues? —dijo un policía.
— Esta tienda es mía, trabajo aquí.
—¡Gran paja que tenés! Este negocio es de la Mara Salvatrucha y está incautado porque ya sabemos que es de “El Misterio”.
(“El Misterio” fue un cabecilla de la Mara Salvatrucha que había muerto un mes antes en un enfrentamiento con policías. El pandillero vivía en el mismo lugar donde vivía Juan: Comunidad La Pista, cantón Cangrejera en La Libertad).
—Si yo quiero puedo remitir este negocio a Finanzas —siguió el policía.
—¿Por qué si yo no tengo el negocio de forma ilícita? —les dijo Juan, quien agregó:
—Este negocio ni siquiera es nuevo ni lo empecé aquí. Ya llevo tres años con él.
—¡Paja! Yo soy investigador y no me podés dar paja.
—A pues ya debe saber todo de mí; si dice que ya me tiene investigado —replicó Juan.
(Antes de ser comerciante Juan fue albañil, pero trabajó tres meses en Honduras y en Panamá, así fue como inició la tienda, les dijo a los policías).
—¡Ah, nombre! Vámonos para allá ve —dijo el policía— refiriéndose a la tienda de Juan. Los otros dos policías que lo acompañaban ya se habían adelantado y al llegar Juan a la tienda vio cómo tenían de rodillas a Israel, su empleado.
—Entregame todo lo ilícito que tengás —dijo el policía mientras desordenaba las cajas de productos.
Al hallar dos paquetes de cigarrillos Moden, el policía sacó a Juan de la tienda para mostrarle fotografías de los pandilleros de la zona con el afán de que reconociera a más de alguno. Mientras tanto, los otros dos policías intimidaban a Israel.
—¿Lo matamos? —escuchaba Juan que decían mientras veía que le golpeaban la garganta con los puños.
— ¡Llorá pues! —insistían.
Juan vio el álbum y reconoció a dos hombres de las fotografías. El policía le dijo que todos eran pandilleros. Juan le explicó que uno de ellos era hijo de un comerciante de la zona y que el otro trabajó durante un mes en algunos de sus pickups.
Luego que el policía acabó el interrogatorio, le dijo:
—Vaya, mirá, aquí no ha pasado nada. No le vayás a decir a nadie de esto porque si no se te va a complicar.
Juan no les respondió.
—Es que veníamos por el que está allá dentro (Israel). Él es el “poste” de los pandilleros.
A Israel le quitaron el teléfono y lo amenazaron con quebrárselo si intentaba recuperarlo.
—Vaya. Todo queda tranquilo —insistieron los policías.
Israel tuvo tanto miedo que le pidió a Juan que cerrara el negocio en ese momento, pues temía que los policías regresaran a matarlo. Juan cerró.
Hay una grieta profunda en la relación entre la Policía Nacional Civil y las comunidades. El Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador 2018 señala que los prejuicios sobre quienes habitan en los barrios marginales pueden provocar que esa relación se deteriore cada vez más: “Solo por vivir en una zona donde existen pandillas, las personas pueden ser consideradas colaboradoras de estas o, incluso, integrantes”.
Hay quienes no callan los abusos y los denuncian. La Fiscalía General de la República recibió el año pasado 1,110 denuncias contra policías. Entre los delitos con más denuncias están: lesiones, homicidio simple y amenazas.
Israel le dijo a Juan que los policías le sacaron $90 del bolsillo: “Me fregaron”. Juan vio que en el mostrador también faltaba dinero. No halló los $160 que había ganado ese día.
Los policías José Mármol Martínez, José Roberto Monroy y Ricardo Guadalupe Mejicanos fueron acusados por los delitos de Amenazas con Agravación Especial y Hurto Agravado. El Código Penal de El Salvador considera Agravación Especial si las amenazas fueron hechas con arma o si las hicieron dos o más personas.
Cuando un policía es sospechoso de haber cometido un delito puede ser investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Un oficial de esa unidad buscó a Juan y lo entrevistó. Luego halló que los policías que patrullaban la zona ese día estaban asignados a la Base Rural Plan Zafra del puesto policial de Cangrejera.
Juan esperaba que Asuntos Internos demostrara pronto que estos policías lo habían amenazado. Durante esa espera, fue alcanzado por dos policías motorizados quienes, tras revisarlo, lo acusaron de portar un arma ilegal y droga por lo que fue detenido. Los policías dijeron que Juan se resistió al arresto y, como no pudo evitar las bartolinas, quiso sobornarlos. Quienes detuvieron a Juan eran los mismos policías que él había denunciado dos meses antes.
La procuradora adjunta de seguridad ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz Campos, considera que hay indicios del uso excesivo de la fuerza en la Policía Nacional Civil y, aunque aclara que no toda la policía viola los derechos humanos, cuando esto sí ocurre el nivel de seguridad pública queda totalmente anulado: “La Policía debe actuar cuando hay indicios suficientes de que una persona comete un delito. Entonces, puede neutralizarla si esa persona se niega a ser capturada, pero tiene un límite. El exceso en el uso de la fuerza es cuando hay malos tratos, golpes o tratos crueles e inhumanos llegando a tortura”.
Asuntos Internos supo del arresto de Juan y eso sumó una nueva acusación contra los tres policías: Actos Arbitrarios; es decir, cualquier acto ilegal o atropello contra las personas o sus bienes. La Fiscalía ordenó detener a los tres policías.
La institución con más denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es la Policía. Entre mayo de 2017 y abril del 2018, la Procuraduría recibió 811 denuncias contra policías. El 37 % fue por violación a la Integridad Personal.
Las pruebas de Juan contra los policías eran su palabra y su denuncia. Los policías tenían un par de testigos que también eran policías. Uno de estos fue comandante de guardia del puesto policial Plan Zafra de la Policía Rural Zona La Paz. Este policía le dijo al juez que los acusados no salieron del puesto policial el día en que al parecer hurtaron el dinero a Juan, pues se les había asignado hacer zanjas para ampliar la construcción del puesto. No presentaron pruebas.
Asuntos Internos dijo que los agentes Mármol, Monroy y Mejicanos patrullaron en el cantón Cangrejera en esa fecha: “Por lo que se puede presumir que son los mismos policías que cometieron los ilícitos”, según el acta policial de la Unidad de Asuntos Internos.
El día del juicio no llegó para Juan
Una camioneta custodiada por tres motociclistas se detuvo frente a la ventana de la tienda de Juan el 28 de enero del año pasado. Los hombres que bajaron del vehículo intentaron forzar a Juan a irse con ellos; pero al ver que no salía le dispararon quince veces a través de la ventana de la tienda.
Tres días después, los policías a los que Juan había denunciado fueron liberados. ¿La razón? Para que el juez Hernández valorara como prueba la denuncia de Juan este debía contar los hechos en el juicio. De esa manera el juez podría confrontar los hechos. No hubo declaración. No hubo condena.
A Juan le violaron su derecho a la Integridad Personal. No fue protegido luego de la denuncia. La procuradora adjunta ve una gran falla en la protección a las víctimas: “La misma autoridad que tiene que intervenir para esa protección es la misma autoridad que los ha violentado”.
La Procuraduría tiene patrones para identificar si un desaparecimiento o un asesinato ha sido cometido por policías. Casi todos los días reciben una denuncia contra policías y el patrón es el mismo: una camioneta llega en la noche, priva de libertad a la víctima y unos hombres encapuchados y vestidos con ropa oscura lo asesinan.
Si Juan hubiese llegado a la Procuraduría a denunciar a los tres policías y luego hubiese sido asesinado, el hecho hubiese encendido las alarmas de la Procuraduría pues es el mismo patrón que han identificado. La procuradora agrega que en estos hechos ha habido acoso policial previo: “Eso nos da una pauta de que podrían haber sido agentes del Estado”.
¿Investigan quién mató a Juan?
No. La Fiscalía se dio por vencida. Francisca, la viuda de Martínez Pérez, dijo a este periódico que nadie se ha comunicado con ella. “Yo así he dejado las cosas, a la voluntad de Dios porque me da miedo andar en eso. Imagínese ¡cómo le pasó a él por defender sus derechos! Que Dios diga lo que va a hacer con las gentes que hacen eso”.
El juez que absolvió a los policías dijo en una entrevista que le resultaron extrañas las circunstancias en las que murió la víctima: “A veces hay solidaridad de cuerpo y por eso es que posiblemente nunca lleguen a descubrirse hechos”. La Fiscalía solo tenía la denuncia y se arriesgó a presenar el caso. Perdió.
La jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó por escrito que la prioridad de la Fiscalía es el tiempo para recolectar pruebas, tanto en la investigación contra policías como en cualquier otro caso, en cumplimiento del debido proceso. La Fiscalía se negó a dar una entrevista formal para conocer más sobre este caso y otros aspectos relacinados con denuncias contra policías.
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