“La Directora del hospital Santa Gertrudis de San Vicente y la ministra de Salud, en mi opinión, han actuado por omisión y falta a sus funciones administrativas, tal como lo establece la Ley de Ética Gubernamental en sus artículos 3, 4 y 6. Esa misma ley en su artículo 16, literal c, establece que deberían ser removidas por incumplimiento grave de las obligaciones y funciones inherentes al cargo”, expresó el doctor Juan Carlos Portillo, presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, con relación al caso de los médicos cubanos que están operando sin autorización.
Portillo expresó que todo profesional de la Medicina, tanto nacionales como extranjeros, deben apegarse sin excepción al marco regulatorio de El Salvador. En ese sentido, apuntó, “los médicos cubanos debieron cumplir la normativa vigente y no lo han hecho, por lo tanto, han actuado fuera de la ley y eso amerita que se proceda con las sanciones respectivas”.
Por su parte, el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico alabó que la institucionalidad del país haya funcionado en este caso en particular. Señaló que Misión Milagro es un proyecto eminentemente político de los gobiernos del FMLN creado con fines electorales y con el propósito de ayudar a sus aliados cubanos.
“Dejaron prácticamente abandonados los hospitales que tienen servicio de Oftalmología; los dejaron desabastecidos de insumos y con equipos dañados”, puntualizó.
El pasado 12 de abril, El Diario de Hoy publicó un reportaje referente a que la Fiscalía confirma que se investiga a un grupo de médicos cubanos, quienes están operando de los ojos a muchos salvadoreños en el Centro Oftalmológico del hospital nacional Santa Gertrudis, de San Vicente, desde mayo del 2015, sin tener la autorización respectiva.
Pero además, el Estado salvadoreño paga $1,100 a cada persona que conforma el contingente de cubanos enviados como parte de un convenio entre los ministerios de Salud de El Salvador y el de Cuba.
Al presidente de la JVPM se le preguntó si a raíz del reportaje, habían recibido alguna solicitud de información sobre el caso de parte de las autoridades de Salud. La respuesta del médico fue que hasta el viernes anterior, no existía ninguna solicitud oficial por parte de la ministra de Salud Violeta Menjívar, en el despacho de la JVPM, a excepción de una solicitud enviada por la ministra a principios de enero donde solicitaba, de manera extemporánea, la autorización de forma retroactiva para la misión cubana, lo cual de ninguna forma se podía autorizar, afirmó Portillo.
“Le puedo asegurar que ellos han tenido el tiempo prudencial para subsanar cualquier situación con respecto al caso y no lo han hecho”, explicó el galeno.
Piden investigar a la exJVPM
De acuerdo con Portillo, la investigación también debería enfilarse hacia las personas nombradas en las juntas de vigilancia de la profesión médica de 2015 hasta el 2018, debido a que éstas incumplieron con su deber pues autorizaron a los cubanos sin que éstos presentaran los originales de sus títulos, como manda la Ley, sino sólo copias apostilladas, las cuales no tenían validez porque Cuba no es parte del Convenio de La Haya (Convención de La Haya sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros).
Brizuela también comparte la idea de que la Fiscalía investigue a quienes fungieron en esas JVPM, a la directora del hospital de San Vicente (Ana María Orellana Chacón) y a funcionarios de Salud. “Como Colegio Médico nos mostraremos como parte ofendida ante la Fiscalía”, advirtió el galeno.
“Estas juntas probablemente no solicitaron los títulos pertinentes todo porque eran afines al gobierno; las dos juntas anteriores han sido afines al gobierno (del FMLN), por lo tanto han tenido directrices establecidas por la ministra de Salud y solo acataban órdenes de ella”, acusó Portillo.
En el mismo sentido opinó el doctor Ricardo Lara, quien fue miembro del Consejo Salvadoreño de Salud Pública (CSSP) hasta el pasado 31 de diciembre. Lara afirma que las dos funcionarias implicadas deben ser investigadas por haber avalado a los médicos cubanos de operar sin los permisos respectivos.
Durante la investigación que realizó la actual JVPM en el hospital de San Vicente, el 7 de febrero de este año, Orellana Chacón admitió que fue por omisión que los permisos de los médicos cubanos no fueron tramitados a tiempo, y dijo que solo dos de esos médicos se habían quedado en el hospital.
Sin embargo, tras la revisión de varios documentos, determinaron que varios médicos estaban ejerciendo sin estar autorizados desde julio de 2018; a raíz de ese hallazgo la JVPM dio aviso a la Fiscalía General de la República.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Salud han guardado silencio en torno al caso.