Unos 151 sindicatos operan en el sector público del país, lo que representa a unos 60 mil empleados integrados en alguno de estos grupos, según afirmó ayer Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.
El funcionario, que estuvo presente en el foro “Empleo Público y Derechos Laborales”, organizado por esa entidad, detalló que del total de empleados públicos cuya cifra ronda los 160,000, al menos un 37% están sindicalizados.
“En 2009 había 10 sindicatos en el sector público, a junio de 2018 hemos contabilizado 151”, advirtió Rodríguez. Sin embargo, un reporte de 2012 del Ministerio de Trabajo (Mitrab) registraba para ese año 69 sindicatos. Y el anuario estadístico de 2018 también del Mitrab, registra solo 100, el año pasado.
Riesgos de ese incremento
Negociaciones estancadas y dificultades para establecer acuerdos son parte de las complicaciones que puede tener este excesivo número de sindicatos, señaló Rodríguez, sobre todo cuando están presentes en comisiones tripartitas en las que, lograr consenso es vital para avanzar como país.
Lo mismo opina Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada, Anep.
Para Argueta, si bien es normal que los trabajadores se sindicalicen en el área pública, no lo es cuando esto es impulsado desde el mismo ministerio de Trabajo, sobre todo cuando se acerca una etapa de transición de la administración pública.
“El nuevo gobierno debe investigar, ver si ha habido irregularidades en el trámite de sindicatos express, y para impulsar votaciones en los consejos tripartitos, como el del salario mínimo, y si hay responsabilidad en los titulares actuales, deben deducirla”, dijo.
“La sindicalización debe fortalecer pero no en un brazo o partido político para dañar a otro…Lo recomendable es revisar los procesos de inscripción. Invitamos al sector sindical a que denuncie irregularidades y el nuevo gobierno a investigar”, añadió Argueta.
Propuesta de Ley sigue detenida
Marcos Rodríguez estuvo presente en un foro al que también fueron invitados Sidney Blanco, juez quinto de Instrucción y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, y dos expertos en derecho laboral, Rodrigo Bravo de Chile y Héctor Zapirain de Uruguay, entre otros.
El objetivo del evento era evaluar los beneficios de la aprobación de la Ley de Servicio Público, en discusión en la Asamblea Legislativa desde diciembre de 2017.
La propuesta de Ley, según Rodríguez, busca fortalecer el derecho de la ciudadanía a la buena administración de la gestión pública, en aspectos que van desde la contratación por mérito, garantizar la estabilidad laboral y otros derechos.
Esta Ley, vendría a sustituir la Ley de Derecho Civil, vigente desde 1961, pero que no incluye algunos beneficios como el derecho a vacaciones por paternidad, y no regula, según Rodríguez, el nepotismo, lo que es clave normar sobre todo con el cambio de gobierno que se avecina.
Sin embargo, mientras se discutía los beneficios de la ley, varios grupos sindicalistas protestaban y se declaraban en contra de esta, argumentando que se está impulsando su aprobación para favorecer a los trabajadores afines al partido de Gobierno.
“Los sindicatos se continúan multiplicando, en Capres están haciendo sindicatos, por el cambio de gobierno, esa multiplicación es autorizada por el Mitrab y es peligroso por el momento que vive el país”, advirtió por su parte, Francisco Zelada, secretario de Simeduco, Sindicato de Maestros de la Educación Pública de El Salvador.
El sindicalista explicó que el proyecto es una réplica de la Ley de Servicio Civil ya vigente y que buscan que se apruebe “solo para proteger a funcionarios del gobierno actual”.
