Los desaparecidos olvidados por el Estado que solo sus familiares buscan

En El Salvador desaparecen diez personas por día, la mayoría en edades de 15 a 39 años. El patrón suele ser el mismo: salieron a trabajar, estudiar o visitar a un amigo y ya no regresaron a casa. La Fiscalía General de la República registró más de 3,500 casos de desaparecidos en 2018.

La profesora Blanca Lidia Rosales de Cortez forma parte de esos miles de nombres de extraviados el año pasado en El Salvador; a casi ocho meses de su búsqueda, la familia solo ha recibido respuestas de la Fiscalía que el caso está en investigación y de ahí no pasan, dice su madre.

En los últimos años, las autoridades se han centrado en debatir si es real la cifra de desaparecidos pero poco en la solución, y fue hasta el año pasado que dieron a conocer un “protocolo de atención y búsqueda de personas desaparecidas”, un esfuerzo entre Fiscalía, Policía, Medicina Legal, Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros.

Mientras, la infructuosa búsqueda de desaparecidos es -en muchos casos- esfuerzo solo de parientes. Expertos en seguridad dicen que si un familiar no regresa a casa a la hora que suele retornar, si pasan 24 horas, las siguientes 48 horas; y tampoco contesta su celular en un país con más de 3,000 homicidios al año, y con más de 60,000 pandilleros en barrios y colonias, el panorama no es nada alentador.

Pasado ese tiempo, hasta se ha vuelto normal que una familia salvadoreña cifre sus esfuerzos ya no en encontrar con vida a su ser querido, sino por lo menos, hallar los restos para darle cristiana sepultura y saber donde estará. Pero en El Salvador esa posibilidad no es tan fácil.

Las tres opciones para hallar a un desaparecido
Fuentes policiales que participan en las labores de recuperación de cadáveres, aseguran que existen diferentes formas para encontrar a una persona desaparecida: que un testigo criteriado (pandillero que participó en el hecho) colabore y revele donde está la víctima, el hallazgo por casualidad; ya sea porque un animal rascó y encontró huesos humanos o, porque llovió y el agua lavó el terreno y descubrió el cadáver.

Las fuentes sostienen que el Estado no busca a las personas desaparecidas como lo hacen sus familiares en barrancos, fincas, ríos y otras zonas. Y mientras, los familiares van y vienen en busca de sus seres queridos, a la lista de desaparecidos se suman nuevos casos.

A diario las redes sociales informan de nuevos extravíos como el de la universitaria Nicole Herrera Godoy, de 18 años, quien según sus padres está desaparecida desde el 10 de febrero cuando ella salió de su casa en Nejapa rumbo a Apopa, iba a comprar materiales para realizar una tarea de la carrera que estudia. A esta fecha, sus padres no saben qué pasó con su hija.

La historia se repite con el adolescente Manuel Alexis Pasayes García, de 15 años, quien el 12 de marzo salió de su vivienda en Mejicanos a visitar a su novia en la residencial Ciudad Corinto en el mismo municipio pero en el camino desapareció y desde ese día sus padres batallan por encontrarlo.

Los detectives ponen como ejemplo el hallazgo de la familia Pimentel en una finca de Nahuizalco en febrero pasado; en el cual fue clave la información de un pandillero que participó en el hecho y que negoció su proceso legal a través de la figura del “testigo criteriado” -con beneficios a cambio de colaborar con autoridades.

Ese ejemplo los lleva a concluir que fuera de esas excepciones, el Estado no investiga las decenas de denuncias que llegan a las delegaciones policiales y fiscales. No hay capacidad humana o el interés es poco, o ambas.

La jefa de la Unidad de Vida de la Fiscalía, Guadalupe Echeverría está consciente de esa realidad y las deficiencias de las instituciones para dar respuesta oportuna a los familiares. La funcionaria está clara que durante “la tregua entre pandillas entre 2012 y 2014” bajaron los homicidios y se elevaron los desaparecidos”, como estrategia de matar y enterrar para mantener cifras bajas en escenarios ordinarios.

Pandillas y cementerios clandestinos

La Fiscal coincide con los investigadores policiales al afirmar que las desapariciones están relacionadas con las pandillas, quienes matan a su víctima y ocultan su cadáver, un hecho que no se podrá esclarecer si no es a través de alguno que participó en el hecho. Los cementerios clandestinos están estrechamente relacionados a las desapariciones y las pandillas y solo es posible dar con esos lugares con el testimonio de un asesino o cómplice.

En otros casos, son los mismos vecinos quienes colaboran con las autoridades. Con esa luz, se va al terreno, pero requiere de recursos porque no se tiene el lugar preciso del cementerio, “sin embargo hemos llegado a lugares donde no se ha encontrado uno, ni dos sino diez y más de 14 cadáveres”, dice la fiscal.

También es posible cuando hay un ciudadano ajeno a la estructura criminal que presenció el lanzamiento del cadáver o el entierro y decide colaborar con la autoridad. Ocurre también por un caso fortuito por cuestiones naturales que pongan al descubierto un cuerpo.

Echeverría afirmó que en Fiscalía hay una gran limitante de recursos humanos y equipo técnico, sumado a una gran carga procesal elevada (de 100 a 300 procesos por cada fiscal). Dijo que el personal que ve los homicidios es el mismo de los desaparecidos hombres, en el caso de los niños y las mujeres, están a cargo de fiscales especiales.

El fastidio en la atención

Como si no fuera suficiente el calvario de perder un familiar, algunas personas han contado a El Diario de Hoy que policías, fiscales y empleados de Medicina Legal no les brindan la atención como dolientes, al contrario, los miran con fastidio, como quienes llegan a quitarles el tiempo, algunos se esconden en sus oficinas, no reciben sus llamadas telefónicas y aquellos que les dedican un minuto para escucharlos, se limitan a mostrarles álbumes fotográficos de cadáveres y hacerles sugerencias que en vez de ayudar a calmar su dolor se los incrementa.

Algunos afectados han manifestado que cuando van a las instituciones los funcionarios suelen tratarlos con indiferencia.El director interino de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez Vásquez afirmó que las instrucciones al personal son, no maltratar a los familiares de los desaparecidos.

“Debe darse un trato especial a nuestros usuarios o dolientes”.El funcionario trató de interpretar, aunque aclaró de que no era una justificación, las quejas y los maltratos que dicen los parientes que reciben del personal de Medicina Legal, como una actitud del estado o el momento que estas personas están viviendo.

“Yo me imagino y tratando de no justificar cuando esta gente se expresa que hay quejas de maltrato, es por el dolor que les embarga y en ese momento cualquier cosa que se le diga, para ella, va a ser un maltrato o que alguien le diga ´no aquí no hay nadie´, y va a decir que no le quisieron dar información”.

“Sin embargo, nosotros estamos supervisando constantemente, tenemos un departamento especializado de atención a víctimas y todos los usuarios”, afirmó el director. El departamento cuenta con personal especializado que toma todos los datos del desaparecido, seguido de eso, se prepara psicológicamente al pariente para mostrarle el álbum fotográfico de los cadáveres, de no estar apta por el dolor que le embarga, se llama a otro familiar.

Martínez Vásquez es del criterio que al doliente debe atenderse con toda empatía, “y eso solo es posible poniéndose en el lugar de él, que viene con un dolor tremendo buscando a su pariente desaparecido o el cadáver y mi indicación es que se le atienda dignamente”. Aseguró que con el afán de depurar los listados de desaparecidos, cada cierto tiempo se llama a familiares para ver si ya fue encontrado su pariente. Cada persona recibe una ficha con un número de caso.

El director de Medicina Legal afirmó que la institución no tolerará maltratos a parientes de víctimas de la violencia y pidió a toda persona que se sienta ofendida por un funcionario que se lo haga saber, y advierte que su oficina es de puertas abiertas”, o que llamen al 2529-8600 o 2529-8602.

Protocolo de atención

El inspector jefe de la Policía Nacional Civil, Walter Guillén afirmó que junto a las instituciones del ramo trabajan en dos protocolos: uno para la investigación de casos de personas desaparecidas y otro protocolo de acción y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas.

En este esfuerzo colabora la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. “Son protocolos para la atención y la acción de forma proactiva en menos de seis horas de registrada la desaparición y ya no esperar de 24, a 72 horas para denunciar la desaparición”, explicó Guillén.

La fiscal Echeverría afirmó que entre todas las instituciones se ha creado el “Protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda para personas desaparecidas en El Salvador” que tiene como propósito la búsqueda, coordinación y la investigación de los desaparecidos.

“Por ejemplo hay un desaparecido en San Salvador, pero probablemente encuentren una víctima no identificada en oriente, no sabemos si puede corresponder a esa persona, todavía no tenemos una comunicación o vinculación entre Medicina Legal y Fiscalía General”, dice Guillén.

Las instituciones trabajan en crear una plataforma para el intercambio de información que integre una denuncia desde Fiscalía y Policía y que tenga todos los datos de la víctima para comparar con el hallazgo de un cadáver levantado como no identificado en otro lugar.

Lo que se proponen con este protocolo es que se requiera de un “click” en el sistema para acceder a datos de desaparecidos por rasgos físicos, señales especiales, vestimenta, lo que optimizará las búsquedas. Las instituciones también coordinan esfuerzos con organizaciones que pro búsqueda, en un afán por ayudar a cientos de personas que enfrentan la dura desaparición de un familiar.