Con la acusación y las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República en el caso de la inconclusa presa El Chaparral, el Juzgado Noveno de Paz decretó este martes una nueva orden de detención internacional contra el expresidente Carlos Mauricio Cartagena y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, ambos prófugos y asilados en Nicaragua.
Esta es la cuarta orden internacional de captura que un juzgado salvadoreño emite contra Funes y su compañera de vida, esta vez por el supuesto soborno que recibió de la empresa italiana Astaldi por la suma de 3.5 millones de dólares.
La dádiva, dice la Fiscalía, le fue entregada al primer gobernante del FMLN, por ordenar un arreglo directo entre la CEL y Astaldi que costó al Estado salvadoreño $108 millones, pese a un avance del 29.28 % que la obra de El Chaparral, situada en La Reina, San Miguel.
“Líbrese las respectivas órdenes de capturas y comunicándolas a la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería y a la sede de Interpol en El Salvador”, reza la resolución judicial del Juzgado Noveno de Paz.
Aunque el expresidente intentó borrar la huella de la cobranza de ese dinero, la Fiscalía asegura haber hallado la conexión con el ilícito. El esquema de Funes y Mecafé para hacer llegar a sus arcas personales los $3.5 millones incluyó la creación de empresas fantasma.
Asimismo, resolvió que este nuevo proceso tenga reserva parcial para proteger la imagen de los menores mencionados en el proceso.
Funes y Guzmán Sigüenza seguirán siendo procesados. Al primero por los delitos de instigación a los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, y el de agrupaciones ilícitas. A ella por lavado de dinero.
Con este proceso, Mauricio Funes suma ya cinco casos, cuatro de tipo penal y uno civil. En este último fue condenado a devolver al Estado Salvadoreño más de 419 mil dólares por enriquecimiento ilícito.
Además, esta es la tercera resolución judicial por el caso de la presa El Chaparral que se emite; el primero fue en contra de uno de sus más cercanos amigos, Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, para quien la jueza decretó detención.
En la segunda resolución, los acusados: Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Mario Pieragostini, representante de la empresa italiana Astaldi, y José Efraín Quinteros, quien era el contador del negocio de spa que dirigía Ada Mitchell.
En el caso de los tres imputados, que fueron representados por sus abogados, la jueza decretó orden de detención y no están en el país.
Presa inconclusa y una dádiva
El contrato suscrito por CEL y Astaldi, el 26 de septiembre de 2008, era con la modalidad “llave en mano”, es decir, que había una prohibición expresa de no incrementar el precio de la obra, cuyo valor total era de 219 millones de dólares.
En el contrato, la empresa constructora se comprometió a asumir el riesgo de un posible incremento en los costos de construcción de la obra, pero no respetó el contrato.
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Fiscalía dice que Guzmán recibió $1.1 millones del soborno de Astaldi, vía firmas fachada. En otro proceso, la Fiscalía la acusa de haber despilfarrado $499,205 del dinero estatal.
Astaldi suspendió las obras y alegó “imprevistos imprevisibles” por lo que pedía más dinero del pactado, sin tener fundamentadas razones para hacerlo han establecido las investigaciones fiscales. Es más, Fiscalía le achaca a la CEL que no cancelara el contrato, le impusiere multas y se hicieran efectivas las fianzas contractuales cuando tenía base legal para hacerlo.
“En julio 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de $108 millones 500 mil, que generaron a la empresa $45,244,418 millones (extra)”, afirmó la Fiscalía.
CEL tenía que haberle pagado $63 millones a Astaldi por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, pero le pagaron $45 millones más.
Fiscalía dice que de esos $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones a Funes a través de dos empresas off shore que compró y registró en Panamá, Miguel Menéndez.
De ese dinero, $1.1 millones sirvieron para la instalación de una empresa de spa, que dirigía Guzmán, y lo canalizaron mediante una compleja transacción financiera.
Según la Fiscalía, Funes intentó borrar evidencia de haber recibido el millonario soborno de Astaldi, pero las investigaciones siguieron el rastro del dinero y la llevaron hasta el exmandatario. Ahora se le señala como el que administró el dinero mediante transacciones electrónicas y lo invirtió en proyectos como el spa de Guzmán.
