El número de denuncias de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República, entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2018, fue de 3,514 y superó a la cifra de homicidios que registró la Policía Nacional Civil al cierre del año: 3,340 casos.
Para los titulares del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional Civil el dato que maneja el Ministerio Público (y el que pudiera tener el Instituto de Medicina Legal) no es real, pues sostienen que en El Salvador no hay ninguna institución del Estado que maneje un consolidado exacto sobre personas desaparecidas.
Esta posición contrasta con la que tiene el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), que da acompañamiento a familiares de personas de las que se desconoce su paradero desde hace varios meses.
El abogado de la institución, Arnau Baulenas, manifiesta que “de forma indiciaria” se puede advertir que en El Salvador hay un incremento de desaparecidos. El problema, dice, se hace más grave porque al no existir cifras fidedignas sobre el tema se le dificulta a las autoridades ejecutar acciones concretas (ver nota aparte).
Entre los datos revelados por la Fiscalía General se destaca que en los meses en los que hubo más personas extraviadas fueron marzo (342), julio (319), agosto (326), octubre (345) y noviembre (302). Entre el 1 y el 18 de diciembre, la institución documentó 162 casos más.
Abogado del Idhuca: desapariciones de personas van en aumento
Cada mes, entre cuatro y ocho familias que tienen un pariente desaparecido acuden a entidad en busca de ayuda.
Algunos forenses de Medicina Legal consultados al respecto han manifestado que si una persona que desaparece no es localizada en los primeros tres o cinco días las posibilidades de encontrarla con vida son mínimas.
Los registros indican que la mayor parte de personas reportadas como desaparecidas tenían entre 16 y 30 años, lo que significa que estaban en edad productiva.
A través de diferentes publicaciones periodísticas se ha logrado conocer que algunas personas, sobre todo jóvenes, fueron encontradas con vida varios días después de que sus parientes las reportaran como extraviadas.
Pero también hay registro de víctimas que fueron halladas asesinadas o, peor aún, que no han sido localizadas pese a que ya pasaron muchos meses sin que se sepa de ellas.
Gobierno minimiza la cifra
Los titulares del Ministerio de Justicia y de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde y Howard Cotto, han rechazado en reiteradas ocasiones que el número de personas desaparecidas en el país, el año anterior, supere los 3,500.
Semanas atrás, el ministro aseguró que, de acuerdo con los registros de personas reportadas como desaparecidas en años anteriores, han concluido que solo el 10 por ciento fueron víctimas de un hecho delictivo, entre ellos homicidio.
Sin detallar las cifras, Ramírez Landaverde sostuvo que en 2018 no hubo un incremento de personas desaparecidas, por el contrario, aseveró, hubo una “clara reducción”.
Los 11 mil salvadoreños que solo su familia busca
Siete de cada diez desaparecidos son menores de treinta años y tres de cada diez, menores de 18.
A pesar de esa disminución de casos, el funcionario admitió que el problema está vigente y es “multicausal”. A su juicio, por ejemplo, algunas personas se van de casa sin avisarle a sus familiares y desde entonces asumen que han desaparecido pero, según él, no lo están.
Las autoridades dicen tener un registro de “avisos” de gente que está desaparecida, pero para el titular del Ministerio de Seguridad eso “no significa que esta persona haya sido víctima de un hecho delictivo en particular”.
El ministro señaló que esa base de datos no está depurada debido a que los familiares de gente que ha sido reportada como extraviada no suele regresar a la sede policial para retirar la denuncia cuando ya ha encontrado a su pariente.
El mes pasado, con el apoyo del gobierno de Canadá y de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal firmaron el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”.
El exFiscal General, Douglas Meléndez, explicó que entre los objetivos que se buscan alcanzar con esa herramienta es la unificación de los datos sobre personas desaparecidas que manejan las diferentes instituciones de seguridad.
También se pretende acelerar la búsqueda de personas, lo que implica que las autoridades ya no esperarán a que se cumplan más de 48 horas para considerar desaparecida a una persona. Además, con los datos que se obtengan se estudiarán patrones y tendencias criminales.
“Hemos encontrado un cadáver, puede ser que sea su hijo”
Mientras continúan las investigaciones sobre los más de 10 mil desaparecidos, las familias siguen sin recibir tratamiento psicológico o atención que les permita cerrar el ciclo de duelo. “¡Yo ya no quiero vivir!”, dicen a Israel, algunas madres
“Se va a crear un registro específico que no lo tenga solo la Fiscalía, sino también la Policía y Medicina Legal; porque el problema que hemos venido arrastrando es que se denuncia a una persona desaparecida, aparece días después pero la denuncia no fue levantada y eso se suma a las estadísticas”, sostuvo Meléndez.
Mientras que Cotto confía en que, en los primeros meses de este año, las tres instituciones tendrán la capacidad de manejar con certeza la información sobre los desaparecidos y, a su vez, eso facilitará el mecanismo de investigación.
Más cementerios clandestinos
En el país, tras la tregua que pactaron las pandillas, en 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes, se elevaron las cifras de desaparecidos y comenzaron a proliferarse las tumbas clandestinas.
En su momento, las autoridades explicaron que los delincuentes privaban de libertad a las víctimas, las mataban y luego se deshacían de los cadáveres en tumbas ilegales para hacer creer que cumplían el trato de reducir los homicidios, en esos días de 15 pasó a 6 o 7 homicidios diarios.
El año anterior, fueron descubiertas varias fosas clandestinas en diferentes zonas del país. La más reciente fue localizada la penúltima semana de diciembre entre unos cañales del cantón Piedra de Moler, en Nahulingo, Sonsonate.
Las autoridades recuperaron seis cadáveres en ese lugar. Cinco de las víctimas eran hombres y una mujer. Todos tenían entre 20 y 30 años. Los forenses determinaron que las víctimas tenían entre 6 y 24 meses de haber sido ultimadas.
Otros dos cementerios clandestinos en los que había varias víctimas fueron localizados en La Paz y San Salvador.
En febrero fue descubierto en San Luis Talpa, La Paz, un cementerio ilegal donde había ocho cuerpos en fosas ilegales. Se presume que las víctimas fueron asesinadas en 2015,
Además, en octubre fue hallado otro en la colonia Vista al Lago, en Ilopango. Según las autoridades, el lugar ha sido utilizado por la Mara Salvatrucha para ocultar a sus víctimas. Se presume que ahí hay 20 personas sepultadas, entre ellas cuatro soldados que fueron raptados y asesinados en 2016. Aún no se ha hecho la exhumación.