El juez Primero de Sentencia de Santa Tecla, José Franco, tuvo “dudas razonables” con relación a las evidencias existentes en el proceso conocido como San Blas para establecer con certeza si los cinco policías del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) participaron en la muerte del joven Dennis Alexander Hernández Martínez, luego de un enfrentamiento armado en el que murieron siete pandilleros.
“No existe prueba directa para establecer responsabilidad penal de los procesados en la muerte de Dennis Alexander Hernández Martínez”, dijo el juez Franco en su sentencia que favoreció por segunda vez a los cinco policías.
Estas supuestas irregularidades tienen que ver con la metodología utilizada por los técnicos del laboratorio técnico científico de la Policía, por ejemplo, la falta de protección de la escena del delito y que se permitió que se moviera el cuerpo del joven de su posición original.
“Las personas responsables del procesamiento de la escena permitieron que se hiciera una modificación de la posición del cadáver del joven Dennis Alexander Hernández”, dijo el juez.
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El juez consideró que tenía dudas razonables con respecto a las evidencias presentadas en el proceso y en el procesamiento del lugar donde se dieron los hechos.
Además sostuvo que hubo demasiados equipos policiales en una escena del crimen considerada como compleja. “No hubo una buena protección de la escena del crimen ni de las evidencias”, dijo el juez.
Cuestionó además que los peritos del laboratorio técnico científico de la Policía realizaron peritajes inconclusos, en los que no dieron un resultado concluyente.
Otra situación que llamó la atención del juzgador es que el joven Dennis Alexander estaba solo en short, sandalias y sin camisa. Y, a pesar de que la prueba de bario y plomo dio positivo en la mano derecha de Dennis, no había ninguna arma de fuego cerca de él. Solo dos corvos y un cuchillo. Uno de los corvos estaba oxidado, advirtió el juez.
El juez Franco consideró curioso que las fotos de la víctima que aparecen en el álbum fotográfico existente en el proceso están borrosas y las de los otros siete cadáveres tienen buena resolución.
Cuestionó también el hecho de que no se haya establecido de manera científica que el proyectil que Dennis Alexander tenía alojado en el hombro derecho era el mismo que le impactó en la cabeza.
También le resultó curioso que ningún jefe de la Policía se haya hecho responsable del operativo, por lo que pudo haber encubrimiento. “No hubo investigación hacia arriba de los mandos policiales”, dijo.
No obstante, el juez Franco dijo que no podía inferir (concluir) que la muerte de Dennis Alexander se trató de una ejecución extrajudicial por parte de los policías procesados.
Fiscalía no descarta investigar posible fraude procesal
A raíz de los cuestionamientos del juez Franco sobre el procedimiento policial para inspeccionar el sitio de los hechos, la jefa de la Unidad Antihomicidios y Antipandillas de la Fiscalía, Guadalupe de Echeverría, dijo que “da la pauta para poder investigar no solo un fraude procesal, sino que los mismos encubrimientos que él estableció. Definitivamente se advierte una serie de irregularidades en el procedimiento y que vamos investigar”.
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Un perito dijo en juicio que no podía determinarse de qué arma había salido la bala que mató a Dennis Hernández, el escribiente de la finca.
“La responsabilidad penal para los ocho agentes policiales no se pudo establecer y no es porque Fiscalía no pueda individualizar, es porque la Policía Técnica Científica no acreditó, no fue concluyente en la individualización del arma, aún más el perito vino a decir que no se atrevía a decir que era arma policial, situación bastante grave”, añadió.
La jefa fiscal dijo además que no se pudo realizar la pericia de la reconstrucción de la balística forense en el caso del proyectil sustraído a la víctima, porque los peritos de la Policía dijeron que no estaban acreditados para ello.
Consideró que si se hubiera realizado esa diligencia es probable que se haya establecido de qué arma de equipo de los agentes fue percutado el proyectil sustraído del cuerpo.
En ese sentido, De Echeverría sostuvo que posteriormente a esa situación, la Fiscalía contrató a un perito balístico forense, quien fue el que estableció que la agente de la policía Carla Ayala había muerto de un disparo en la cabeza, aún cuando ella estaba desaparecida.
Con respecto a un posible encubrimiento de jefes policiales para favorecer a los policías procesados, la jefa fiscal advirtió: “Nosotros no podemos seguir investigando policías, cuando la misma Policía tiene su propia Policía de investigación y su Policía Técnica Científica”.
Apeló a la cooperación internacional porque “en estos casos particulares se necesita un apoyo a nivel de organismos internacionales que nos vengan a dar peritajes concluyentes científicos apegados a la realidad y objetivos”.
La Fiscalía adelantó que pedirá la anulación de la sentencia del juez Franco en un recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).