La Fundación Inclusión para Todos pidió a los diputados que aprueben la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, que ya es analizada en la Comisión de Familia del Congreso.
Representantes de la Fundación Inclusión para Todos, organización conformada por ciegos, demandaron de los diputados de la nueva legislatura que aprueben la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que daría pie a la derogatoria de la Ley Equiparación de Oportunidades que está vigente.
En 2015 la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) propuso la normativa ante la Asamblea, y el llamado de la Fundación surge en momentos en que la Comisión de Familia la ha retomado en su agenda de trabajo, según confirmaron los diputados David Reyes, de la fracción de ARENA, y Eeileen Romero, del PCN.
Dimas Elizardo Rodríguez, director ejecutivo de la fundación, y Walter Arnoldo Zelaya, asesor de la misma, señalaron que es necesario que los diputados agilicen la creación de la Ley de Inclusión debido a que la Ley de Equiparación de Oportunidades no ha propiciado mejoras sustantivas en el caso de las personas ciegas, quienes siguen teniendo dificultades para acceder a los servicios educativos, de salud y a la inserción laboral, entre otros.
Rodríguez, quien es psicólogo, detalló que se busca que la nueva normativa esté armonizada con los convenios y tratados internacionales de los que el país es firmante, como el de Marrakech, que surgió en 2013 y que prácticamente abre el camino para que las personas con discapacidad visual tengan acceso a información, porque obliga al Estado a generar documentos, bibliografía en braille y en audios.
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Según explicó el director ejecutivo de la Fundación Inclusión para Todos, si bien las leyes se crean para todos en El Salvador, las personas ciegas no tienen acceso a ellas, porque la mayoría no está disponible ni en braille ni en otros formatos digitales que sean amigables y que les permitan conocer sus contenidos, y eso los pone en desventaja sobre el resto de la población, por ejemplo citaron el caso de la Ley Lacap.
Como otro caso, señalaron que en la Biblioteca Nacional hay unos pocos ejemplares de leyes, pero se trata de textos desactualizados porque ya sufrieron reformas.