La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, lamentó este domingo los “tímidos” esfuerzos del Estado para garantizar los derechos humanos de la comunidad sorda, y llamó al Gobierno a formalizar la enseñanza de la lengua de señas.
“Observo con preocupación que el Estado salvadoreño ha emprendido tímidos esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con esta discapacidad”, señaló Caballero.
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Apuntó que en el país viven unas 88,398 personas con esa discapacidad, de las que solo 966 están inscritas en el sistema educativo, y que “no existe información” de estadísticas laborales sobre esta población ni de atención médica.
Añadió que tampoco se conocen las instituciones que poseen interpretes de la Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA), y que entidades como Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Procuraduría General y Órgano Judicial “no han considerado importante la contratación” de este personal, con lo que se “excluye y descrimina” a las personas sordas.
Caballero explicó también que El Salvador “carece de la formación técnica y profesional de las personas interpretes de esta lengua de señas” y que “consecuentemente, no existen los procesos ni instancia competente para acreditar formalmente a estas personas”.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2017 cada 23 de septiembre como Día Internacional de las Lenguas de señas “con el fin de concienciar” sobre su importancia “para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas”.