El Juzgado de Paz de Las Vueltas, en Chalatenango, cumplió ayer un mes de estar en suspensión de labores indefinidas. La causa: un conflicto laboral entre los trabajadores y la jueza Hilda Orantes, quien ha andado errante haciendo su trabajo en un comedor, en la Unidad de Salud o en el parque del municipio.
Los trabajadores del juzgado son respaldados por el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños, Sinejus, -los que organizaron una fiesta en un sala de audiencias el mes pasado- , mientras que la funcionaria ha recibido el apoyo de la Mesa Judicial, como mediadora en este caso, así como de la Asociación de Jueces y Juezas de Chalatenango y El Salvador (Ajuchaes).
Aunque las partes que están en conflicto coinciden en que con este problema se le está negando a la población el acceso a la “pronta y cumplida justicia”, han dejado que sea el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien lo solucione.
En el municipio de Guadalupe, el alcalde es quien da la consulta médica
Para la compra de medicinas fue necesario que el munícipe y los concejales se redujeran el pago.
Fuentes oficiales del máximo tribunal de justicia manifestaron que el tema ha sido abordado en dos sesiones de Corte Plena y se decidió tomar medidas para fortalecer el trabajo de Orantes, quien se ha quedado sin personal.
También se determinó ejecutar acciones administrativas propias de la jefatura de la sede judicial y se ha dado audiencia a jueces de Chalatenango que han pedido a los magistrados intervenir para poner fin al conflicto. Esta semana se podría conocer la resolución del pleno.
El cese de labores en el Juzgado de Las Vueltas inició el 16 de agosto, cuando los cuatro empleados y los representantes del Sinejus impidieron que Orantes ingresara a las instalaciones. Ellos la acusan de violación de derecho de ascenso, acoso laboral y discriminación.
Los colaboradores sostienen que no pueden continuar trabajando con la jueza, porque ella les ha dicho que les ha perdido “toda confianza”. Ellos están decididos a mantener la medida de protesta hasta que los magistrados de la CSJ resuelvan una petición, que presentaron el 4 de septiembre, para que la funcionaria sea trasladada a otro juzgado y se nombre a un nuevo juez (permuta).
Orantes rechaza los señalamientos y asegura que ha actuado conforme a la ley, por lo que cree que la solicitud que han hecho sus subalternos para que a ella se le cambie de juzgado carece de fundamento.
Cuatro días después de que se le negara el acceso al inmueble, la jueza denunció en la Fiscalía General de Chalatenango la toma de la sede judicial y la obstaculización para impartir justicia.
La funcionaria ha recibido el respaldo de colegas que integran la Mesa Judicial y la Ajuchaes. Ellos consideran que impedírsele a Orantes el ingreso al Juzgado es una “falta de respeto para la figura del juez” y se traduce como “un mensaje negativo para los ciudadanos”.
Los jueces argumentan que si empleados del Órgano Judicial irrespetan la autoridad judicial, “sin tener ninguna consecuencia ante acciones contrarias a la ley, cualquier persona puede desobedecer las órdenes judiciales”.
Desde el “exilio”, Orantes ha trabajado en la Unidad de Salud de Las Vueltas. Algunos pacientes cuentan que la veían recibir a la gente en la sala de espera “para que les hiciera el papeleo”.
Luego lo hizo debajo de un árbol en el parque y en un comedor situado en el centro del municipio en donde sus propietarios le abrieron las puertas. Últimamente ha pedido apoyo en algunos juzgados vecinos y en el edificio de la CSJ en San Salvador.
Cese tras negativa de ascenso
Israel Alemán, encargado de la Secretaría de la Mujer del Sinejus, explica que el cese de labores empezó cuando Orantes se negó a permitir que la colaboradora jurídica, Betty Martínez, asumiera la secretaría del juzgado, luego de que el secretario titular, Marvin Rivas, pidiera 40 días de permiso sin goce de sueldo.
El delegado del sindicato asegura que Martínez es la secretaria interina nombrada por la CSJ y por ello, ante la ausencia de Rivas, debía asumir el cargo y dejar vacante su plaza para que la jueza nombrara a un colaborar jurídico interino.
Los trabajadores reprochan que Orantes haya nombrado en la secretaría a un abogado externo y la acusan de discriminar a las mujeres, porque, según ellos, siempre ha dicho que prefiere que ese puesto lo ocupe un hombre. La jueza lo niega y explica que lo que busca es que haya “equidad de género”.
“Ella (la jueza) trajo antojadizamente a un abogado de San Salvador directamente a la secretaría del juzgado, vulnerándole el derecho de ascender a la compañera Betty Martínez”, señala Alemán.
El 10 de septiembre, el secretario del Juzgado regresó al trabajo tras concluir el tiempo de permiso. Para la jueza y la Mesa Judicial, si la ausencia del secretario dio paso al cese de labores (por el tema de quién debía relevarlo) al retomar su cargo el trabajo debía volver a la normalidad. Eso no ha sido así.
Enfrentados por permuta
El delegado del Sinejus señala que el secretario, el notificador y la ordenanza también acusan a la jueza de acoso laboral, discriminación y de entrometerse en la vida personal.
Según ellos, en reiteradas ocasiones les ha pedido renunciar a sus plazas, pese a que están contratados por la Ley de Salarios.
Los empleados aseguran que la jueza quiere presionarlos pese a que los ampara la Ley del Servicio Civil. Lo que pretende, sostienen, es que los puestos queden a disposición y llevar “a la gente que ella quiera”.
Para el Sinejus, la única vía con la que se solucionará el conflicto es con la permuta de Orantes. Alemán advierte que hay interés de un juez de paz de un municipio vecino en hacer un cambio con Orantes.
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En El Carmen, de Cuscatlán, hay mujeres que asisten a los círculos de alfabetización de adultos buscando cumplir su sueño de aprender a leer y escribir.
Mientras que el magistrado Édgar Ochoa Gómez, quien fue delegado por la Mesa Judicial para atender este caso, rebate la posición de los trabajadores, con quienes asegura que ya intentaron agotar los mecanismos de diálogo que permite la ley, pero no lograron acuerdos.
Él explica que una permuta debe darse “por voluntad” de dos jueces titulares, pero si el funcionario no ha cometido acciones que dañen a los empleados, pedir un cambio es como “una especie de capricho”.
Además, señala que la ley asiste a Orantes respecto a nombrar en un cargo a una persona externa al Juzgado, sobre todo porque el secretario desempeña un puesto “de confianza, es casi su mano derecha”.
El funcionario relata que el día que Rivas retornó a la secretaría los representantes de la Mesa Judicial acompañaron a la jueza para que se le permitiera retomar sus labores pero lo impidieron. También se negaron a levantar un acta.
Agrega que algunos integrantes del Sinejus mostraron una actitud “intransigente” y les dijeron que “llegarían hasta las últimas consecuencias”, para generar temor a la jueza.
La Mesa Judicial ha pedido al pleno de la CSJ que intervenga para que la jueza retome sus funciones en el juzgado y que al Sinejus “se le hagan las prevenciones y correctivos legales que correspondan”.
“Lo que queremos es que se le regrese el templo de justicia al Juzgado de Paz de Las vueltas, de la manera que establece la ley”, expresa Ochoa.