La deuda pública total, que incluye la deuda externa y local, se triplicó en los últimos 15 años, según muestran los datos oficiales del Banco Central de Reserva.
En 2003 el saldo promedio anual ascendió a $6,800 millones, pero 15 años después, ese saldo supera los $18 mil millones, adquiridos a través de innumerables préstamos con inversionistas privados, instituciones multilaterales y bilaterales.
Solo el Sector Público No Financiero (SPNF), en el que se excluyen empresas como CEPA y CEL, la deuda pasó de $5,898.2 millones a $13 mil millones.
Eso, sin contar los préstamos que fueron acordados, pero no desembolsados por organismos internacionales.
Al hacer un análisis de la deuda se evidencia que el país se ha endeudado a razón de $1,000 cada año.
La deuda total del país representa el 72% del Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Foro Económico Mundial, supera el ratio de deudas como la de China, cuya deuda representa el 44.3% de su PIB.
Y si esta deuda se divide entre los 6 millones de habitantes contabilizados según el último censo nacional, a cada ciudadano le corresponde una deuda de $3 millones por persona.
En tanto el saldo de las Letras del Tesoro, que tienen un plazo de pago más corto (entre 90 y 360 días), ha variado de acuerdo a los vaivenes políticos en los que se ha decidido “limpiar” la tarjeta de crédito y absorberla a través de un nuevo préstamo a largo plazo.
Su saldo promedio anual ha subido hasta los $953 millones en 2006 hasta los $825 millones a mayo de este año.
Y del total de la deuda, el 61.4% está en manos de inversionistas privados, ya sea fuera del país o a través de bancos privados que prestan dinero a diferentes tasas de interés.
Según el Ministerio de Hacienda, más de la mitad de la deuda (53%) paga tasas de interés de más del 6%; otro 43% paga una tasa de entre 3% y 6% y solo un 5% de ella paga tasas de interés iguales o menores al 3%.
Sin embargo, a medida que el país ha ido incrementando su saldo de deuda, también lo ha hecho con el pago de las tasas de interés, que a su vez, se han incrementado por la caída en la confianza de pago por parte de las agencias calificadoras de riesgo.
De acuerdo con los datos oficiales, el país paga hoy un promedio de $1,000 millones solo por tasas de interés cuando hace diez años (2008) solo destinaba $500 millones para ello. Las proyecciones indican que de seguir así, en 2028 El Salvador tendrá que pagar más de $1,750 millones solo en intereses.
Los plazos a los que el país tiene que liquidar esa deuda son variados, pero en su mayoría (44%) vencen en un periodo de 11 a 20 años y un 20% de ella debe cancelarse a más corto plazo, es decir, entre 1 y 5 años, entre ellas las Letes.
En 2017 la reconocida empresa financiera estadounidense J.P. Morgan destacó que la deuda salvadoreña continúa elevándose a un nivel sin precedentes y no tiene opciones de reducirla si su economía sigue creciendo a tasas del 2%.
Según dijo el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, hace unos días, el problema de El Salvador es que se ha habituado a cerrar su déficit fiscal con más préstamos sin ordenar sus finanzas públicas y trabajar por el crecimiento económico.
Credibilidad de pago
El Salvador ha tenido que esperar más de un año para mejorar su calificación crediticia con las agencias de calificación internacionales.
En abril de 2017, tras incumplir el pago de una deuda de $57 millones de pensiones, dos calificadores le disminuyeron su credibilidad a lo más bajo de la categoría (default selectivo) y con ello, también incrementaron las tasas de interés.
Un año después de ese suceso, el país comienza a mejorar su credibilidad aunque sus efectos financieras aún se mantienen.
Según el BCR, el spread de riesgo de la deuda de El Salvador, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), se ubica hoy en 404 puntos básicos (p.b.) y ha disminuido en 40 puntos base en términos mensuales.
