La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República informó ayer sobre la incautación de 17 inmuebles vinculados a acusados de lavado de dinero, cohecho y contrabando en la operación “Sin Fronteras”.
Los bienes están ubicados en el caserío Valle de Los Quijada, en el cantón Mal Paso, en Metapán, y se suman a otras 22 propiedades que la Fiscalía ya decomisó para pasarlas a favor del Estado.
“Todos estos inmuebles que pasan a administración del CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes) figuran como mansiones, como grandes construcciones y edificaciones ostentosas, lujosas”, indicó una representante de la Fiscalía que participó en el procedimiento el pasado viernes.
Los propietarios de los bienes, según las autoridades, son Francisco Alexander García Jordán, Guillermo García Lemus, Adolfo Magaña Umaña, Jacobo García Lemus y Berta Margot Jordán García, quienes guardan detención provisional mientras enfrentan el proceso.
La fiscal señaló que los imputados no tienen ingresos lícitos para haber adquirido esos bienes.
En alquiler bienes decomisados a Mauricio Funes
Mansión donde viviría al acabar mandato; el Spa administrado por su pareja y una finca han sido ofrecidas en arrendamiento por CONAB.
Proceso en fase de instrucción
En la operación “Sin Fronteras”, la Fiscalía acusa a 32 personas de los delitos de contrabando, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, entre otros.
Los imputados enfrentaron la audiencia de imposición de medidas en marzo de este año, y el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana les decretó la detención provisional mientras la Fiscalía investiga los hechos.
Las detenciones para este caso fueron realizadas en los departamentos de Metapán, Chalatenango y San Miguel.
De acuerdo con la Fiscalía, las primeras incautaciones de los bienes ligados a la estructura comenzaron en marzo pasado, con la judicialización del proceso.
Las autoridades reportan que a los imputados se les han incautado, además de casas y carros de lujo, fincas y predios, dinero en efectivo, armas de fuego, y otros bienes.
Por ellos, la Fiscalía ha abierto un proceso de extinción de dominio en donde solicita que se declaren a favor del Estado, por considerar que fueron adquiridos ilícitamente.