En los últimos días, los salvadoreños hemos tenido que soportar la indignación de que, una vez más, los diputados no eligieron dentro del plazo legal a importantes funcionarios de segundo grado.
Lo anterior es de por sí grave, inaceptable y aberrante para nuestra democracia y nuestro sistema republicano. Sin embargo, ello toma una especial connotación cuando se trata de la no elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres órganos fundamentales del Estado.
La Sala de lo Constitucional es el único tribunal al que podemos acudir para pedir amparo ante la violación de alguno de los derechos que nos otorga la Constitución, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la educación. Por si fuera poco, la Sala de lo Constitucional es también el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos.
Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara una ley que estableciera que es delito salir a las calles, todos tendríamos que acatarla y no tendríamos una Sala a la cual acudir para promover su inconstitucionalidad. Además, si en cumplimiento a esa ley un policía nos detuviera y nos llevara a las bartolinas, no tendríamos una Sala a la cual acudir para ampararnos ante la clara violación de nuestro derecho a circular libremente. En otras palabras, la Asamblea Legislativa está violentando, entre otros, nuestro derecho a la protección judicial, reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por El Salvador.
Está claro que, sin una Sala de lo Constitucional, el país es como un barco a la deriva sobre un fuerte torrente que lo dirige a la anarquía. Más, sin embargo, hemos escuchado de algunos diputados que “no se va a caer el mundo” porque pasemos “algunos días” sin una Sala de lo Constitucional. Otros incluso se vieron más preocupados por asistir al Mundial de Rusia, que por atender su obligación constitucional de elegir a los magistrados a tiempo.
A la fecha, el único acuerdo que han alcanzado los partidos políticos es que “si no se eligió a tiempo, al menos elijamos bien”. Como si fuera posible semejante contradicción. No elegir a tiempo implica, necesariamente, no elegir bien. Tuvieron un mes desde que el CNJ envió el listado de los treinta candidatos para analizar los perfiles y presentar sus propuestas basadas en un baremo técnico y objetivo, como únicamente el diputado no partidario lo hizo. Pero ochenta y cuatro diputados, cientos de asesores, una Comisión y una Subcomisión especial terminaron sobrando cuando el objetivo no fue analizar a profundidad la capacidad e idoneidad de los candidatos, sino buscar asegurar los intereses partidarios.
En ese sentido, es oportuno el planteamiento realizado por el Centro de Estudios Jurídicos, que ha anunciado públicamente que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por la violación del Estado salvadoreño a la Convención Americana.
Los derechos fundamentales —y la política— deben ser tomados en serio. Las elecciones, como la de los magistrados a la Sala de lo Constitucional, deben hacerse bien, a tiempo. Los ciudadanos nunca hemos tenido la oportunidad de atrasar una elección de diputados, aunque llegada la fecha de la elección no estemos de acuerdo con algunos de los candidatos y nos sintamos tentados a pensar que “para elegir bien” necesitamos más tiempo. Si nosotros, que somos el soberano, no tenemos ese poder, menos lo tienen nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Diputados: ustedes saben quiénes son los candidatos más independientes, de competencia y moralidad notoria. Elijan ya.
Abogado