En un lapso de 14 meses, entre marzo de 2017 y mayo de este año, no menos de ocho estudiantes universitarios fueron asesinados en circunstancias que, en la mayoría de casos, no han sido esclarecidas por las autoridades a la fecha.
Las investigaciones sobre los crímenes contra dos de ellos han avanzado y los supuestos homicidas están detenidos; pero en el resto de casos los dolientes temen que quedarán impunes.
Las víctimas (seis hombres y dos mujeres) con mucho sacrificio habían conseguido realizar sus estudios superiores para desarrollarse profesionalmente y asegurar un mejor futuro para sus familias.
El homicidio más reciente fue contra Wilson Alejandro Lemus Rodríguez, de 24 años, quien estaba por culminar la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y realizaba sus prácticas profesionales en el Juzgado de Tejutla, Chalatenango.
Su cadáver fue encontrado el 22 de mayo dentro del cementerio de La Reina, Chalatenango, a pocas cuadras de su casa. Tenía varias lesiones de bala y su carro fue hallado estacionado frente al recinto.
El homicidio fue reportado en la colonia Los Andes, en el municipio de San Marcos, al sur de San Salvador
Ni sus parientes ni las autoridades dijeron tener pistas sobre este crimen que “robó la paz” en esa localidad, en la que los hechos de violencia no son frecuentes.
El 9 de febrero, en una hacienda de Santa Ana, también fueron descubiertos en un cementerio clandestino los cuerpos de tres hermanos, quienes fueron raptados por pandilleros el 29 de enero en los alrededores del mercado Colón, de dicho departamento.
Las víctimas fueron Óscar Alejandro, Jaime Ernesto y José Mario, los tres de apellidos Salazar Serrano. El primero trabajaba como mecánico; el otro era empleado de una maquila y el último estudiaba segundo año de la carrera de Derecho.
Aparentemente ninguno de ellos tenían vínculos con las pandillas, pero pobladores de la zona relataron que, en los últimos meses, la mara Salvatrucha se ha dedicado a raptar a jóvenes que llegan al lugar y sospechan que pueden ser de sectores asediados por la pandilla 18.
Ultimados cada tres meses
Un aspirante a abogado, un egresado de licenciatura en Artes y un futuro ingeniero en Sistemas fueron asesinados el año pasado con tres meses de diferencia.
El cadáver de Cédrick Aguillón Machado, de 21 años, fue localizado a mediados de marzo en el cantón El Copinol, de San Rafael Cedros, Cuscatlán.
Él cursaba tercer año de la Licenciatura en Jurisprudencia en una universidad de San Vicente y fue encontrado con heridas de bala en la cabeza dos días después que su familia lo diera por extraviado.
Fuentes policiales señalaron que Aguillón tenía nexos con la mara 18, pero esta versión no fue confirmada oficialmente. Una hipótesis era que la novia del joven lo entregó a la mara Salvatrucha porque él vivía en un cantón asediado por el bando rival.
Gustavo y un año de impunidad
El 22 de junio pasado se cumplió un año del asesinato de Gustavo Arias Aquino, residente en la colonia Costa Rica, de San Salvador. Sobre la razón por la que mataron al joven, quien hacía la tesis para graduarse de la Licenciatura en Artes de la Universidad de El Salvador (UES), no hay certeza.
Lo que se rumoró entre sus allegados es que ese día salió de casa para reunirse con personas que le venderían un vehículo y, horas después, su cadáver fue encontrado en un predio baldío de la misma colonia.
Cuando las autoridades procesaron la escena no le hallaron documentos y se llevaron el cadáver como “desconocido”. En medio del sufrimiento, la familia tuvo el privilegio de hallarlo en la morgue y de sepultarlo de forma digna.
Esa posibilidad no la han tenido los padres de Josué Alexander López, quien fue raptado por pandilleros el 4 de septiembre en el cantón El Carrizal, de Cojutepeque, Cuscatlán. A la fecha, su cuerpo no ha sido localizado.
El muchacho, de 25 años, se estaba formando como ingeniero en Sistemas; estudiaba cuarto año de la carrera en la UES de San Vicente.
El día que desapareció fue visto por sus vecinos caminando a su casa pero no llegó. Sus padres dicen que regresaba de clases.
A finales de octubre, antes de cumplirse dos meses de la desaparición, seis pandilleros de la 18 fueron detenidos acusados de matarlo.
Ocho meses después, las autoridades no han revelado el móvil del hecho ni el lugar donde, supuestamente, se deshicieron de la víctima.
“Solo quiero encontrar el cuerpo, darle su entierro e ir a llorarle a su tumba”, dijo el padre de Josué, tras la desaparición.
Feminicidios y violencia común
Mabel García tenía 20 años y en abril de 2017, al salir de estudiar en una universidad de Santa Ana, fue raptada. Unos días después, su cadáver fue hallado quemado e irreconocible en la ribera de un río en Ahuachapán. Las pistas sobre el crimen contra esta joven, que quería ser ingeniera industrial, son pocas.
Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 27 años, también está entre los universitarios asesinados el año pasado. Su cadáver fue encontrado el 22 de octubre en la carretera a Olocuilta, en La Paz.
Ella estaba a pocos días de dar a luz a un niño, cursaba una maestría; laboraba en un call center y era licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas.
A diferencia del resto de víctimas, la investigación de este caso está avanzada. Las autoridades sostienen que quien la habría matado fue el padre de su bebé: Henry Alberto Salazar Burgos.
Subsargento de la Fuerza Armada asesinado en San Miguel
El militar fue ultimado en el caserío El Corralito del municipio de Lolotique
El feminicidio habría sido cometido porque Salazar quería que Lilian abortara pero ella se negaba.
Dos meses y medio antes de este crimen, el 6 de agosto, otro universitario fue víctima de la delincuencia común. Rafael Funes Escalante murió tras ser herido de gravedad por unos delincuentes que le robaron su celular.
El atraco fue en el pasaje Cádiz de la colonia Montserrat, al sur de la capital.
En este caso y en otros la Fiscalía afirmó, a través de la oficina de Comunicaciones, que los hechos están en proceso de investigación y que todavía no hay capturas, por lo que se abstenía de dar información.
