Cómo salir intacto de los señalamientos de ingresos no justificados que ya le hacía la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia al término de su mandato preocupaba a Mauricio Funes. Él no tenía cómo justificar el dinero que él, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y su exesposa Vanda Pignato gastaron y que no concordaba con sus ingresos legales, por lo que empezó a idear un plan para desvanecer toda duda.
Con la ayuda de su exsecretario jurídico Ricardo Marroquín y de su amigo y financista de su campaña, Miguel Menéndez Aguilar, alias Mecafé, se reúnen para hallar una salida y acuerdan fabricar documentos que simulen o aparenten que Funes y su hijo tuvieron ingresos lícitos vía préstamos personales. Para ello encontraron el apoyo en dos empresarios que si bien firmaron los documentos donde constaba una línea de crédito, nunca demostraron que le hubieren entregado ese dinero.
Lo anterior consta en la investigación de la Fiscalía del caso denominado Saqueo Público en el que acusan a Funes y varios de sus parientes y exfuncionarios de su gobierno de desviar $351 millones del Estado, y por lo que hoy enfrentan proceso judicial acusados de lavado de dinero.
Probidad había detectado incoherencias entre los ingresos y las erogaciones de Funes Cartagena, Vanda Pignato y Diego Roberto, y pidió enjuiciarlos por haber indicios de enriquecimiento ilícito luego de que no lograran justificar $702 mil en sus ingresos. La Corte Plena lo aprobó pero luego la Fiscalía los acusó por un monto mayor, inicialmente por $728 mil y luego subió a más de $1 millón.
Pero en este proceso, Funes presentó entre sus pruebas de descargo documentación falsa para tratar de evadir a la justicia, y específicamente las consecuencias penales de sus actos, según se desprende de la investigación de la Fiscalía.
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¿Cómo se fabricaron esos documentos simulados? Según testigos fiscales, Funes estaba “preocupado” pues no tenía cómo justificar los fondos que le había cuestionado Probidad, entonces llamó a reunión a Mecafé y a su secretario jurídico en una vivienda situada en Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán. Allí, acuerdan simular un contrato de préstamo por unos $400 mil con una fecha atrasada, es decir durante el período presidencial. Solo faltaba encontrar al prestamista.
Allí es donde interviene Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, un hombre que en la campaña electoral le había aportado $10 mil a Funes, y era dueño y representaba legal de la empresa inactiva Agrosuministros.
A cambio de estampar su firma en el documento de préstamo, dijo un testigo a la Fiscalía, Rodríguez Mendoza cobró $30 mil.
La Fiscalía dice haber constatado la existencia del referido documento con fecha 2 de marzo de 2013 y en el que se hace constar el préstamo por la cantidad de $250 mil para consumo personal y que se hará mediante desembolsos conforme el deudor, o sea Funes, los solicite directamente.
Empresario no probó que dio dinero a Funes
Por su parte, Rodríguez Mendoza presentó un escrito en el que daba fe del mutuo firmado con Funes y en el que se detallaba ocho fechas en que desembolsó el supuesto préstamo a través de nueve pagarés y copias de partidas contables donde se estableció el movimiento de desembolso y que había hecho las remisiones de dichos movimientos a los accionistas de la sociedad que representaba.
Eso, dice la Fiscalía, lo manifestó Rodríguez en su declaración ante el ministerio Público en marzo de 2016. En ese entonces, dijo que le hizo el préstamo a Funes en 2013, que lo conoció en 1987 en la Universidad Centroameri cana José Simeón Cañas (UCA) y que en 2008 apoyó su campaña entregándole a él en una reunión y de forma anónima $10 mil, luego de que lo invitara a integrar su grupo de financistas “Amigos de Mauricio”.
Rodríguez dijo que en vista de que se conocían le hizo el préstamo y que para ello habían sostenido una reunión en Casa Presidencial, en tiempos en que Funes gobernaba, y que este le dijo que quería el dinero para invertirlo en “cuestiones de medios de comunicación”. Allí Funes le pregunta si puede prestarle un máximo de $250 mil y él le dice que no dispone de esa cantidad de inmediato pero que maneja un flujo de dinero y podría irle dando esa cantidad en partes.
Rodríguez le confesó a la Fiscalía que Funes le dijo que el dinero lo utilizaría en un año o año y medio, que así nació el trato y acordaron firmar el mutuo. Pero hay un detalle y es que dice que le entregó el dinero a Funes en efectivo, que nunca lo hizo a través de cuentas bancarias, y que fue mediante ocho desembolsos de $25 mil cada uno.
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Para corroborar la declaración, Fiscalía hizo un análisis financiero de las cuentas Rodríguez Mendoza y de su negocio Sociedad Agrosuministros S.A. de C.V., mediante el cual determinaron que no hubo transacción alguna, ni por monto o fecha que tengan relación con los valores entregados en efectivo a Funes como lo aseguró Rodríguez.
Lo anterior, dice la Fiscalía, constituye otro elemento de que el referido contrato fue simulado. Pero además, dice que al indagar en el sistema tributario (Impuesto Sobre la Renta) el negocio Agrosuministros “no tenía la capacidad económica para efectuar esos desembolsos” como los que asegura otorgó a Funes, quien está asilado en Nicaragua.
Además la empresa estuvo inactiva y no presentaba ingresos desde 2013 a 2014. Por tanto, dice el Ministerio Público, Rodríguez “ha utilizado para actividades ilícitas a su empresa, pues la ha puesto de respaldo para encubrir actividades de lavado de dinero del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena”.
El documento que el empresario y el exmandatario firmaron fue presentado a Probidad para “tratar de engañar” a la referida sección de la Corte Suprema de Justicia y “ocultar el incremento patrimonial no justificado”, concluye la investigación.
Foto: Cortesía La Prensa de Nicaragua
Otro documento falso para salvar al hijo
La otra preocupación de Funes era cómo justificar los ingresos irregulares detectados por Probidad a uno de sus hijos, Diego Roberto, procreado en su matrimonio con Regina María Cañas Rivera, conocida en el ámbito artístico como Tía Bubu.
En su fallo condenatorio en noviembre de 2016, la Cámara Segunda de lo Civil estableció que Diego Roberto Funes Cañas tuvo ingresos por $56,900 en el período auditado pero registró erogaciones por $269,384.54. Pero además, las magistradas concluyeron en que en el proceso de demanda presentó el documento que establecía un préstamo a favor de Cañas Rivera por $95 mil con el que le financió a su hijo la compra de vehículos pero que nunca hubo un registro de traslados o erogaciones bancarias de ese dinero.
Por tanto, estableció que si bien acreditó el documento de préstamo, no así la veracidad del hecho; en consecuencia, dijeron las magistradas, la parte demandada no presentó prueba idónea para acreditar que el demandado Funes Cañas percibió ingresos transferidos por la señora Regina Cañas ni otros familiares”.
Diego Roberto no pudo justificar ante Probidad de dónde sacó $154 mil para comprar varios vehículos. Funes también ideó un plan de salida y se reunió con Regina Cañas para hablar de la necesidad de “darle cobertura financiera y documental a Diego”, pues este no tenía ningún respaldo para justificar ante Probidad los bienes y los fondos registrados a su nombre.
El testigo dijo que hubo una conversación entre Funes y su exsecretario jurídico y que acordaron junto con Regina que firmarían documentos en los que constaría que le había entregado dinero a su hijo. Nacía así otro “préstamo simulado” para tratar de desvanecer el señalamiento de Probidad.
Diego Roberto Funes Cañas Foto/ Archivo
Préstamo de $95 mil solo en papel
Es así como idean un contrato de crédito rotativo para la compra de vehículos, el cual debía hacerse con fecha atrasada. En este plan, Jorge Hernández, quien hoy es procesado por presuntamente lavar $8,1 millones del Estado para el expresidente Antonio Saca, le recomienda y presenta a Funes a Luis Flores Mancía, una persona de confianza, para que firmara el documento.
Pero a cambio del favor, ofrecieron venderle a un “precio regalado” un carro marca Fiat importado y sin placas. Por ser un carro nuevo, su valor ascendía a $30 mil pero que se le daría en $9 mil.
Así firman el documento privado y también una acta notarial que luego presentan ante Probidad. En ellos se daba fe de que Cañas Rivera había adquirido en febrero de 2010 el préstamo por $95 mil de Flores Mancía para consumo personal y que sería pagado en su totalidad después de siete años de firmado.
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En el escrito, también con fecha atrasada, se establece que Cañas Rivera solicitaría en el plazo de un año calendario el monto a través de desembolsos. Ese plazo vencía el 6 de febrero de 2011. También presentan ante Probidad un documento en el que constaba que Diego Roberto recibió entre 2009 y 2014 la cantidad de $27 mil en concepto de arrendamiento de un inmueble en San Salvador cedidos por el abuelo materno. Todo esto para financiar la compra de vehículos.
Pero hay otro dato que arroja el testigo fiscal y es que fue Funes el que entregó el dinero a Diego Roberto y “no tenía como justificar de dónde había sacado el dinero para dárselo a su hijo”. Ante esta situación debían “planificar una justificación que resultara convincente ante las autoridades de la Sección de Probidad de la Corte”.
Por lo tanto, dice la Fiscalía, “acordaron simular la existencia de un préstamo, lo cual nunca ocurrió”.