En América Latina y el Caribe, casi nueve de cada 10 trámites públicos (89%) todavía se realizan de manera presencial, pese a que las gestiones digitales demoran 74% menos, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción.
Pese a lo anterior, la región todavía hay poca inversión para ello. ¿El resultado? Los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad, sostiene el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital.
“La complejidad de la burocracia en la región se traduce en el hecho de que hacer un trámite toma un promedio de 5.4 horas”, indicó el BID. En Uruguay lleva 3.7 horas y es el cuarto más bajo (detrás de Chile, Costa Rica y El Salvador).
“La complejidad de un trámite no se mide solo a partir del número de horas necesarias para completarlo, sino que además factores como la cantidad de viajes a las oficinas gestoras, los requisitos múltiples, la necesidad de dejar papeles en persona y la falta de claridad respecto a la información, contribuyen a que los ciudadanos tengan que ir a la oficina pública (o a varias oficinas públicas) más de una vez para obtener lo que buscan”, afirmó el BID.
En la región, en promedio, un 25% de los trámites requiere tres interacciones o más para su resolución y en Uruguay el 18% (es el tercero con menor porcentaje detrás de El Salvador y Chile).
Aprueban Ley administrativa para reducir trámites
La nueva normativa establece sanciones para las instituciones públicas que por sus atrasos administrativos provoquen afectación a los usuarios.
Además, el BID afirma que la multiplicidad de trámites favorece la corrupción. “Los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos”, expresó.
La gran cantidad de trámites que persisten de forma presencial en la región, obliga a destinar miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público, revisar aplicaciones y compilar archivos. El gasto derivado de la prestación presencial supone una carga fiscal considerable para las arcas del Estado”, indicó el BID.
“Los trámites digitales pueden solucionar muchos de los problemas de las burocracias modernas: son más rápidos (un 74% en promedio), más baratos de prestar (cuestan entre el 1.5% y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales) y menos vulnerables a la corrupción”, explicó el reporte.
“Solo Brasil, México y Uruguay ofrecen más del 50% de los trámites gestionados por el gobierno central para empezar en línea”, agregó.
Entre sus principales conclusiones está el “promover un cambio de paradigma que oriente el Estado hacia el ciudadano”.