En El Salvador ser mujer es todo un reto, pero ser mujer que incursiona en la política es además un desafío al machismo, que reina con especial énfasis en el campo político nacional.
Hacer una denuncia contra un hombre, funcionario público, es en El Salvador atreverse a retar a un sistema que quiere dar por sentado que nosotras podemos incluirnos en la política, siempre y cuando nos sometamos a la voluntad de otros.
Yo misma he experimentado, en más de una ocasión, el haber ido en contra de lo que se quiere imponer, se me ha llegado incluso a atacar a través de medios electrónicos creados por políticos que no dan la cara, unos que en público se muestran como buenos hombres, pero que no dudan ni por un instante en convertirse en perpetradores de actos humillantes con los que buscan menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Personas que quieren normalizar la violencia política, a fin de que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias, buscando que se culpe a la mujer que reclama por sus transgresiones, poniendo en riesgo no solo las aspiraciones políticas de la mujer, sino también su integridad física y psicológica.
Estos que agreden en forma que a algunos les parece natural, ignoran que existen muchos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, que condenan e instan a denunciar esas acciones cometidas por políticos que quieren truncar el derecho que las mujeres tienen para acceder igualitariamente a las funciones públicas.
Los hombres que ejercen funciones públicas, de manera especial, deben entender que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género, tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas relacionadas a un cargo público.
Los salvadoreños no podemos aceptar como normal que se agreda a una mujer y esto no solo debe ser rechazado cuando se trata de violencia física, atacar de manera cobarde descalificando ideas, alzando la voz e insultando buscando intimidar a las mujeres para que no disientan, eso también es violencia.
En mi caso y como funcionaria que ha sido elegida por ciudadanos que me dieron su confianza, seguiré comprometida en buscar aquella legislación que permita conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que las salvadoreñas estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político electoral.
A quienes insisten en utilizar la difamación o el acoso laboral como violencia política para someter a una mujer, deben de saber que tarde o temprano sus acciones saldrán a la luz y tendrán que rendirle cuentas a esas buenas personas que confiaron en ustedes para representarlos.
Diputada