El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa (Asitramuchal), en Santa Ana, denunció varios despidos injustificados de las jefaturas anteriores y áreas administrativas, además de acoso laboral y otras irregularidades de la nueva administración.
Los sindicalistas aseguran que desde el 3 de mayo que entró la nueva alcaldesa con su equipo de trabajo, efectuaron los despidos de 37 personas en diferentes áreas sin respetar el debido proceso.
“No se ha respetado ningún derecho, simplemente los compañeros han sido notificados a través de un papel, pero no se ha seguido el proceso legal, por eso hemos hecho las denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las demandas correspondiente ante el juez Primero de lo Civil para la reinstalación de los despidos injustificados”, dijo el secretario general de la gremial, Víctor Barrera.
Indicó que los puesto fueron reemplazados por otras personas sin cumplir el debido proceso que exige la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
“Muchas de las contrataciones son personas que provienen de otros lugares y no del municipio, ya que están manipulando toda las acciones que están tomando la alcaldesa y el concejo municipal. Es gente de fuera que incluso ni el propio partido los quiere dentro de las filas de ARENA”, opinó Barrera.
Los sindicalistas sostienen que desde que fueron destituidos de sus cargados les han negado el acceso a la municipalidad, incluso para realizar trámites personales y otras ocasiones han sido víctimas de agresiones por parte del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
Ante las acusaciones la alcaldesa, Vilma de Barrera, dijo sin dar mayor detalle que luego de asumir la comuna chalchuapaneca llegaron con una visión de trabajar y dar un mejor servicio a la población; pero los empleados que ya estaban anteriormente contratados no cumplieron con las solicitudes ni los documentos que había solicitado la nueva administración.
La alcaldesa afirmó que sí han seguido el debido proceso de despidos, pero los trabajadores se negaron a trabajar con la nueva administración y los nuevos lineamientos que impusieron.
“Nosotros somos garantes de procesos, ahí están las instituciones correspondiente donde pueden poder las demandas, nosotros vamos acatar lo que la ley mande”, aseguró la edil.
Según la edil, las personas que ahora están en las diferentes jefaturas son profesionales y capaces de asumir las funciones que les asignen y se defendió diciendo que no hay una base legal que le impida contratarlos. “Uno contrata sobre el perfil y conocimiento que tienen”, insistió la funcionaria.