En mayo de 2017 trascendió en el más escandaloso juicio por corrupción en Brasil, que la campaña que llevó al gobierno a Mauricio Funes, recibió 1.5 millones de dólares. Diez meses han pasado y a la fecha no hay proceso abierto por presunto lavado de dinero contra el exmandatario, aunque se ha dicho que hay investigaciones fiscales en curso.
El delator no era otro que su amigo y exasesor de campaña, el brasileño Joao Santana, y el dinero tenía un plus: no fue declarado ante las autoridades de Hacienda en Brasil, de acuerdo a lo que trascendió en el juicio.
Mientras la campaña presidencial estaba en auge en El Salvador, en 2008, en Brasil, según Santana detalló en su testimonio -y que reprodujo el diario O Globo: “Yo vine a conversar con el presidente Lula. Yo dije: ???Presidente, la situación es como si la gente hubiera comprado un Boeing y no tuviera querosene. Falta un mes para acabar. Y, si no entra dinero, no tiene oportunidad”. El presidente (Lula) dijo: ???Usted va a conectar con Emilio Odebrecht, que él resuelve’. Emilio afirmó: ???Usted dice a nuestro jefe que yo prefiero tratar eso con el italiano. Yo volví a El Salvador y, diez días después, el problema estaba resuelto”.
El origen de ese dinero era la constructora Odebrecht -que sobornó sistemáticamente al gobierno brasileño de Lula-, envuelta en el mayor escándalo de corrupción y sobornos en la historia de Brasil y cuyos tentáculos tocaron a más de 20 países en Latinoamérica. El intermediario para que ese dinero no declarado llegara a El Salvador, en 2008, fue otro amigo personal de Funes, el expresidente Lula, quien fue condenado a 12 años por corrupción, el 24 de enero de 2018.
Para cuando se supo de ese millonario soporte a la campaña de Funes, la Fiscalía General de la República ya había confirmado que estaban investigando al exmandatario por presunto lavado de dinero.
En junio 2017, después que viajó a Brasil donde habló con el vicefiscal de ese país y los fiscales del caso, Meléndez informó que ellos le señalaron que había existido flujo de fondos provenientes de Odebrecht a El Salvador, pero no dio ni montos ni nombres de los que facilitaron ese dinero a la campaña de Funes
A pesar de ello, y a la fecha, no existe acusación ante los tribunales por lavado de dinero contra Funes, quien se mantiene en constante cuestionamiento a la Fiscalía por presunta persecución. El jueves publicó en su cuenta de Twitter: “Ni Vanda -Pignato-, ni el FMLN, ni los Amigos de Mauricio y menos Recibieron un solo dólar de Odebrecht para la campaña del 2009. No tenemos nada que ver con los tratos de Santana y la empresa.Aún así la FGR busca el problema del lavado. Díganme si esto no es una clara persecución judicial.”
Burocracia
El Fiscal General, Douglas Meléndez, reveló el pasado miércoles que entre la Fiscalía de Brasil y Cancillería de El Salvador no se ha realizado un trámite que permita a las autoridades salvadoreña indagar por supuesto lavado de dinero a Funes, en el marco del escándalo de la red de sobornos de Odebrecht.
El canciller, Hugo Martínez ha refutado las declaraciones del Fiscal Meléndez, y a través de en una carta enviada a este periódico, dijo “no se encuentra en estudio, ninguna propuesta de convenio procedente de la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil…”.
Martínez ha dicho en la misiva que al tener una solicitud fiscal sobre ese caso actuarán de forma “ágil y oportuna”.
Hechos que marcan a Funes
Nicaragua concedió asilo exprés a Funes
16 de septiembre de 2016
En esta fecha se dio a conocer que el gobierno de Nicaragua otorgó asilo político “exprés” a Mauricio Funes y su hijo Diego Roberto, quienes para entonces enfrentaban un juicio civil por enriquecimiento ilícito.
31 de agosto de 2016
Funes afirmó a través que su petición de asilo estaba fundamentada en una persecución política. “No mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”, dijo.
Funes había dicho que su salida hacia Nicaragua fue por cuestiones profesionales, como parte de una consultoría. Pero en menos de tres días ya había recibido el asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega, y cuestionado por analistas de ese país, porque se da cobijo a personas acusadas de corrupción en sus países.
17 de agosto de 2016
La Fiscalía inició la investigación penal contra el expresidente, por cinco delitos que presuntamente cometió en su mandato. Los delitos son peculado (apropiación de fondos públicos), malversación (cambiarle destino a los fondos del Estado), enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias (aprovecharse de su condición para influir en otros) durante su gestión entre 2009 y 2014.
Fiscal Meléndez no acudió a cumbre
15 de febrero de 2017
A propósito del escándalo mundial que provocó la constructora brasileña Odebrecht, que repartió más de $350 millones en sobornos a presidentes y a altos funcionarios de diversos países de Latinoamérica, África y el Caribe, en segunda semana de febrero se realizó una cumbre anticorrupción en Brasilia.
La Fiscalía General de El Salvador no suscribió la Declaración de Brasilia, el compromiso de varios países latinoamericanos para intercambiar información sobre los sobornos que pagó la empresa Odebrecht a decenas de funcionarios en diversos países. Meses más tarde se supo que por intermediación del expresidente Lula Da Silva, dinero de Odebrecht fue dado a la campaña presidencial que llevó a Funes al gobierno en El Salvador.
18 de febrero de 2017
La razón por la que El Salvador no firmó esa declaración es porque ni siquiera estuvieron presentes. Un portavoz de la Fiscalía de El Salvador confirmó que la invitación para que el Fiscal General Douglas Meléndez asistiera a Brasilia, la recibieron un día antes de la cita, lo cual les impidió la compra de boletos, ya que todo deben hacerlo “vía licitación”, justificó.
El funcionario dijo que enviaron una nota al Fiscal anfitrión Rodrigo Janot, para explicarle por la inasistencia.
Condenado por enriquecimiento ilícito
28 de noviembre 2017
Mauricio Funes y su hijo, Diego Roberto, fueron condenados por la Cámara Segunda de lo Civil, en noviembre pasado, a restituir al Estado salvadoreño $419,145.19 de su patrimonio, producto del enriquecimiento ilícito que la Fiscalía probó. Mientras que la exprimera dama, Vanda Pignato, fue absuelta de cargos. Tanto Funes como el Ministerio Público apelaron el fallo a inicios de este año ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente considera “injusta” la condena, mientras que la Fiscalía General de la República mostró inconformidad, porque el monto inicial cuestionado a los procesados disminuyó, además, porque Pignato fue absuelta.
Inhabilitado por 10 años
De acuerdo a ese fallo, Funes, debe devolver al Estado $206,665 y su hijo Diego Roberto $212,484. El fallo pronunciado por las magistradas de esa Cámara fue fundamentado en que el peritaje financiero presentado por los abogados presentaba irregularidades.
Funes y su hijo quedan inhabilitados para ocupar un cargo público por 10 años. En el caso de Funes, se convierte en el primer presidente de El Salvador condenado por enriquecimiento ilícito por un juzgado, y también en el primer miembro del FMLN, encontrado responsable de enriquecerse de manera ilegal.
Polistepeques recibió contratos sin licitar
7 de julio de 2009
El publicista Joao Santana no sólo era considerado por Mauricio Funes como su “amigo”, sino que además recibió millonarios contratos de publicidad durante su gestión en el Ejecutivo. El brasileño y su esposa Mónica Moura fundaron en El Salvador la agencia de publicidad Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V. en julio de 2009, según el Centro Nacional de Registros (CNR).
Y entre 2010 y mediados de 2012, Polistepeque fue contratada -sin licitación- por Casa Presidencial. Le otorgaron 10 contratos publicitarios de ministerios e instituciones autónomas con un valor estimado en $5.6 millones.
Funes defendió esa adjudicación y aseguró que el acuerdo obedeció a que no encontraron entre las agencias que ya existían en el país “la calidad y experiencia” para hacerse cargo de la publicidad de las instancias de gobierno.
22 de febrero de 2016
Santana fue capturado en Brasil en 2015, y condenado a cuatro años de prisión domiciliaria y a usar un brazalete electrónico. Le dieron ciertas garantías por colaborar con la justicia. Pero en febrero 2017, fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero por su vinculación al esquema de corrupción comprobado en Petrobras.
5.6
Millones de dólares fue el total manejado por Polistepeque, la empresa de Santana, producto de 10 contratos publicitarios con instituciones y adjudicados sin licitar.
“Lo que dice Santana es que Lula lo envió a hablar con Odebrecht. No dice que Vanda fue intermediaria y tampoco dice que recibí dinero de la empresa para pagarle sus honorarios. ¿Por qué entonces la FGR quiere acusarnos…?”
Mauricio Funes, expresidente de El Salvador