ARENA pide al gobierno exonerar del pago del DUI, pero el FMLN lo rechaza

Patricia Valdivieso, de ARENA, pidió ayer al gobierno que subsidie el pago del carné para quienes por falta de dinero no pueden renovarlo.

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A la izquierda: Patricia Valdivieso, de ARENA; y Carlos Ruiz, del FMLN. Sánchez Cerén vetó el decreto que autorizaba votar con DUI vencido.

Por Eugenia Velásquez

2018-02-08 6:37:13

La propuesta de la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, de que el gobierno exonere del pago de $10.31 que cuesta el DUI a unas 198 mil personas que se les vence el documento entre enero y marzo de este año y que no cuentan con recursos financieros para renovarlo, no cayó en gracia al diputado del FMLN, Carlos Ruiz, quien señaló que el carné de identidad debe ser cancelado por los ciudadanos, y que el gobierno no tiene responsabilidad en esa situación ni presupuesto para subsidiar la renovación de los documentos.

La moción de Valdivieso es para que la Asamblea apruebe una medida transitoria, con el objetivo de beneficiar a 198 mil salvadoreños que si no renuevan su DUI en estos meses, no podrán ejercer el sufragio el 4 de marzo. La medida solo tendría efecto desde la entrada en vigencia hasta el 3 de marzo próximo.

Valdivieso apela a los artículos 72 y 73 de la Constitución de la República, los cuales consignan que es un derecho y un deber político de todos los ciudadanos salvadoreños ejercer el voto popular.

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Pero para Ruiz el gobierno no está obligado a exonerar del pago a ningún ciudadano, y se ampara en que el Código Electoral obliga a que para emitir el sufragio se debe tener el DUI vigente. Es más, subrayó que si algún partido político o empresa están “urgidos” de que esos 198 mil ciudadanos voten, que sean ellos quienes “financien” el costo del DUI.

Cuando se le preguntó a Ruiz acerca de que la Constitución no dice que para votar se debe tener el DUI actualizado y que sería una negación de un derecho constitucional, contestó: “Y por qué se le va a negar, el ciudadano está obligado a tener el DUI. La Constitución no dice que hay que pagarlo. La Constitución dice que es un derecho de votar, pero es obligación del ciudadano tener un documento, independientemente de qué ley lo diga, (el gobierno) no lo tiene presupuestado y de dónde lo va a sacar”, afirmó Ruiz. Sin embargo, la petición de Valdivieso se basa en que el gobierno podría destinar una parte de los fondos que tiene en la partida de gastos reservados. Según el presupuesto estos rondan en $60 millones al año.

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