El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, justificó ayer que la interpretación que los diputados realizaron al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, que avala la destrucción de audios producto de escuchas telefónicas a personas procesadas, es legal.
El miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda presentada por el Fiscal General, Douglas Meléndez, en la cual establecía que dicha interpretación debía suspenderse.
El artículo 23 establece que una vez vencido el plazo para que las llamadas de los imputados sean intervenidas, la Fiscalía General de la República (FGR) contará con seis meses para presentar su acusación, de no hacerlo, el juez está autorizado para destruir los audios y las transcripciones.
“Sin embargo, aunque este regulado no se le da fiel cumplimiento a dicha normativa, violando la seguridad jurídica, ya que el afectado se encuentra en uno sus derechos tutelados constitucionalmente, ya que carece de conocimiento si su situación jurídica será o no modificada por procedimientos regulares y conductas legales establecidas”, sostuvo la diputada por el PNC, Cristina López, cuando realizó la solicitud de auténtica interpretación del artículo, el pasado 31 de octubre.
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Posteriormente, su solicitud fue avalada por la Asamblea Legislativa y enviada al Diario Oficial.
Gallegos sostuvo que le sorprende la decisión tomada por la Sala, ya que aseguró que los diputados interpretaron tal cual el artículo, pero que acatarán la decisión del tribunal.
“Creo que no hemos cometido ninguna ilegalidad, el artículo dice que si una escucha telefónica, pasados seis meses no ha sido utilizada por la Fiscalía a través de un requerimiento presentado en los juzgados, esa escucha debe ser destruida, porque no tiene ninguna razón de estar allí guardada”, dijo el titular de la Asamblea Legislativa.
Buscan favorecer a Rais
Según la FGR, el planteamiento de López está ligado al de abogados de Enrique Rais, quien ha sido declarado prófugo, tras enfrentar un proceso penal por delitos de corrupción que involucran a empleados del Órgano Judicial.
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Douglas Meléndez, Fiscal General, confirmó que se intervinieron 209,000 llamadas en 2016. Estas también se relacionaban con casos de corrupción y crimen organizado, indicó.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, señaló que los magistrados de ese tribunal estudiarán si la interpretación que los diputados hicieron al artículo no altera la ley especial.
“El artículo 23 de la Ley Especial de Intervención Telefónica queda tal cual está redactado en la ley”, aseguró Meléndez.