La construcción del edificio del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, que según el contrato tendría que haber finalizado el 14 de septiembre de 2016, terminará hasta el 27 de junio de 2019, según confirmó el Jefe del Departamento de Ingeniería de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), William Torres.
En la ejecución, de acuerdo a documentación consultada, el principal problema del atraso fue que el departamento de Ingeniería de la CSJ omitió realizar estudios de suelos determinantes para levantar un edificio de 11 niveles, lo que implicó que el monto inicial de 26,367,447.15 ascendiera a $30,372,673.83, tal como lo establece un memorándum de la institución, aunque la Corte insiste que el valor final de la obra será de $29.428,782 con la orden de cambio de contrato realizada en 2013.
Inicialmente fue la constructora Ingeniería Integrada de Proyectos, S.A. de C.V. (INPRO) quien se encargó del proyecto, pero luego, la CSJ decidió terminar el contrato, tras señalar de incumplimientos del contratista en tiempos pactados, aunque este no tenía responsabilidad por deficientes estudios de suelo que retrasaron la obra.
El primer informe de la supervisora externa de la obra, Consulta S.A. de C.V., indicó que sólo fue estudiado 1 metro de tierra, pero eran necesarios 25 metros para proceder a las cimentaciones.
La constructora que terminará el edificio es FV Constructores S.A. de C.V., subcontratada por la aseguradora Seguros del Pacífico, y la encargada de la supervisión externa es Roberto Salazar Ingenieros S.A. de C.V.
Sin embargo, desde septiembre de 2016 las obras fueron paralizadas y retomadas hasta el 23 de octubre de 2017.
Dos abogados de la CSJ que no quisieron identificarse señalaron en una entrevista con este medio, a finales del año pasado, que las labores no se habían retomado porque desde diciembre de 2016 buscaban hacer efectivas las garantías del contrato.
“Después, cuando ya se notifica la intención a la aseguradora correspondiente, se da un lapso porque también hay algún tipo de trabajo que se hace con la empresa que estaba en la construcción”, dijo uno de los abogados, y explicó que INPRO quería continuar con la obra, aunque para ellos, técnica y legalmente no era posible, porque habrían incumplido el contrato.
Edificio Corte Suprema de Justicia
Simultáneamente, según el abogado, la CSJ buscó finalizar el contrato con INPRO, lo que se concretó en seis meses, y luego la aseguradora subcontrató las nuevas constructora y supervisora externa.
Torres detalló que por el momento falta ejecutar el 40 % del edificio, lo que implica $14,165,333.39, y que lo ejecutado hasta el momento suma $15,263,449.58.
“Como se genera un nuevo contrato, las condiciones cambian, entonces nuevamente se da un monto de anticipo, en este caso fue un monto de $3 millones sobre la base que faltan 14 millones para poder finalizar”, sostuvo.
Según el ingeniero, es la aseguradora la que asume los gastos por la supervisión externa.
En el centro judicial funcionarán dos edificios. En ocho niveles del “A”, funcionarán 11 cámaras, oficinas administrativas, el Centro de Desarrollo Infantil y tres salas de audiencia. Tiene tres niveles de sótano para parqueo. En el edificio “B” funcionarán tres clínicas y el Centro de Asistencia Psicosocial.
INPRO pidió prórrogas
A partir del problema del suelo con el cual INPRO se encontró luego de dos meses de la ejecución de la obra, la constructora solicitó prórrogas en diferentes ocasiones, que acumularon 580 días.
Los motivos de estas fueron los 16 meses que según la constructora perdió mientras se rediseñaba el edifico A, tras las observación de Consulta: la CSJ solo excavó 16 metros para los estudios, pero de esos sólo uno sirvió, así que lo recomendado era analizar al menos 25 metros.
Según Max Interiano, representante legal de INPRO, también solicitaron más plazo para ejecutar la obra por problemas de lluvia, por atrasos mensuales de los pagos de los costos de ejecución y por el tiempo en el que las partes resolvían la modificación contractual, luego que el 20 de mayo de 2013, se encontraran con el suelo deficiente. Esta fue notificada hasta diciembre de ese año y entregada en enero del siguiente.
En agosto de 2014, la constructora reinició los trabajos, pero en total, la CSJ le concedió 348 días de prórrogas divididos en 198, entre la primera y segunda; 72 días en la tercera solicitud y 78 en la última.
Al no contar con el plazo solicitado, Interiano presentó a la CSJ una solicitud de arreglo directo, el 13 de septiembre de 2016, un día antes que venciera el contrato. Sin embargo, la institución se lo denegó el 27 de ese mes.
“Se llegó el momento en que se dio la terminación del plazo y un día antes de la terminación del plazo, de hecho, el administrador del contrato (Mario Mancía) con la PNC y vigilancia de la Corte se fueron a tomar el sitio de la obra y expulsaron al contratista y eso no tiene ninguna base legal”, opinó una fuente vinculada a INPRO. Señaló que ese acto fue ilegal porque según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la CSJ debió cobrar multa por cada día que el contratista la retrasara, pero no podían expulsarlo del predio.
El 29 de septiembre, Interiano envió una carta a José Armando Pineda Navas, presidente de la CSJ, donde insistía en el arreglo directo del contrato. Luego interpuso una denuncia contra el funcionario en la Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual aun no ha sido discutida.
La supervisora advirtió que lo normal para construcciones fundadas sobre losa de cimentación, tal como se había establecido entre las partes, era un estudio de al menos 25 metros debajo del desnivel de desplante de la estructura.
Foto/ Mauricio Castro