El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el jueves al Consejo Nacional Electoral excluir del proceso de validación a la alianza oposita Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y casi una veintena de organizaciones, para “evitar la doble militancia”.
“Se ordena al CNE la exclusión de la MUD en el proceso de renovación convocado, en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional”, reza una sentencia de la Sala Constitucional.
Ante ello, el partido de Capriles pidió el apoyo a los venezolanos que se oponen a Maduro para preservar la legitimidad de su tarjeta electoral “para ponerle un muro de contención a una dictadura que está acabando con la vida de miles y millones de venezolanos”.
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La candidatura fue confirmada por el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami.
“Hoy Primero Justicia se valida para ponerse a la orden de la Unidad Democrática. ¡Un acto valiente y rebelde del pueblo”, indicó este sábado PJ en Twitter donde ha compartido fotografías que muestran a decenas de personas que participan en la jornada de certificación en varias partes del país.
Hoy Primero Justicia se valida para ponerse a la orden de la Unidad Democrática. ¡Un acto valiente y rebelde del pueblo! #PJValidaPorElCambio pic.twitter.com/uOOed3BTRc
— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) January 27, 2018
De los otros dos partidos más grandes de la oposición, Un Nuevo Tiempo (UNT) no fue llamado a revalidar por haber participado en las últimas votaciones, a diferencia del grueso del antichavismo, y Voluntad Popular (VP), del opositor privado de libertad Leopoldo López, decidió no acudir a esta jornada.
La rectora electoral Tania D’ Amelio advirtió que la decisión de VP lo dejará “autocancelado” como partido político.
Para evitar que se inicie un proceso de cancelación de la organización política, los partidos que no participaron en las últimas elecciones o que obtuvieron menos votos del equivalente al 1 por ciento del padrón electoral, deben lograr un respaldo de al menos el 0,5 % de los electores en al menos 12 estados del país.
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La Casa Blanca dijo en un comunicado que las sanciones están calibradas cuidadosamente para retirarle a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiación.
D’ Amelio dijo que sobre la coalición opositora pesa en esos lugares una acusación por falsificación de firmas supuestamente cometida cuando solicitaron el referendo revocatorio en 2016. Cuando la MUD “entregó las primeras firmas habían unas personas fallecidas, menores de edad, personas que estaban en interdicción”, algo por lo que el chavismo introdujo una demanda en tribunales sin que hasta ahora haya una sentencia firme sobre el caso.
Esta demanda impidió que la oposición usara su tarjeta unitaria en la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre en los siete estados donde fueron interpuestos los recursos judiciales.
(Con información de Agencias y de ElConfidencial.com)