El afán de los candidatos no partidarios por pasar el filtro legal para que el Tribunal Supremo Electoral los acepte como aspirantes a diputados es un esfuerzo encomiable del que deberían tomar ejemplo los ciudadanos y los partidos.
Se trata de hombres y mujeres que sin la estructura territorial que poseen los institutos políticos, con pocos recursos económicos y arriesgando su futuro profesional, han logrado persuadir a cientos de personas para que les apoyen con las firmas que establece la legislación electoral. Son salvadoreños comprometidos con el desarrollo social, económico e institucional. Quieren representar a los que insisten en reformar la política tradicional. Su empeño por dignificar el ejercicio de la función pública desde la Asamblea Legislativa demuestra un alto grado de civismo.
A diferencia de los no partidarios muchos habilitados para votar agregan diariamente una excusa a la larga lista de justificaciones por las que no asistirán a las urnas a emitir el sufragio. El pretexto que más se repite aquí y en otras latitudes es el del desencanto que les provoca la democracia por la carencia de resultados: continúan la inseguridad, el desempleo y la corrupción. El desquite de la gente ante el descuido de los grupos parlamentarios que no aprueban leyes para resolver los problemas nacionales es otorgarle escasa importancia al voto individual o la designación de caudillos sin importar las consecuencias que todos hemos testimoniado cuando se ignoran las instituciones y la ley.
Otra reacción en las sociedades ante el desagrado que produce la política es la apatía y el rechazo de todo aquello relacionado con el proceso electoral. Sus residentes no desean saber de las campañas, no les interesa informarse sobre el contenido de las “plataformas legislativas”, rehúsan cualquier invitación a ser parte de misiones nacionales de observación electoral, se resisten a colaborar con el Tribunal Supremo Electoral incorporándose a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y se llega al extremo de respaldar los llamados a anular el voto.
Se cree, de manera errónea, que este tipo de conductas contribuirá a erradicar la “mala política”. Lo cierto es que la falta de arraigo democrático de los pueblos termina justificando la permanencia por tiempo indefinido de funcionarios dañinos. Quienes desempeñan un cargo de elección popular conocen el territorio, saben dónde conseguir el respaldo que necesitan y, aunque en ocasiones el apoyo es el mínimo, les alcanza para conservar el poder. En la medida que más votantes deciden participar, en esa misma proporción crecen las posibilidades de llevar al Legislativo, a las alcaldías y a la presidencia de la República a nuevos líderes o, si lo merecen, de reelegir a los políticos que se han esmerado por consumar lo prometido.
El escepticismo de los que piensan que su voto no vale contrasta con el entusiasmo de los individuos que durante los últimos meses dedicaron jornadas completas a convencer a los transeúntes que encontraban en avenidas, calles y parques a sumarse al proyecto de transformar a El Salvador. A estos “quijotes” los mueve el ánimo de cimentar las bases para un mejor país.
Hasta ahora no se explotó la ampliación de los derechos establecidos por la Sala de lo Constitucional en respuesta a las peticiones de los demandantes cuando exigieron más protagonismo en la organización de los comicios. Animarse a correr por un asiento en la Asamblea sin la sombrilla de un partido no sería fácil. Tampoco integrar las mesas de votación para garantizar la transparencia de los comicios. Sin embargo en ambos casos la población tiene la posibilidad de incidir. En sistemas con una cultura política más amplia, buscar una diputación o formar parte de una JRV es un privilegio. Es una concesión otorgada por la ley para ocupar una posición de influencia.
El 4 de marzo tenemos la oportunidad de refrendar en sus puestos a los alcaldes y diputados que lo han hecho bien y de sustituir a los que abusaron de la confianza que les depositaron sus votantes. También tenemos la facultad de cuidar la limpieza de los comicios inscribiéndonos voluntariamente como parte de los organismos que contarán los votos. Si no aprovechamos ni una ni otra opción, la que perderá será la democracia.
*Columnista de El Diario de Hoy