El movimiento cívico Defensa Ciudadana por la Democracia (decide) llevó este miércoles una reforma penal a la Asamblea Legislativa, que entre otros puntos propone una pena de cárcel de cuatro a seis años a empleados púclibos o funcionarios que por cualquier medio promuevan el abstencionismo o llamen a anular el voto.
La reforma, al artículo 295 del Código Penal, consiste en agregar 15 literales a dicho apartado. También incluye el castigo para quienes induzcan al voto, alteren actas de escrutinio, coloquen propaganda en fechas no autorizadas y hagan pactos con grupos criminales a fin de alterar las votaciones.
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El abogado Max Mojica, integrante de Decide, señaló que la reforma está motivada por el hecho de que la democracia es “la piedra angular sobre la que descansa la vida de la República. El hecho de decirle a la ciudadanía que no vote, es renunciar a su sagrado derecho de elegir a las autoridades que lo van a gobernar”.
La iniciativa tuvo el acompañamiento de las bancadas de ARENA y GANA.
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El tricolor René Portillo Cuadra, sostuvo que “el fraude electoral es el cáncer que está comiendo la democracia de América Latina”, y agregó que “hay que disuadir, prevenir, pero sobre todo sancionar drásticamente a quienes hagan fraude electoral, a quienes se quieran burlar de la voluntad popular”.
En un mitin de hace dos semanas, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, llamó a los salvadoreños a no votar en las elecciones del 4 de marzo próximo.