El Gobierno quiere que negocios, restaurantes y grandes empresas que tienen embarcaderos o muelles recreativos, ya sea en playas o en lagos, soliciten y paguen al Estado por utilizar el espacio marítimo-terrestre, según un proyecto de ley de concesión que se conocerá hoy en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) dijeron ayer que esta ley regularía a empresas, ya sea industriales o que hacen una explotación turística de estas infraestructuras.
El director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria, Mario Miranda, dijo que preliminarmente se han contabilizado unas 150 instalaciones solo en la zona de Jaltepeque (entre La Paz y San Vicente), cercano a la playa Costa del Sol, que tendría que someterse a esta nueva disposición.
Sin embargo, la ley también tendría que regular las infraestructuras (en su mayoría muelles) que están ubicadas en el lago de Coatepeque o de Ilopango, así como grandes instalaciones como las de empresas de energía o de almacenamiento de combustible situadas en Acajutla.
Según el capitán René Hernández, director presidente de la AMP, la ley ha establecido tres categorías que van de acuerdo a la inversión. Están los muelles que tienen un costo menor a $100 mil; los de $100 mil a $l millón y los de $1 millón en adelante.
Más turistas visitan Alegría y la playa El Espino
Entre 18 a 20 mil personas visitaron la playa El Espino y unas 20 mil personas el municipio de Alegría, según Protección Civil.
Todos tendrían que tramitar un certificado de factibilidad con la AMP y pedir a la Asamblea Legislativa que les dé una concesión de esa zona para seguir operando. De lo contrario tendrían problemas con la ley si no obtienen estos permisos, manifestaron.
La cifra
Negocios con muelles están registrados solo en la zona de Jaltepeque, según datos de la Autoridad Marítima Portuaria.
Según Hernández, quedarían exentos de esta ley los pequeños muelles utilizados por pescadores, cooperativas o que están en propiedades privadas y no son para uso comercial.
Los que sí deberán pagar al Estado son aquellos que utilizan estos muelles para fines lucrativos como restaurantes u hoteles.
“Ya los que se dedican a la explotación turística sí le van a cancelar al Estado porque ya no es solamente para uso privado sino para explotación”, aseguró Miranda.
Concesión solo la dará la Asamblea
Hasta antes de 2015 era la Autoridad Marítima Portuaria la que otorgaba permisos para que estas empresas o negocios utilizaran el espacio marítimo-terrestre, pero en mayo de ese año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que este permiso de concesión solo correspondía a la Asamblea Legislativa, por lo que ahora, cada negocio o propietario del inmueble tendrá que tramitar su permiso a través de esta vía.
La AMP se ha adelantado a esta ley y ya está otorgando certificados de instalación segura para estos embarcaderos y muelles, sobre todo los que tienen un fin turístico.
El certificado que dará esta institución será el primer paso para el proceso que tendrá que seguir el propietario de la infraestructura.
La AMP dará un certificado de factibilidad y también de seguridad, señalando que el embarcadero o muelle cumple con todos los requisitos de seguridad.
Este certificado tendrá tres años de vigencia y también servirá para tramitar la concesión.
Según Miranda, cada concesión tendrá que autorizarla la Asamblea Legislativa.
“Un país ordenado tiene mejores posibilidades de ofrecer mejores ventajas para los turistas”, señaló por su parte el capitán Hernández.
El funcionario agregó que la ley ya fue ampliamente discutida en la Asamblea Legislativa y con diversos sectores y se espera que hoy sea aprobada en la sesión plenaria.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo a mediados de 2017. La ley toma como base la premisa de que el espacio marítimo-terrestre es propiedad del Estado, por lo que debe pasar por un análisis de concesión por parte de las autoridades.
La AMP, por su parte, tendrá que emitir los certificados operacionales que serían la base para que se le entregue una concesión rápidamente.
Arrecifes de coral en recuperación
A partir de marzo, los biólogos marinos vieron que los arrecifes de coral de Los Cóbanos, que fueron afectados por blanqueamiento, empezaron a tomar su característico color beige.
Empresa privada no quiere más trámites
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, recordó que la gremial fue consultada por esta ley hace un tiempo, pero en ese momento solo contemplaba grandes industrias que tienen que descargar productos.
Hasta donde conoce, la ley no afectaría a las empresas, sobre todo a restaurantes y otras que se benefician del turismo.
A la expectativa de qué ley podría aprobarse hoy en la Asamblea, Cardenal recordó que ya sea con esta o con otra legislación, lo que el país debería evitar es crear más burocracia. “Lo que se debe procurar es que no se incrementen los trámites para que las empresas operen con libertad”, dijo el presidente de la gremial.
Para Cardenal, el país debe mejorar sus trámites y volver más competitivas todas las áreas económicas pues de eso dependerá que haya un mayor crecimiento.
Según Miranda, estas regulaciones, así como la de las embarcaciones, no se revisaban desde hace mucho, por lo que es necesario que se actualicen y se regulen todas estas actividades comerciales frente al mar o lagos.
La AMP insta a los propietarios de embarcaciones (desde motos acuáticas hasta barcos) a que se registren.
Hay más de 200 embarcaciones sin permiso
La Autoridad Marítima Portuaria también está regulando las embarcaciones que utilizan la zona marítima del país. De acuerdo con Mario Miranda, el año pasado se determinó que habían unas 1,000 embarcaciones (desde motos acuáticas hasta barcos) que no tenían un registro legal en el país. “Es como si hubieran 1,000 vehículos sin registro”, ejemplificó.
Pero a partir de agosto de 2017 la Autoridad comenzó a hacer inspecciones más periódicas para que los propietarios gestionaran sus permisos correspondientes. En tres meses, la Autoridad logró darle registro a unas 449 embarcaciones, pero aún faltan otras 200 más que tienen que presentar toda su documentación para estar totalmente legales.
El comisionado de la Policía Nacional Civil, jefe de la Policía de Turismo (Politur), ha acompañado este trabajo de inspección para que los propietarios se presenten ante la AMP y registren sus lanchas, botes, etc.
La AMP incluso aprobó un régimen especial que vence el próximo 31 de enero, por lo que hizo un llamado para que aprovechen estos últimos días y cumplan con la ley.
“Las consecuencias de no tener la documentación en regla es que si no se acreditan, se le puede decomisar”, aseguró el capitán René Hernández.
De acuerdo con Miranda, es importante regular este sector sobre todo por un tema relacionado a la narcoactividad y crimen organizado. “Tenemos que saber quiénes andan en nuestras aguas”, dijo.
Si los propietarios de estas embarcaciones no cumplen la ley, podrían ser multados o, en el peor de los casos, sujetos a decomiso por parte de las autoridades.
Las multas por no acatar estos permisos van desde los $500 hasta los $5 mil, según funcionarios de la AMP.