El FMLN no pretende seguir escondiendo que su principal apuesta legislativa, a partir de 2018, es controlar más instancias de poder. Basta leer la plataforma de los candidatos oficialistas para comprobarlo. En ese escueto folletín apenas si se pretende disfrazar lo que desde hace rato está más claro que el agua: el partido de gobierno necesita desesperadamente magistrados judiciales obedientes a sus designios.
Al Frente le urge, para empezar, una Sala de lo Constitucional sumisa, despersonalizada y cobarde, a la que se puedan solicitar interpretaciones de la Carta Magna ajustadas a conveniencia partidaria. Algo así como lo que hace Nicolás Maduro, en Venezuela, cada vez que requiere fallos judiciales favorables a la consolidación de su dictadura. Eso de tener otros poderes limitando al poder central es un legalismo que merece obediencia mientras los socialistas se encuentran en la oposición y les conviene invocarlo; ya encaramados en el trono, la cosa cambia: los equilibrios deben esfumarse para dar paso a la toma completa de todas las instancias posibles, incluyendo las judiciales.
En el tercer literal de la primera parte de su propuesta legislativa, “Hacemos más por la gente”, el oficialismo dice a la letra lo siguiente: “Incorporar en la Constitución de la República el voto directo, igualitario y secreto para que sea el pueblo (sic) quien elija a los magistrados y magistradas (sic) de la Corte Suprema de Justicia”.
La verdad es que es imposible pedirles más claridad. Nos están anunciando que votar por un mayor número de diputados del FMLN equivale a ayudarles a socavar la independencia de los poderes del Estado, atentando así contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional. De los ordenados procesos constitucionales, claramente fijados por amplia tradición, los candidatos del Frente desean que pasemos a esa “participación popular” en la que los marcos legales se desdibujan a placer del régimen de turno.
La inconveniencia de someter a consulta popular la elección de magistrados de la CSJ salta a la vista. Embarcar a los jueces a procesos eleccionarios directos solo es útil si se quiere evadir la democracia, pues son los equilibrios de poder de las asambleas legislativas (elegidas, ellas sí, por el voto de los ciudadanos) los que dan legitimidad a sus negociaciones políticas, a resultas de las cuales también se definen a los integrantes de las salas de la Corte.
¿Qué consigue el FMLN trasladando la elección de funcionarios de segundo grado a un escenario distinto del legislativo? Le sirve para llevar la política a terrenos donde los criterios deben ser independientes de ella. En otras palabras, hace cargar sobre los hombros de los futuros magistrados una presión innecesaria. Solo imaginemos a un juez que tenga que hacer promesas de campaña al gusto del “pueblo”. Los más honorables, los que harían el mejor de los papeles en el Órgano Judicial por su honestidad e independencia, se horrorizarían de solo pensarlo. Ya suficientes circos políticos tenemos cada tres años como para venir a agregar otro.
Lo sensato es dejar las cosas como están y que quienes hacen política en la Asamblea se enfrenten cíclicamente al reto de entablar negociaciones en las que se privilegie la hoja de vida y la trayectoria profesional de los candidatos a magistrados, por encima de cualquier tipo de cálculo partidario. Pero ninguna de estas condiciones parece gustarle al oficialismo, que ya se apresuró a meter a la carrera por la Sala de lo Constitucional a abogados cuyos nexos partidarios son bastante conocidos. Hasta funcionarios del actual gobierno aparecen en esos listados, en abierto desafío a líneas jurisprudenciales que han sido aplaudidas por la sociedad entera.
Por eso y mucho más, votar el próximo 4 de marzo es una oportunidad para dibujar una línea en el piso, que establezca una separación nítida entre nuestra democracia (por imperfecta que sea) y las ambiciones totalitarias de quienes desearían otra Venezuela en El Salvador.
*Escritor
y columnista de El Diario de Hoy