Sirio, es el testigo clave que la Fiscalía General ha usado en contra de 21 acusados de integrar un presunto grupo de exterminio de pandilleros que operaba en la zona Occidental del país.
Este testigo es un pandillero que dice estar “retirado” y que aceptó haber participado en 18 homicidios; en 12 de los cuales podría quedar exonerado por su colaboración como testigo en este proceso en contra de esas 21 personas, entre ellas cinco policías. Su testimonio fue conocido en el juicio que ventila el Tribunal Antimafia de Sentencia “B”.
El pasado miércoles fue sometido a un interrogatorio por los abogados defensores de los 21 acusados.
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“Señor testigo. ¿En cuántos homicidios ha participado, usted?”, le preguntó el abogado Nelson García, uno de los defensores de los imputados.
“En doce”, respondió el testigo Sirio con un tono de voz que expresaba su frialdad para aceptar haber asesinado a esas doce personas.
“Señor testigo, ¿ha participado en otros homicidios que no estén dentro de este proceso?”, le preguntó otro de los abogados defensores.
“Si”, dijo el testigo.
“¿En cuántos?”, preguntó el defensor.
“En seis”, respondió Sirio, el testigo de la Fiscalía.
“¿Y por esos seis homicidios fue detenido y procesado?”, le preguntó el abogado defensor.
A lo que el testigo le respondió que no. Sin embargo, más adelante, Sirio aseguró que hay otros involucrados que están siendo procesados por esos seis homicidios.
Con este testigo, la Fiscalía General pretende demostrar que las 21 personas, entre ellas cinco policías, formaban parte de un grupo de exterminio de pandilleros que operaba en la zona Occidental del país. Los asesinatos de presuntos pandilleros se cometieron en los municipios de Armenia, Sonsonate; El Congo, Santa Ana y Ciudad Arce, La Libertad.
La estrategia de la defensa de los 21 imputados es tratar de desacreditar al testigo sirio por su largo historial delictivo en un intento por lograr que le retiren su calidad de testigo criteriado (con beneficios penales).
En otra parte del interrogatorio, los abogados defensores le preguntaron a Sirio que si había cometido otro tipo de delitos y él respondió que sí, entre éstos algunos robos.
Reconoció que en dos oportunidades ha estado detenido y procesado por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.
Sirio confesó haber sido pandillero por espacio de un año y que su primer asesinato lo cometió cuando tenía entre 15 y 16 años de edad.
Además aseguró haber trabajado como vigilante privado por espacio de dos meses, pero nunca fue al curso de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
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Ante las preguntas de los defensores de que si él había asesinado por dinero, Sirio respondió que en algunos casos le pagaron hasta 400 dólares como anticipo.
En otros casos, el testigo aseguró que había cometido los asesinatos “por hacerle el favor” a otras personas que tuvieron problemas con algunas de las víctimas.
Algunos de los defensores de los imputados le preguntaron los beneficios que obtendría al declarar en contra de las 21 personas.
El testigo Sirio aseguró que quedaría en libertad, porque la ley así lo permite, pero no solo por eso iba a mentir.
Y lo irónico fue cuando Sirio dijo que una de las razones por las que había decidido colaborar con la Fiscalía General era porque quería que se le hiciera justicia a las 12 personas asesinadas.
Aseguró que él confesó su participación en los seis homicidios cuando rindió su declaración en la Fiscalía General, pero nunca lo procesaron por los mismos.
En ese sentido, el abogado Nelson García aseguró que lo más grave es que esos homicidios se los relató al ente fiscal y al ente investigador y no están incluidos en el trato con Sirio para su declaración.
“Nosotros vamos a reclamar al ente juzgador del por qué se ha cometido ese encubrimiento de parte del ente fiscal de seis homicidios que los excluye y ni siquiera los menciona teniendo conocimiento por la confesión y relación del testigo”, dijo García.
La Fiscalía señala en la acusación que el grupo de exterminio era dirigido por los hermanos Eduardo y José Ángel Castillo Calles, y como tercer jefe de la estructura señalan a Joaquín Arévalo, “Gato”.
Entre los imputados figura un motorista de la delegación de la PNC de Lourdes, Colón.
También son acusados cinco policías: sargento Nelson Alfredo Lule Zepeda, el cabo Gerardo Aníbal Rivas Morales, así como los agentes Fidel Antonio Galán Hernández, Elmer Aníbal Rodríguez Torres y Víctor Manuel González Cuéllar.