Indignante la intromisión de la Corte IDH que pretende obligar a nuestros países, firmantes de la Convención de DDHH, a redefinir el matrimonio y a reinventar la familia llamando a las uniones homosexuales algo que no son. Dicha Corte fue creada para interpretar la Convención, sin embargo, la está reinterpretando, dictando ordenes irrespetando nuestra soberanía, extralimitándose en las funciones que le fueron otorgadas.
En Opinión Consultiva 24/17 del 24 de noviembre publicada este martes 9 de enero, 6 jueces de San José dijeron que la “orientación sexual” y la “identidad de género” – que ni siquiera están mencionados en la Convención – están protegidos en ésta. Al contrario, lo que sí dice en el articulo 17 es que el hombre y la mujer tienen derecho a casarse. Es más, a pesar de las insistentes y constantes presiones de la ONU y OEA como partes de la dictadura LGBT, no existe ningún tratado internacional que reconozca legalizar estas uniones como un derecho tal como quieren hacer creer al argumentar que se basan en el derecho internacional.
En 2016 se publicó mundialmente la noticia contraria: La declaración por unanimidad de los 47 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es la más prestigiosa institución de DDHH del mundo: “no existe derecho” al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los deseos sexuales no necesitan protección legal. Defender el matrimonio natural por ser un bien necesario para la sociedad no es homofobia, como lo dice la propaganda de la ideología de genero. Los que defendemos el matrimonio tenemos conocidos, amigos o familiares homosexuales a quienes respetamos como personas y defendemos su libertad. Nadie se mete en su vida íntima. Eso es diferente a tener que aceptar cambios a nuestras legislaciones para reconocer nuevos derechos, inventados por y para pequeños grupos, que atentan contra los derechos de los más vulnerables, los niños que tienen derecho a tener un padre y una madre quienes con su complementariedad los formarán y darán los cuidados óptimos.
Estaremos vigilantes del Canciller, quien debe defender nuestra Soberanía ante semejante atrevimiento, a pesar que hasta el momento no lo ha hecho, sino al contrario votando en contra de los derechos de los padres a educar a sus hijos, protegidos en nuestra legislación y eliminando valiosas reservas de la CIPD en Cairo.
Este fallo de la Corte no es vinculante como quieren hacer creer, no se ajusta a derecho e invade la soberanía de los Estados. Es simplemente un criterio respuesta a consulta del gobierno de Costa Rica. Sin embargo, preocupa que funcionarios del gobierno del FMLN constantemente está promoviendo dichas agendas.
El actual Canciller fue uno de los firmantes del documento compromiso del FMLN adquirido con la población desde 2006 de ratificar la reforma constitucional que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos y protege a los niños en adopción, sin embargo, ninguno ha honrado su palabra. Asimismo, son diputados del FMLN los que piden legalizar el aborto.
En estas próximas elecciones es urgente que vayamos a votar, no nos quedemos en casa. Informémonos qué candidatos defienden la Vida de los salvadoreños por nacer, el matrimonio, a familia y respetan las leyes de nuestros país.
*Columnista
de El Diario de Hoy.