La pérdida de los beneficios migratorios de cientos de miles de salvadoreños por la cancelación del TPS empañará la celebración de un aniversario más de la firma del acuerdo de paz. Recordaremos aquel 16 de enero en medio de los lamentos de los hombres y las mujeres, muchos de ellos responsables de su hogar, que vivirán en la incertidumbre en los próximos dieciocho meses.
La decisión, como se ha repetido hasta la saciedad, forma parte del enfoque migratorio de la administración Trump. Sin embargo la política exterior salvadoreña atizó el fuego que ya venía calentando el ambiente. Con el respaldo incondicional a regímenes totalitarios como el venezolano, enemigo declarado de los Estados Unidos, además de los actos de repudio en contra de la cooperación norteamericana, el gobierno del presidente Sánchez Cerén aceleró el dictamen y eliminó cualquier tipo de remordimiento que pudiera existir.
Habiéndose concretado esta resolución el mandatario, la Asamblea Legislativa y los respectivos aspirantes a legisladores y presidente y vicepresidente de la República en 2018 y 2019, respectivamente, no tienen otro remedio más que discutir las medidas que permitirán la absorción de una cantidad considerable de compatriotas que retornarán en los siguientes dos años.
Aunque trágica, esta situación supone un “giro de timón” para las campañas electorales. Los candidatos que ignoren el tema y rechacen el debate de iniciativas concretas para mejorar el clima de negocios, de tal forma que la economía se dinamice y se generen más puestos de trabajo, no deberían ganar el favor de los electores. Algunos de los afectados que regresen en 2019 explorarán las oportunidades para invertir sus ahorros en un negocio. Si la burocracia no facilita la apertura de empresas, ni les garantiza seguridad jurídica y ciudadana, corremos el riesgo que ese dinero se oriente al consumo y en consecuencia se engrosen las filas de la pobreza.
¿Cuáles son los planes para evitar que empeore el estado de inseguridad pública puesto que algunos de los retornados tendrán antecedentes penales? ¿Cómo se compensará la posible disminución de las remesas familiares que desde hace décadas contribuyen a la desnutrida estabilidad financiera? ¿Está el sistema público de salud, el de educación y el de transporte público en capacidad de absorber el flujo de nuevos habitantes y de brindar la misma calidad de los servicios que recibieron aquellos que emigraron a los Estados Unidos? ¿Existe en realidad, no de manera ficticia, una estrategia para cabildear una solución migratoria permanente para quienes permanezcan irregularmente en suelo estadounidense? ¿Se comprometen los nuevos grupos parlamentarios y el próximo titular del Ejecutivo a consolidar las alianzas interpartidarias para aprobar las leyes e impulsar las ideas que garanticen la reinserción y una vida digna para los hermanos que vuelvan al país?
La encuesta de la UCA publicada esta semana advierte que el 73.3% de los consultados se quejan de problemas relacionados con la violencia; el 77.2% menciona que las políticas de seguridad del gobierno han reducido en poco o nada la delincuencia; el 64.1% dice que la PNC respeta poco o nada los derechos humanos; el 54.6% cree que la pobreza aumentó en 2017; y el 51.4% asegura que la economía empeoró en los últimos doce meses. Por otra parte el 67.3% de los entrevistados afirma que la actual administración no está defendiendo los derechos de los migrantes en el exterior. Esta y otras áreas evaluadas justifican la calificación de 4.57 asignada al presidente, la más baja obtenida desde 2009.
Los resultados de ese sondeo, que coinciden en términos generales con los de otras casas encuestadoras, no son nada alentadores. Sin duda agudizan el desasosiego de los que apostaron el futuro de su familia aprovechando el “sueño americano” y quienes pronto tendrán que lidiar con el desempleo, el miedo a ser víctimas de un crimen, las extorsiones por ejemplo, y con la falta de certeza que significa un entorno hostil al empresariado.
Estados Unidos acogió durante dieciocho años a los afectados por los terremotos de 2001. Nos corresponde ahora a todos, públicos y privados, agradecer esa cooperación y brindar a los perjudicados la posibilidad de continuar exitosamente su desarrollo personal y profesional en El Salvador.
*Columnista de El Diario de Hoy