La noticia de que el gobierno del presidente Donald Trump pondrá fin al Estatus de Protección Temporal, o TPS, de 200,000 migrantes procedentes de El Salvador también está poniendo nerviosa a la vecina Honduras.
Se espera para julio una decisión sobre el destino de más de 50,000 hondureños que viven en Estados Unidos con TPS, una decisión que podría tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas para la nación centroamericana.
Los expertos dicen que, al igual que en El Salvador, el regreso de decenas de miles de personas _junto a la llegada potencial de un número incalculable de sus hijos nacidos en Estados Unidos_ amenaza con exacerbar problemas ya graves, como las altas tasas de homicidios y otros delitos, inestabilidad política, pobreza generalizada y desigualdad en los ingresos.
“La salida de tantos compatriotas de Estados Unidos sería una bomba social que explotará de inmediato en Honduras”, dijo a The Associated Press el analista Raúl Pineda Alvarado.
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Tal vez de manera más inmediata se produciría un golpe a las remesas, que normalmente representan alrededor del 20% del producto interno bruto del país, aunque la mayoría de ellas son enviadas por hondureños que no se verían afectados por la cancelación del TPS.
Miles de millones de dólares enviados a casa cada año ayudan a las familias hondureñas a alimentar y vestir a sus niños, comprar un coche, construir una casa modesta y mantener las luces encendidas. Estos gastos llegan entonces a la economía en general.
Olga Martínez, una trabajadora de aseo de 42 años de edad y residente en Tegucigalpa, cuenta con los 150 dólares mensuales que recibe de dos hijos que están en Estados Unidos amparados con el TPS. Es una suma significativa en uno de los países más empobrecidos del hemisferio, donde cerca del 65% de la población es pobre y muchos se las arreglan con el equivalente a un dólar o dos al día.
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“Si ese dinero me falta, no sé qué haré, dijo Martínez. “Mi vida será muy difícil porque ellos se vendrán y aquí no hay trabajo”.
Estados Unidos decretó el TPS para los hondureños después de que el huracán Mitch fustigara el país en 1998, matando a unas 7.000 personas y devastando el sector agrícola. La medida ha permitido a los migrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Al igual que con otros países, se suponía que sería temporal hasta que las condiciones causadas por el desastre mejoraran en el país de origen. Sin embargo, con el paso de los años, los diversos gobiernos estadounidenses lo mantuvieron funcionando, creyendo que otros problemas, como la pobreza, la corrupción y la violencia impulsada por las pandillas, habrían dificultado que el país reabsorbiera a esos ciudadanos.