Dos actitudes, igualmente perniciosas, deberían ser desterradas de nuestro país en este año electoral: la sensación de que votar es un ejercicio inútil, y la creencia según la cual da exactamente lo mismo elegir a un político u otro. Aunque pareciera que no existe mayor diferencia entre ambas posturas —pues conducen a idéntica conclusión: dejar de ir a votar—, en realidad tienen causas y efectos diversos. La primera actitud lleva a la renuncia tácita del sufragio, por las razones que sean, mientras que la segunda exhibe indiferencia ante el muestrario político actual. Ninguna de las dos argumentaciones, sin embargo, es válida, y menos cuando es tan evidente que urgen cambios importantes en la conducción del país.
Pensar que votar es inútil plantea varios dilemas, pero quizá el más claro es que ofrece una previa claudicación frente a la mediocridad política. Sufragar supone presencia cívica, interés en hacer respetar un derecho, conciencia de que el poder tiene un primer origen. Esto pone presión a los políticos y otorga autoridad moral al elector. Nunca es inútil votar, con independencia de los resultados, porque quien ha participado en una elección sabe que su exigencia o su reclamo tienen peso específico.
Es todavía menos justificable creer que dar el voto a un partido u otro, a un candidato u otro, es exactamente lo mismo. No, jamás lo es. En el caso de las instituciones partidarias, siempre habrá una que esté más cerca de las aspiraciones del votante, cualquiera sea su pensamiento; también, por supuesto, habrá opciones que se encuentren en las antípodas de lo que quiere el elector. El muestrario de candidatos puede carecer de la mayor calidad posible, pero siempre, entre la variedad de sus alternativas, incluirá también la peor alternativa posible. Escoger lo mejorcito —o, si se quiere, lo menos malo— no es solo un derecho del ciudadano que desea cambiar una determinada situación, sino el deber que le compromete frente a la historia.
Adicionalmente, renunciar al voto atrae aparejado algo indudable, y es en qué tipo de votante recae el poder decisorio de una elección. Si el ciudadano con mayor formación cívica, con una cabeza más “amueblada” para entender los problemas del país, se retira del proceso, deja en manos de los fanáticos y de los electores sin criterio una decisión cuyas consecuencias son enormes.
Pongamos como ejemplo la reciente cancelación del TPS para los salvadoreños migrantes en Estados Unidos. Habrá quien crea que ese programa tan beneficioso para nuestros compatriotas iba a terminar de todas maneras, sin importar quién gobernara en El Salvador. La verdad es que la hostilidad del FMLN hacia EE. UU. fue en gran medida responsable de la decisión tomada en Washington, pues nadie en su sano juicio ataca a un país que alberga a tantos migrantes que necesitan garantizar sus empleos y el consecuente envío de remesas. Por tanto, quienes eligieron en 2014 la continuidad del FMLN en el Ejecutivo, y quienes a pesar de conocer la actitud antinorteamericana del oficialismo decidieron abstenerse de votar por otras opciones, también cargan con parte de esa responsabilidad.
Ahora pensemos en lo que podría ocurrir si en este año no se conforma una Asamblea Legislativa más respetuosa de la institucionalidad democrática. Tampoco en este caso da lo mismo por quién votemos. Ya el partido de gobierno ha dicho que el balance de poderes le estorba y que la Sala de lo Constitucional debería integrarse con magistrados genuflexos que le dejen desmontar la democracia. También han sido explícitos en su admiración por la forma en que el régimen venezolano trata a sus propios ciudadanos.
¿Hay quien crea que dar más diputados al FMLN fortalecerá nuestra democracia, resolverá nuestros problemas de inseguridad y ayudará a que las libertades ciudadanas se consoliden? Mayores cuotas de poder en manos equivocadas es la opción que los salvadoreños debemos rechazar en las urnas este próximo 4 de marzo. Sin falta.
*Escritor y columnista
de El Diario de Hoy