Cientos de miles de salvadoreños y sus familias enfrentan el temor de un futuro incierto ahora que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Nunca habíamos tenido un escenario en que fuera tan probable que no se diera esta renovación”, expone Jaime Rivas, investigador de la Universidad Don Bosco.
Actualmente hay 195,000 salvadoreños con TPS que viven en Estados Unidos. En promedio han vivido por 21 años en ese país, donde han formado sus familias y vidas. Además, hay 192,700 nacidos en Estados Unidos de padres salvadoreños con TPS, según una investigación del Centro para Estudios de Migración (Center for Migration Studies, CMS, en inglés).
¿Dónde viven los salvadoreños con TPS?
En Estados Unidos, líderes de organizaciones que trabajan con inmigrantes y con movimientos de migrantes han sido testigos del ambiente de ansiedad y desesperación que se mantiene latente entre las comunidades de salvadoreños con TPS, pero llaman a no dejarse vencer por el temor.
“En el caso de que se elimine el TPS, que sería el peor de los escenarios, ¿cuál va a ser la estrategia de defensa? Ahí es donde vamos a resistir básicamente”, sostiene Pablo Alvarado, quien ha trabajado por años en movimientos que luchan por los derechos de los inmigrantes trabajadores y es el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés).
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En 2016, Estados Unidos terminó los TPS para Guinea, Liberia y Sierra Leona. En septiembre de 2017 lo canceló para Sudán y en noviembre anunció la terminación del TPS para Nicaragua y Haití. Solo lo extendió por seis meses más, hasta julio de 2018, para Honduras, pero bajo la posibilidad de que se cancele después de esa fecha.
De todos los países, El Salvador es el que tiene la mayor cantidad de población que perdería su estatus de protección. Más de la mitad de todas las personas con TPS son salvadoreños.
Alvarado explica que es muy probable que la administración Trump postergue por varios meses más el TPS para los salvadoreños, pero con la condición de que el programa desaparecerá cuando se termine ese período: “Lo que nos toca es esencialmente luchar de diferentes maneras”.
Cuando el TPS termine, los salvadoreños que eran beneficiarios del programa se quedarán sin la protección legal contra la deportación y perderán el permiso que habían obtenido para trabajar. En el anuncio de la cancelación del TPS para Nicaragua, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se indicaba que el período de 12 meses que daban era para que las personas que estaban en el programa buscaran medidas legales alternativas para su estatus migratorio o prepararan su salida de Estados Unidos.
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Pero Alvarado no cree que los “tepesianos”, como llaman a los beneficiarios del TPS, decidan dejar el país. De perder su documentación lo más probable es que de nuevo vuelvan a ser indocumentados, que tengan que esconderse para mantener la vida que han construido.
“La pregunta que ellos se hacen no solo es ???¿es más seguro allá o acá?’, sino ???¿qué es lo mejor para mis hijos?’”, añade.
Alvarado sabe que, de quedarse como indocumentados, muchos salvadoreños podrían ser deportados, pero espera que sean más los que se unan y busquen todos los medios necesarios para resistir.
Amanda Baran, experta en TPS del Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (ILRC, en inglés), sostiene que el impacto de la cancelación del programa será profundo y va más allá de las consecuencias directas a los beneficiarios del TPS.
En un estudio del ILRC se calculó que no tener la contribución de los salvadoreños beneficiarios del TPS equivaldría a una pérdida de $31 billones en el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos durante un período de 10 años. Cada año, los salvadoreños con TPS contribuyen con $481 millones a la seguridad social y el programa Medicare. Al mismo tiempo, el costo de los despidos de los salvadoreños con TPS equivaldría a una pérdida de $673 millones.
Baran aconseja a las comunidades con TPS a luchar para obtener una solución permanente. “Todas las comunidades, todas las afectadas, todos estos países se deben unir para lograr una solución”, dice.
Alvarado señala que esto es a lo que apuntan. NDLON, junto con otras organizaciones, es parte de la Alianza Nacional TPS que ha conformado comités de “tepesianos” por todo Estados Unidos para hablar con los legisladores. Alvarado considera que en este momento es muy importante que comiencen a contar su historia.
“Las historias de los tepesianos son en sí las historias de la migración de los Estados Unidos. Las historias de lucha de cómo la población debe comenzar desde cero y ahora ya están integrados a la sociedad estadounidense”, expone.
La lucha por defender el TPS
Óscar Chacón, director Alianza Américas, una asociación compuesta por distintas organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, señala cómo a partir del triunfo de Trump la preocupación por el futuro de los programas de protección temporal se ha intensificado y, ante esto, organizaciones, que por décadas han jugado un rol importante en la defensa de los derechos de estas comunidades, han montado un plan de acción.
Primero buscan persuadir a la administración Trump sobre la necesidad de mantener vigente la protección del TPS. En segundo lugar, Alianza Américas ha buscado sensibilizar a miembros del congreso sobre la importancia de encontrar una solución que vaya más allá de solo prorrogar el programa TPS, es decir reformas legislativas que permitan a los beneficiarios del TPS poder acceder a un programa de residencia permanente. Por último, preparar a las organizaciones locales y aliados en caso de que se cancele el TPS y no tengan una solución legislativa que permita a los tepesianos estar protegidos.
Aunque las cancelaciones al TPS de Nicaragua y Haití han sido duros golpes, el trabajo debe continuar, dice Chacón. “Seguimos reiterando ante la administración Trump que no existen condiciones seguras que hacen de un potencial regreso algo factible para la población salvadoreña”, añade.
Chacón cree que han logrado influir con un buen número de legisladores: “Estas poblaciones han ganado equidad económica, equidad social, equidad cultural y a razón de ese tiempo debería de solventarse su situación”.
Por el momento existen cuatro propuestas de ley que contemplan reformas que puedan permitir a la población con TPS solicitar una residencia permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, Chacón lamenta que aún tienen la debilidad que, salvo algunos legisladores republicanos de Florida, no han logrado un apoyo significativo de los representantes republicanos.
En caso de que lo peor pase, es decir que se cancele el TPS sin ninguna alternativa para proteger a los tepesianos, Chacón dice que es necesario que las personas busquen el apoyo de las organizaciones civiles y que, a la vez, el gobierno salvadoreño, a través de la red consular, se prepare para apoyarlos.
Un camino para la residencia
En Estados Unidos, el sistema judicial está organizado en regiones, cada una de estas es llama circuitos jurídicos en los que están cierto número de estados. Los salvadoreños con TPS que viven en los estados incluidos en el sexto y noveno circuito tienen la opción de obtener una visa de residente permanente sin tener que salir de Estados Unidos. Esto solo es posible si se han casado con un residente permanente o un ciudadano y este solicita en su nombre una visa de residente permanente. En casos raros, la petición puede ser presentada por padres de la persona con TPS.
Las cortes de estos circuitos dictaron un fallo diciendo que las personas en esos estados fueron admitidos en Estados Unidos al haber recibido el TPS y califican para obtener ese visado de residencia permanente sin tener que volver a su país de origen. El problema de salir de Estados Unidos para obtener ese visado es que el oficial migratorio a cargo de escuchar el trámite puede decidir aplicar una restricción de reingreso, de tres a 10 años. “En esencia les protege de tener que enfrentar esa posibilidad de que su situación sea considerada razón para prohibir el reingreso inmediato de estas personas aún cuando la visa de residente permanente está disponible para ellos”, explica Chacón.
Es importante que la población con TPS sepa que alguien menor de 21 años no puede ser peticionario de residencia permanente de sus padres, e incluso al tener esa edad debe demostrar solvencia económica para poder sostener a la persona que está pidiendo. Chacón informa que el proceso de petición de un hijo a un padre no es inmediato y puede tomar varios años.
“La gente está absolutamente desesperada, ellos no están en condición sin papeles porque en esa condición quieren estar”, Chacón explica que esta situación ha llevado a que muchos sean presa fácil de abogados inescrupulosos que se aprovechan de estas personas al ofrecerles opciones que no sean reales.
Por ello, dice que una importante labor que se puede hacer desde El Salvador es que, si tienen parientes con TPS, que insistan en que se informen y se involucren con organizaciones que ya tienen trayectoria de defensa y apoyo a las comunidades migrantes en Estados Unidos. Chacón señala la necesidad de que toda la gente beneficiada por el TPS tome un rol más activo para defender su situación.
Además, aunque Chacón considera que el gobierno de El Salvador ha tomado un rol importante en las negociaciones por una prórroga del programa, aún se puede hacer mucho más. Chacón lamenta que tanto el gobierno actual como los anteriores, desde el 2001, no trabajaron desde un inicio para conseguir una solución más permanente para los salvadoreños con TPS. Agrega que, además del trabajo de cabildeo, no ven que se logre aprobar una partida presupuestaria para apoyar la batalla, pese al aporte económico que la comunidad salvadoreña en Estados Unidos da a través de las remesas.
Alvarado considera que el ataque contra el TPS está enraizado en una estrategia de desgaste contra la comunidad migrante extranjera no blanca: “Los argumentos que han usado para negar la participación plena de los migrantes no aplican a los tepesianos. La única explicación es el racismo que quiere implantar este gobierno”.
Alvarado se pregunta si en El Salvador se puede entender la intensidad y la profundidad del tema racial. A la vez, exige que tanto la derecha como la izquierda salvadoreña sepa respetar a la población con TPS y no politice su situación.
“Yo espero que ni la derecha ni la izquierda vuelvan a decir que el TPS se ha perdido por la culpa del uno o del otro, el TPS está en riesgo porque tenemos una persona extremista en la Casa Blanca (???), es una agenda bien clara acá, no tiene nada que ver con El Salvador”.
Tanto Alvarado como Chacón reiteran que están preparados para enfrentar la decisión que venga y presionar para que la población con TPS obtenga lo que merezca. “No estamos pero ni cerca del fin. No hay que darse por vencidos, hay que seguir esta batalla”, sostiene Chacón.
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