La exjefa de Laboratorio del Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, de Cojutepeque, Sandra Elizabeth Escoto de Hernández, fue condenada a tres años de prisión porque desde 1995 ejerció el cargo como jefa sin estar facultada para ello.
Sin embargo, la condena será sustituida por tres años de “trabajos de utilidad pública”. Además tiene prohibido optar a un trabajo, según fallo del Tribunal Superior.
Anteriormente la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque había absuelto de cargos a la acusada, pero los Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina Fiscal de dicho lugar apelaron la resolución por considerar que la sentencia carecía de fundamentación.
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Hernández estaba acusada de ejercer el cargo de jefa del laboratorio sin tener certificación porque “no solo ejerció la profesión de manera ilegal sino que también ostentó la jefatura en el laboratorio clínico”, estipula la Fiscalía General de la República (FGR) en su página.
El proceso judicial inició en septiembre de 2016, pero Hernández fue procesada en libertad. En ese momento, enfrentó la Audiencia por delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión, ya que fungió como directora del laboratorio por 21 años sin estar graduada ni autorizada por la Junta de Vigilancia de la Profesión en Laboratorio Clínico.
Este delito está regulado en el artículo 289 del Código Penal donde se establece que la persona que “sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, se atribuyere carácter de tal y la ejerciere o realice actividades propias de ella, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
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Según las investigaciones de la Fiscalía, la imputada ingresó a laborar al hospital en julio de 1995. Desde entonces asumió la jefatura. En este tiempo ella hacía su servicio social y le fue asignado el número provisional de la JVPLC 393, cuya validez era hasta el 30 de junio de 1996.
En ese entonces, la Viceministra de Salud Pública y Asistencia Social, Ana María Alfaro de Gamero la nombró Jefe de Laboratorio Clínico, cargo que ejecutó a partir del uno de enero de 1997.
En marzo de 2015, la Junta de Vigilancia, después de realizar una inspección, aseguró que ninguna institución pública o privada puede contratar a personas que no tienen calidad de profesionales en la rama de laboratorio, puesto que no cumplen los requisitos para ser autorizados, según el Código de Salud.
“La Cámara establece en su resolución que la exjefa del laboratorio clínico puso en riesgo la salud de la ciudadanía salvadoreña y los motivos y la calidad que la impulsaron al hecho fueron lucrativos, a cuya base se encuentra el fraude”, dicta el documento.