Un jefe, un agente y un motorista de la Policía, así como 15 soldados y 34 particulares fueron detenidos y serán formalmente acusados por la Fiscalía General de integrar un grupo de exterminio de pandilleros que operaba en la zona oriental del país y que cometió al menos 36 homicidios.
Algunos de ellos también se dedicaban a asaltos a agencias bancarias y distintos negocios en la misma región.
El jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Will Walter Ruiz, aseguró que se ordenaron las capturas de 54 personas, entre policías, militares y particulares.
Hasta ayer tarde, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) había arrestado al jefe policial en Gualococti (Morazán), subinspector José Omar Sandoval Pleitez, al agente Fidel Ángel Batres Pacas y al motorista de la corporación, Arquímides Martínez.
A ellos se agregan 10 soldados, aún faltaba por detener a otros cinco que recién finalizaron su servicio militar.
El Director de la Fiscalía de la Región Oriental German Arriaza presentó este tipo de pruebas en contra del alcalde de Usulután a los medios de comunicación. Foto/FGR
Además se les notificará de los nuevos cargos a otros policías que ya están recluidos en el penal de Metapán, Santa Ana.
Los detenidos la madrugada de ayer tienen relación con los seis policías y otros 10 particulares que fueron capturados en julio del año pasado.
En esa ocasión, la Policía y Fiscalía arrestaron a un inspector, un subinspector y cuatro policías por su supuesta vinculación al mismo grupo de exterminio de pandilleros.
Treintena de homicidios
Ruiz explicó que con el desmantelamiento de esta segunda organización delictiva se resolvieron los asesinatos de 36 personas ocurridos entre 2014 y 2016.
“Se les atribuye dos cuádruples homicidios, dos casos de triples asesinatos, cuatro casos de dobles homicidios y 12 personas asesinadas de forma individual en hechos separados”, explicó.
Por el momento, las investigaciones apuntan a que este grupo es el responsable de los 36 homicidios, pero la Fiscalía sigue con las indagaciones para establecer si son los responsables de las últimas masacres registradas este año en la zona oriental del país.
Ruiz aclaró que nueve de las 36 víctimas, aparentemente, no tenían nada que ver con las pandillas.
“La mayoría de las víctimas eran de la pandilla MS. Las demás personas no presentaban ninguna evidencia externa, ni tampoco habían sido vinculados en alguna investigación como colaboradores de esos grupos”, dijo el fiscal.
Otro de los casos que será resuelto, según el jefe fiscal, es el rapto de una persona que aún se encuentra desaparecida. Las autoridades fiscales sospechan que la víctima fue asesinada y enterraron su cuerpo.
Asaltos y otros delitos
Además, las investigaciones revelaron que varios de los detenidos, entre policías y militares, supuestamente participaron en los asaltos armados a 13 establecimientos comerciales, entre agencias bancarias, financieras, y distintos tipos de negocios.
Ruiz aseguró que esta organización se formó de dos grupos que se dedicaban a distintos “rubros” delictivos. Una de las organizaciones se dedicaba a los asaltos armados y el otro grupo “a matar delincuentes”, aduciendo razones de autodefensa.
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“Soldados y algunos policías eran los que cometían los asaltos armados. Ellos actuaban de manera independiente hasta que hubo un momento en el que conocieron a algunos del grupo de exterminio y comenzaron a mezclarse”, dijo Ruiz.
El jefe fiscal subrayó que “nadie puede tomarse la justicia en sus manos” y que la legislación penal establece en qué casos se exime de responsabilidad a las autoridades que cometen homicidio en el cumplimiento del deber o en legítima defensa.
Habrían cobrado $600 por un homicidio
Las investigaciones arrojaron que algunos miembros de este grupo cometieron dos asesinatos por encargo o como sicarios.
Hubo una persona que se supone que pagó 600 dólares a los integrantes de este grupo para que asesinaran a un pandillero, porque había tenido problemas con él.
En el segundo caso de sicariato, la persona pagó 300 dólares por la muerte de otro marero.
En el resto de asesinatos, los integrantes de esta estructura actuaron para hacer lo que ellos consideraban una “limpieza social” de supuestos pandilleros, explicó el jefe fiscal.
Investigan financiamiento desde el exterior
El fiscal Ruiz explicó que las investigaciones abarcan a personas que residen en el exterior y que supuestamente financiaban a la referida organización.
“Hay personas que están fuera y que también han hecho algunas remesas para estos grupos… Tenemos prueba documental sobre los envíos, quién los mandó, quién los recibió, desde dónde los mandó, cuándo los mandó”, dijo Ruiz, quien detalló que esas remesas venían de personas que residen en Estados Unidos.
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El fiscal identificó a uno de los que supuestamente financiaba el grupo de exterminio solo con el nombre de “Willy”. Esta persona, quien es prófugo de la justicia desde julio del año pasado, se dedicaba al tráfico de migrantes, detalló.
Las autoridades fiscales sospechan que esa persona se encuentra fuera del país.
Por razones de proteger a los familiares de las víctimas, la Fiscalía General pedirá al juzgado donde se lleve el proceso que declare la “reserva total” o confidencialidad a este caso.
“Los Exterminio” fueron capturados el año pasado
El primer golpe que las autoridades fiscales y policiales le propinaron a estos grupos que presuntamente se dedican a matar mareros se produjo a principios de julio de 2016.
Familiares llegaron a respaldar a los capturados en julio del año pasado.
En esa ocasión, la Fiscalía y la Policía arrestaron a un inspector, un subinspector y cuatro agentes de la Policía.
A ellos los acusaron de colaborar y otorgar recursos logísticos a los integrantes de esa organización delictiva que se dedicaba a matar pandilleros en la zona oriental del país.
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Junto a los seis agentes fueron capturadas 10 personas particulares y que supuestamente eran quienes cometían los asesinatos con la complicidad de los policías, según la Fiscalía.
Actualmente son procesados en un tribunal de justicia de San Miguel por nueve homicidios y por el rapto de una persona. Los homicidios se registraron en 2016 en distintas lugares de la zona oriental del país.
De todos los acusados, solo el inspector es procesado en libertad, pero tiene que cumplir con una serie de medidas, como presentarse cada cierto tiempo al tribunal, no salir del país y no cambiarse de domicilio.
La investigación de estos dos grupos de exterminio comenzó con el accidente que tuvo un vehículo donde era transportado el cadáver de una de las víctimas.