Recientemente nos desayunamos la noticia de que más de 48 millones de dólares fueron entregados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a no sabemos quién, sin exigir facturas y sin que la Corte de Cuentas de la República (CCR) cumpliera con el papel que por orden constitucional le corresponde: fiscalizar el uso de dineros públicos.
Los diputados, todos, debemos de reconocer que no hemos hecho bien la tarea en la elección de los magistrados de la CCR, hacer mea culpa y aceptar que no se ha respetado el criterio de idoneidad para tan importantes cargos.
Como consecuencia, hoy vemos casos que involucran millones del erario, como El Chaparral, este nuevo caso del MAG, fondos del Estado utilizados para financiar la oscura tregua, entre muchos que hay.
La falta de idoneidad de los magistrados de la Corte de Cuentas también permitió que el expresidente Mauricio Funes ???y otros exfuncionarios- recibiera un finiquito por parte de esa institución, a pesar de que para entonces ya existían muchos cuestionamientos sobre el repentino enriquecimiento del ex periodista y su círculo familiar cercano.
La Corte de Cuentas de la República está obligada, por mandato constitucional, a vigilar la recaudación, custodia, compromiso y erogación de los fondos públicos; vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, incluso debe examinar la cuenta que sobre la gestión de la hacienda pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea e informar del resultado de su examen.
A pesar de lo anterior, la actual CCR se ha convertido en una carga burocrática con altos costos de funcionamiento y pocos o nulos resultados a la hora de dar cuenta sobre los bienes públicos.
¿Acaso necesitamos que alguien fiscalice al ente fiscalizador a fin de que realice su trabajo tal como dicta la Constitución?
A nuestro país le urge eliminar la politización y clientelismo en el ejercicio de la fiscalización del erario, para lo cual es clave y fundamental que antes de dar nuestros votos en el pleno, los diputados estemos seguros de que los damos a una persona cuya honorabilidad y prestigio profesional no tiene lugar a dudas.
Creo poder afirmar que, de haber realizado la CCR su trabajo como corresponde, El Salvador no habría llegado al nivel de endeudamiento y riesgo financiero actual, pero ha sido todo lo contrario, nunca antes un gobierno había utilizado tanto dinero público con tan escaso rendimiento de cuentas, como el actual.
Necesitamos funcionarios que velen porque los fondos públicos se manejen de manera correcta y transparente, solo así podremos establecer el grado de eficacia, eficiencia y economía con que operan las instituciones auditadas y los ciudadanos que pagamos bastantes impuestos, podremos estar seguros de que se les está dando un buen uso.
El cumplimiento correcto de su función será lo que ayude a que la ciudadanía recupere la confianza y buena fe en las instituciones que manejan bienes públicos, sin olvidar su trascendental tarea de señalar a través del debido proceso, a aquellos que utilicen inapropiadamente los recursos públicos.
Yo invito a la ciudadanía a estar muy pendiente de la próxima elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que debería de realizarse antes de que finalice julio, y los convido a exigir a los diputados que favorecieron con su voto de confianza, a que elijamos a los próximos magistrados apegados a los criterios antes mencionados, de tal forma que devolvamos a la CCR las competencias para las que fue creada.
*Diputada