En un artículo reciente, el Ing. Carlos Mayora Re comentaba la teoría marxista sobre la concepción del Estado, que vale la pena considerar para darnos cuenta en qué etapa estamos con el FMLN en el gobierno, con intenciones manifiestas de mantenerse en el poder, hasta convertirnos en un estado totalitario.
Para los marxistas, las normas deben ser dictadas por el pueblo y para el pueblo, y para lograr la dictadura del proletariado, el revolucionario debe ser sagaz y hacer todo lo que sea preciso para poner la ley, la moral, el derecho y la religión al servicio de sus intereses. La historia ha demostrado cómo fingen apreciar y hasta promover unas leyes que ellos consideran como basura.
Se hacen pasar por demócratas, respetuosos de la ley, interesados en el funcionamiento de las instituciones del Estado, aunque para ellos la única ley aceptable es la que devuelve el poder a las mayorías. Pero el revolucionario inteligente, primero hará como que cumple las leyes, luego las cuestionará y modificará a su conveniencia, para terminar ignorándolas y sustituyéndolas por las suyas propias.
Tolerarán la ley y las instituciones democráticas por un tiempo, las utilizarán a su conveniencia, pero terminarán por ignorarlas, para crear sus propias leyes, su propia moral y sus propias instituciones. Las leyes vigentes no deben ser respetadas ni obedecidas, sino torcidas, ignoradas y sustituidas. El articulista concluye que estos planteamientos parecen explicar las rabiosas declaraciones y manifestaciones de protesta, hasta llamados al desacato, de políticos, funcionarios y activistas de izquierda, contra la Sala de lo Constitucional y las instituciones democráticas.
Se está cumpliendo el guión al pie de la letra. Se neutralizó el Consejo Superior del Trabajo, cuando Funes rechazó el nombramiento de representantes del sector empresarial, y la actual ministra rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales legalmente representadas, para autorizar la formación de cientos de sindicatos afines al gobierno, lo que ha generado serias demandas ante la OIT. El Consejo Nacional del Salario Mínimo sigue acéfalo, cuando organizaciones sindicales y el sector privado delataron serias irregularidades en la elección de nuevos integrantes.
Se intenta controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial, nombrando a personas que carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados.
Las reformas a la Ley de Simplificación Aduanera, para agilizar la entrega de mercaderías y evitar las kilométricas colas en las aduanas, aprobada por la Asamblea, fueron vetadas por Sánchez Cerén, por considerarlas “inconvenientes” sin explicar las razones de su desafortunada decisión. Y desestima la sentencia de la Sala de pedir permiso cada vez que sale del país, y el destino de sus viajes.
Las autoridades de Seguridad rechazan por segunda vez las recomendaciones del equipo de Giuliani, argumentando que como su plan El Salvador Seguro es exitoso, no tienen por qué seguir consejos venidos del extranjero, que no aplican a la realidad salvadoreña.
Justifican el impago, la deuda con los cotizantes de las AFP, la deuda de $20 millones con proveedores de la Mediana y Pequeña Empresa, y de $17 millones a las distribuidoras de energía eléctrica, acusando a ARENA de no haber aprobado el Presupuesto 2017, totalmente inconstitucional porque no incluía la totalidad de las obligaciones del gobierno.
Parece evidente que ya estamos en la etapa de irrespetar las leyes, de sustituirlas por las suyas propias, carentes de moral, para lograr convertir a El Salvador en un estado totalitario, cuyo espejo tenemos en la ensangrentada y hambrienta Venezuela. No podemos permitirlo.
* Columnista de El Diario de Hoy.