El Gobierno destinará “todos los bienes” que se obtengan por extinción de dominio, fruto de actos ilícitos, al refuerzo de unidades de investigación de delitos, explicó hoy Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad.
“El efectivo que se consiga tras expropiar casas, vehículos y otro tipo de bien se destinarán para la Policía Nacional Civil (PNC) y para el Ministerio de Justicia para reforzar todas las unidades especiales que investigan delitos económicos y extorsiones”, señaló el funcionario en el marco del programa de diálogo Gobernando con la Gente.
Landaverde, quien anunció que “próximamente” se lanzará el Plan Nacional Antiextorsión, insistió en que el Gobierno “fortalecerá” la estrategia de seguridad que se impulsa en el país, “específicamente en el combate al delito de la extorsión y de otros que de él derivan”.
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Precisó que el plan contempla reforzar los recursos humanos y materiales de la PNC y “buscar financiación que permita suministrar a los efectivos de seguridad las herramientas necesarias para hacer más eficiente su trabajo”.
El ministro señaló que, además, el plan contempla “dar más facultades a los fiscales e investigadores de la policía que llevan a cabo procesos de investigación, así como facilitar la participación de las víctimas, garantizando más la confidencialidad y la reserva de su identidad”.
Estadísticas de la PNC reflejan que el delito de extorsión tiene incidencia en todo el territorio nacional y afecta principalmente a los sectores del comercio y transporte, por lo que las medidas a implementar bajo esta iniciativa se centrarán “en un primer momento, en estos sectores”.
Desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha, se registran 396 denuncias por casos de extorsión, un 49% menos que en el mismo lapso del año pasado, cuando fueron denunciados 783 procedimientos por este delito.