El recién nombrado presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, informó esta mañana que hay $30 mil en multas que los funcionarios sancionados no han pagado y que esos casos los han remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que exija lo adeudado.
Castaneda explicó que esa mora es de los funcionarios a quienes ya se les venció el plazo que les da la ley para que cancelen.
“Tenemos muchos casos que al cuantificarlos son alrededor de $30 mil de sanciones que ya remitimos al Fiscal General, porque la ley nos faculta; sancionamos y les damos 60 días al sancionado para que cancele la multa, si no lo hace informamos al Fiscal para que la entidad vaya a exigirle la multa”, detalló Castaneda.
Agregó que en el tiempo que tiene de existencia el TEG ya son casi $100 mil los que deben funcionarios en multas, de los cuales solo han hecho efectivo el cobro de una cuarta parte. “Eso puede verse como una burla al Tribunal y a la ley”, expresó el presidente del ente.
Además, el titular del TEG adelantó que presentará un pliego de reformas a la ley de esa institución, entre las que incluirán que se exija una solvencia del Tribunal de Ética a toda aquella persona que quiera postularse a una candidatura para un cargo público.
“Que sea necesaria la solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental para accesar a una candidatura de elección popular. Si ya la ley manda el Tribunal Supremo Electoral para inscribir candidatos exigiría la solvencia y si la persona está en la lista de personas sancionadas por el Tribunal no podría optar a un cargo de elección popular”, explicó Castaneda.
Otra de las reformas que el funcionario pretende plantear ante la Asamblea Legislativa es que se dejen claras las sanciones por nepotismo. Además propondrá que hayan procesos abreviados, porque los casos se tardan mucho en resolverse.
Castaneda apuntó que uno de los obstáculos que tienen con los casos que resuelven y las sanciones que imponen en el TEG es que son impugnados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, lo cual genera un “desgaste” para el Tribunal de Ética.