El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, desafió ayer al régimen de Nicolás Maduro al rechazar la convocatoria a que se elija una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el lunes y consideró que se trata de un llamado “ilegal”, por no consultar la propuesta a través de un referendo y por “usurpar” el poder del pueblo.
Por ello acordó, en la sesión ordinaria de ayer, “rechazar la inconstitucional pretensión del régimen de Maduro de convocar a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin consulta al electorado venezolano, a través de un proceso de referendo con voto directo, universal y secreto”.
Asimismo, la Cámara declaró que Maduro “usurpa el poder del pueblo de Venezuela (…) al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución”.
También se decidió “comunicar al pueblo y a la comunidad internacional que esta nueva arremetida de Maduro es la máxima expresión del golpe de Estado continuado y una deleznable intención de disolver la República”.
En este documento, aprobado por el Parlamento, se exige al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al poder ciudadano y a todos los órganos del poder público que “respeten la soberanía popular” y que se abstengan de avalar la iniciativa “fraudulenta” de Maduro, de convocar a una Constituyente sin consultar al electorado.
En este acuerdo se toma en consideración que “el pueblo venezolano se encuentra en la calle desde hace más de 30 días exigiendo la celebración de elecciones y el respeto a la Asamblea Nacional”.
También se considera que convocar a una Constituyente “sin referendo previo es la más reciente y grave materialización del golpe de la Constitución de un Gobierno que se niega a respetar las reglas del estado democrático de derecho”.
El presidente de la AN, Julio Borges, subrayó que la declaración fue aprobada de manera “unánime” por el voto de la contundente mayoría opositora de la Cámara y, ante la ausencia de la bancada chavista, que no asiste a los debates desde hace más de un mes.
Asimismo, consideró “importante” que este acuerdo sea enviado a las embajadas y sedes diplomáticas acreditadas en el país, con el fin de informar a la comunidad internacional.
Maduro hizo un llamado, el lunes, al “poder constituyente originario” para que “la clase obrera” convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz y será vencido “el golpe de Estado”.
Este proceso constituyente prevé celebrarse en semanas, según dijo el jefe de la Comisión Presidencial para esta figura, el oficialista Elías Jaua.
Maduro hizo esta convocatoria al cumplirse un mes de protestas contra su régimen, en las que se pide la restitución del hilo constitucional, la liberación de políticos presos y la apertura de una vía para que al país ingresen alimentos y medicamentos, manifestaciones que ya han dejado 29 muertos y cientos de heridos y miles de detenidos.
Desde las calles
Pese a la represión chavista, centenares de opositores en Caracas y varias ciudades del país atrancaron ayer calles y avenidas, en protesta a la convocatoria hecha por Maduro, a elegir una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado venezolano y reformular el ordenamiento jurídico.
La iniciativa convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para cerrar las principales vías de circulación del país, apodada el “trancazo”, se replicó en decenas de lugares de toda la capital venezolana y del interior del país.
El este de Caracas, feudo de la oposición venezolana, fue uno de los lugares más afectados por el “trancazo” con el cierre de la avenida Francisco de Miranda, principal vía que comunica toda esa zona de la ciudad.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, aseguró que la respuesta de la convocatoria “superó” sus expectativas, pese a que la convocatoria se hizo con menos de 24 horas de antelación.
Los opositores alzaron pancartas en las que insisten en pedir la renuncia de Maduro, a quien acusan de dictador y de violar la Carta Magna creada hace 16 años por iniciativa de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, en un proceso similar.
La iniciativa presidencial fue calificada por los líderes de la oposición como un nuevo “golpe de Estado” y una estrategia para demorar las elecciones presidenciales que están previstas constitucionalmente para 2018, pero que los opositores han intentado presionar para que se celebren este año.
El proceso implica la elección de unos 500 representantes de la comunidad, a través del voto popular, para conformar un cuerpo legislados que se encargará de redactar o modificar la nueva Carta Magna. Esta transformación podría implicar la refundación de todos los poderes públicos, incluso los de elección popular.