El lunes 1 de mayo, tras las marchas por el día de los trabajadores en Caracas y ante simpatizantes de su gobierno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para reformular la máxima ley del país ante la crisis que están pasando.
Eso, a criterio del abogado y experto en derechos humanos José Miguel Vivanco, “es una maniobra del gobierno para intentar cambiar el libreto, ganar tiempo y, peor aun, intentar pasar de un gobierno minoritario a uno con control de lo todas las instituciones políticas en Venezuela”.
Vivanco dirige el ala latinoamericana de Human Rights Watch, una organización dedicada a la tutela de los derechos humanos.
En vista de la situación política venezolana, donde hay presos políticos, dura represión a la disidencia y una crisis de bienes básicos, el trabajo de Vivanco y su organización se vuelve fundamental como apoyo internacional a quienes desde la oposición venezolana están tratando de luchar contra un régimen que no pocos han tildado de “dictadura”.
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Según el jurista, esta situación se agrava por los niveles de “absoluta impunidad” en los que el gobierno pisotea derechos fundamentales y arma colectivos para reprimir a la disidencia.
Sin embargo, explica que la comunidad internacional ya se está dando cuenta de esta realidad y los apoyos del régimen son mínimos. Es en este contexto cuando Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela consideran llamar a una Constituyente, que a juicio de Vivanco “huele a una operación para seguir aferrados al poder y ganar tiempo”.
El “autogolpe”
El experto no duda en calificar esta situación de “un golpe, donde quien resulta beneficiado es el régimen actual” a espaldas de lo que piensan las grandes mayorías. Esto, explica, supone la disolución de una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora y que, hoy por hoy, es el único valladar interno que el régimen enfrenta para controlar todo el poder.
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Según Vivanco, el anuncio de Maduro es revelador, pues la Constitución que busca reemplazar fue establecida por su predecesor, Hugo Chávez, precisamente para concentrar el poder, pero ha sido violada por ellos mismos repetidamente.
Cuestiona legalidad del anuncio
La comunidad jurídica venezolana ya emitió opinión sobre el anuncio y, amparada en la Constitución Bolivariana, señala que ni el presidente ni un poder del Estado pueden decretar una Constituyente. Esto solo puede hacerse mediante un referéndum.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, y en particular la Sala de lo Constitucional del país responden directamente al Ejecutivo y según Vivanco, es poco probable que fallen en contra del régimen.
San Salvador.-02052017.- Venezolano Jos?? Miguel Vivanco, en entrevista exclusiva para EDH en visita a El Salvador. Foto edh por Mauricio C·ceres
En este sentido, lamenta, “los venezolanos están en la indefensión total” en lo que respecta a instituciones de control jurídico interno.
“No hay autoridad pública en Venezuela que sea capaz de acoger, amparar los derechos y las libertades públicas vulneradas del Congreso a la oposición o los pocos medios independientes que subsisten”, añade.
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Por esta razón, explica, es que el pueblo venezolano ha recurrido a la comunidad internacional y es ahí donde reside la importancia de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es un instrumento con consecuencias legales y que “puede impedir que se siga cometiendo abusos flagrantes del régimen”.
Esta carta, sostiene, puede romper la naturaleza de ejercicio de poder sin límites propia de cualquier régimen dictatorial.
Convocatoria a la CELAC
Entre todo el caos y la crisis política y humanitaria, Vivanco rescata y celebra que cada vez son menos los países del hemisferio que se atreven a defender a Venezuela.
Prueba de ello es que 19 de estos avalaron el diagnóstico realizado por Luis Almagro, secretario de la OEA, que denuncia un rompimiento del hilo democrático en Venezuela, y se ha convocado a cancilleres para tratar el tema.
Como respuesta, el gobierno de Maduro convocó a una sesión de la CELAC que se celebró ayer en San Salvador y quedó corta de alcanzar sus objetivos: no hubo una resolución, no todos los cancilleres asistieron y siete países, de los 33 que integran este foro, ni siquiera enviaron un representante.
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Haber convocado a la CELAC es “sintomático de un régimen cada vez más aislado que está buscando oxigenarse y legitimar su mandato”, explica Vivanco, pero destaca que ninguna afinidad ideológica puede superar a la realidad: que en Venezuela hay “una tiranía atrincherada en el poder”.
“Esa realidad finalmente ha sido conocida, afirmada y denunciada por al menos 19 países del continente y no son cualquier país. Representan el 90 % del territorio del hemisferio y controlan gran parte del producto geográfico bruto”, aclara.
Además añade que cuando “Venezuela, con la complicidad de sus aliados, convoca una reunión paralela del CELAC, es evidente que lo hacen para generar una ficción, una operación de propaganda para mantener discursos conspirativos que niegan la realidad del país”.
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Pese a este descalabro de apoyo internacional, Vivanco lamenta que aún hay países que se plegan al discurso del régimen de Maduro. A estos, que no censuran con dureza al régimen, no duda en considerarlos “cómplices”, pues, a su juicio, la situación de deterioro de los derechos humanos es clara y evidente, y nadie con vocación democrática podría justificar, por ejemplo, la presencia de presos políticos.
“La ideología puede más que los principios, esa es la razón central. También hay países que tienen relación parasitaria con Venezuela en el Caribe o Centroamérica y entienden que deben manifestar y mantener un apoyo incondicional con el régimen al margen de su récord en materia de derechos humanos o libertades. Eso viola principios jurídicos internacionales contemplados en Carta Democrática”, aduce.
José Miguel Vivanco conversó con El Diario de Hoy sobre estos hechos coyunturales y algunos otros temas de la realidad venezolana, como el deterioro de sus derechos y los caminos que el país puede recorrer para normalizar su situación. Estas fueron sus opiniones:
¿Qué nos muestra la fotografía actual de derechos humanos en Venezuela?
La situación en Venezuela desde el punto de vista de derechos humanos no puede ser más crítica, donde se producen abusos por parte de agentes del Estado y todo en un marco de absoluta impunidad. Los ciudadanos, en consecuencia, están a merced del gobierno de Nicolás Maduro y él no le rinde cuentas a nadie.
Al mismo tiempo puede castigar, amedrentar y reprimir con dureza manifestaciones pacíficas de oposición, y por otro lado, facilitar y proteger a quienes quieran manifestarse para aplaudirle.
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Fue sintomático ver cómo en un mismo día una abrumadora mayoría de venezolanos eran víctimas de una represión brutal por manifestar su descontento, y frente al presidente había un pequeño grupo con todas las protecciones del gobierno, con transporte puesto por ellos, para aplaudirles.
Ese es un panorama propio de una tiranía.
Además, hay cada vez más presos políticos y se han suspendido las elecciones y el referéndum y los venezolanos viven padeciendo una crisis humanitaria dura, de escasez de alimentos y medicinas. Esta crisis es negada por el gobierno para no aceptar su fracaso.
En esa manifestación a su favor, Nicolás Maduro calificó como victorioso el día de las manifestaciones pese a que hubo muertos del lado opositor. ¿Es este un régimen que ya perdió el miedo a matar y a las consecuencias?
Estamos ante un gobierno que ya ha dejado a un lado una suerte de fachada democrática. Esto ocurre desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia, instrumento del Ejecutivo, decide usurpar las atribuciones del poder legislativo y queda en evidencia que estamos frente a una dictadura. Como la reacción nacional e internacional fue fuerte ante la medida, Maduro echó marcha atrás y a las pocas horas la Corte hizo una corrección parcial a la sentencia que dictó un par de días antes despojando al Parlamento de sus atribuciones propias.
El régimen de Maduro anunció su salida de la OEA. ¿Cómo hacerlos sujetos de sanciones si se aíslan?
Estos instrumentos son tratados que imponen obligaciones jurídicas vinculantes. Que el país esté siendo gobernado por un puñado de líderes aferrados al poder y que están dispuestos a ignorar sus obligaciones jurídicas es un hecho grave pero no le resta importancia o valor a estos tratados, ni los debilita.
El anuncio que ha hecho la canciller Delcy Rodríguez después que la mayoría de estados en la OEA convocan a una reunión de cancilleres para examinar la situación de Venezuela de salirse de este foro, algo que nunca antes ha ocurrido, es una muestra del aislamiento y la debilidad del gobierno de Maduro y de concretarse ese retiro se convierte en un paria a nivel regional.
Este es un cambio de un valor extraordinario. Fíjate que los 19 países que denuncian y condenan la situación en Venezuela ocupan gran parte de la geografía de las Américas y de la población de la región. La situación del gobierno de Maduro es muy delicada y esto, unido a las protestas y el descontento, nos dice que ese proyecto de gobierno no tiene futuro.
Hay países que en lugar de exigir estos puntos, presionan por el diálogo, como El Salvador. ¿Qué se puede interpretar, que estos países no censuran la tiranía?
Formular una propuesta para enfrentar una situación crítica tiene que tener algún fundamento empírico basado en la realidad. El problema de Venezuela no es falta de diálogo entre oposición y gobierno. Si fuera un problema de diálogo entre dos partes relativamente iguales, uno esperaría concesiones recíprocas, pero qué concesión puede hacer la oposición. ¿Pedir menos años de cárcel a Leopoldo López? ¿Qué podrían ceder para normalizar la situación?
Lo que ahí ocurre es resultado de la conducta despótica de un régimen que intimida, censura y es responsable de una crisis humanitaria, pero no la reconoce.
En esas circunstancias me parece que impulsar un diálogo resulta ser inadecuado en función de la realidad del país. Esa fórmula se utilizó el último año y mira el resultado de esta salida equivocada: más presos políticos, suspensión del revocatorio y de elecciones regionales, y haber despojado de poderes al Legislativo.