Ya se cuentan por decenas los casos en que la Sala de lo Constitucional ha advertido a la Asamblea Legislativa que los procesos de elección de segundo grado no pueden conducirse de tal manera, que los ciudadanos no sepamos por qué es que se ha elegido a una persona en detrimento de otras que también postulan.
En reiteradas oportunidades, la Sala de lo Constitucional ha reconocido que dentro del control constitucional que está llamada a ejercer, puede verificar si la Asamblea Legislativa, en un proceso de elección de funcionarios, estableció y documentó las razones por las cuales concurrían las cualidades de honradez y competencia notoria requeridas para efectuar el nombramiento y si se cumplían con los demás requisitos establecidos por la ley. Pero no entienden, no quieren entender o se hacen los desentendidos.
La Asamblea Legislativa sigue sin asegurarse de que los funcionarios que resulten electos cumplan con características indispensables de probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura; ni nos explican cómo es que llegan a conclusión de que alguien ostenta las cualificaciones técnicas y profesionales requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo.
Hace poco se eligieron miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, siendo evidente que en ese proceso no se condujo un análisis serio que nos permitiera a los ciudadanos entender por qué se eligió a ciertas personas con procesos de investigación abiertos.
Y más recientemente se elige al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental sin que se sepa mínimamente, cuáles fueron los razonamientos utilizados por los diputados para decantarse por una persona.
Valga aclarar que los cuestionamientos que se le han venido haciendo a la Asamblea Legislativa, no van necesariamente en función de las personas que resultan electas, sino en realidad en función del proceso utilizado para llegar a su decisión. No hay manera de conocer cuáles fueron las características que privilegiaron los diputados para preferir a una persona y descartar a otras.
A pesar de los insistentes llamados ciudadanos y de la reiterada línea jurisprudencial sentada por la Sala de lo Constitucional, los diputados cometen el mismo error.
El proceso ya está cantado: los diputados hacen una convocatoria pública en la que puede participar prácticamente cualquiera que tenga la edad mínima, reciben las hojas de vida y las constancias de varias dependencias gubernamentales, hacen un remedo de entrevistas con preguntas que cualquiera puede contestar y que no dejan entrever la mayor o menor capacidad para ocupar el puesto, regresan a sus oficinas, hacen sus cálculos políticos sin tener en cuenta lo acontecido en las entrevistas, conversan entre sí, contactan unilateralmente a algunos candidatos, vuelven a conversar entre sí, negocian, se reparten y luego vuelven a fingir que analizan para proponer a quien ha resultado en la negociación.
Tan en automático lo hacen, que no les importa que coexistan varios procesos de elección en un mismo momento. Para el caso, no habían terminado de elegir al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, cuando ya habían convocado públicamente para elegir a magistrados de la Corte de Cuentas.
Pecando de exacerbado optimismo les pedimos: no nos vuelvan a decepcionar, háganlo bien esta vez; lleven a la Corte de Cuentas a personas verdaderamente comprometidas con la fiscalización del manejo de la cosa pública, que sean independientes y que no se vuelvan cómplices del despilfarro y la corrupción.
Estando a menos de un año de las elecciones legislativas de 2018, este es un buen momento para comenzar a cuestionar a los diputados sobre sus posiciones en relación a estos procesos de elección. La tarea que nos hace falta a los ciudadanos es darnos cuenta que al elegir a diputados, indirectamente estamos eligiendo a otros funcionarios, por lo que si queremos tener buenos funcionarios, tenemos que elegir diputados comprometidos con procesos de elección transparentes, abiertos, serios y fundamentados en el mérito.
Por último hay que tener claro que no queda más remedio que seguir haciendo uso de los mecanismos legales. Como los diputados no están corrigiendo, habrá que corregirlos. Algún día tendrán que entender.
*Colaborador de El Diario de Hoy
@hsaenzm