Los ingresos corrientes y las contribuciones recaudadas al 28 de febrero de 2017 reportaron un incremento respecto a lo obtenido en los dos primeros meses de 2016; sin embargo, el ritmo de crecimiento no volvió a ser el mismo que la proyección del Ministerio de Hacienda.
Los datos oficiales de la cartera de Estado, publicados a través del portal web Transparencia Fiscal, indican que hasta el cierre de febrero, las arcas públicas recibieron $730.8 millones. Si bien la cifra es $21 millones (3 %) más que en el mismo periodo del año pasado, también es $21.9 millones (2.9 %) menos que lo previsto.
El Ejecutivo calculaba que en los primeros dos meses del año en curso, los ingresos corrientes y las contribuciones sumarían $752.7 millones, casi $45 millones más que lo que se recibió en 2016, pero en realidad recaudó menos de la mitad de su proyección.
De acuerdo a Transparencia Fiscal, solo en ingresos tributarios y contribuciones, Hacienda captó $399.7 millones en enero y $303.2 millones en febrero. Así, en total, los $702.9 millones recaudados en ambos meses, aunque fueron $17.3 millones más que en 2016, significaron $27.3 millones menos que los que había previsto la cartera de Estado para este año.
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El mayor desacierto en las proyecciones fue en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Como el año pasado Hacienda recibió $318.5 millones bajo este concepto, para este año calculó que entrarían unos $24.8 millones más; es decir $343.3 millones en total. No obstante, según los mismos datos, al cierre del segundo mes, habían llegado $322.9 millones, 1.4 % más (equivalente a $4.4 millones adicionales a 2016) pero 6 % menos ($20.4 millones) que lo previsto.
En el Impuesto Sobre la Renta, en tanto, por las declaraciones, retenciones y pago a cuenta se estimaba recibir $273.3 millones, es decir, $15 millones más que los $258.3 millones contabilizados a febrero 2016.
Las cifras indican que, en efecto, Hacienda recibió $266.9 millones, unos $8.6 millones (3.3 %) más, aunque esto fue 2.4 % ($6.4 millones) menos de lo que en realidad pronosticó.
Al cierre de febrero, los Derechos Arancelarios a la Importación sumaron $31.4 millones, cuando según Hacienda debían ser $32.8 millones, unos $2.5 millones más que los $30.3 millones recaudados en 2016.
En tanto, en los Impuestos Selectivos al Consumo, aquellos aplicados a productos alcohólicos, cerveza, cigarrillo, gaseosas y otras bebidas no carbonatadas, armas, municiones, explosivos y similares, y los gravámenes ad- valorem sobre combustibles, se habían recaudado $27.3 millones, $1 millón menos que en 2016 y $1.7 millones menos que la proyección.
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Finalmente, las Contribuciones Especiales, que incluyen las del Fovial, transporte público, promoción de turismo, entre otros, con $32.6 millones, fueron los únicos ingresos que no solo reportaron un crecimiento interanual sino que también superaron las expectativas, aunque éstas fueran de manera leve.
Por su parte, los ingresos no tributarios también sumaron $27.9 millones al cierre de febrero 2017, un 15.3 % más (equivalente a $3.7 millones) respecto a 2016 y $5.4 millones más que los $22.4 millones previstos bajo este concepto.
¿Insuficiencia de recursos?
Desde mediados de 2016, los problemas de Hacienda para honrar sus compromisos financieros han sido más evidentes por los retrasos en los pagos a los proveedores del paquete escolar (zapatos y uniformes), los escalafones a los empleados de Salud y Educación, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y las cuotas de capital e intereses abonadas a la deuda con el Fondo de Ahorro de Pensiones, manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre otros.
Si todo el dinero recaudado en ingresos corrientes y contribuciones hasta febrero 2017 se usara para un solo fin, el Estado podría pagar hasta tres veces los $227 millones de la deuda en Certificados de Inversión Previsional (CIP) de este año; casi tres veces la inversión municipal a través del Fodes y 25 veces el escalafón de Salud (que se estima en $28 millones anuales).
Podría cubrir cinco veces uno de los últimos préstamos de $132 millones que financia un sistema informático para mejorar el cobro tributario, ampliar los programas de prevención de violencia y apoyar al sistema de seguridad nacional y la Policía Nacional Civil (PNC).
También equivaldría a dos veces y media la partida de $277 millones que la Corporación Reto del Milenio aprobó para desarrollar el Fomilenio II en El Salvador e incluso, el Zoológico Nacional podría financiarse por mil años, pues la Secretaría de Cultura le asigna un presupuesto de $700,000 anuales.
Sin embargo, entre el pasado 7 y 20 de abril, el Gobierno no pagó los $55 millones correspondientes a la cuota de capital e intereses de la deuda adquirida con el fondo de pensiones.
El incumplimiento de la obligación provocó que en solo 10 días, tres calificadoras de riesgo (Fitch Ratings, Moody’s Investor y Standard and Poor’s) rebajaran la calificación de El Salvador en cuatro ocasiones.
Además, las rebajas en calificación de riesgo soberano también pasaron factura a otras instituciones del Estado como el Fondo de Conservación Vial (Fovial), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Geotérmica Salvadoreña- LaGeo; y algunas entidades financieras como el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), y los bancos privados Agrícola y Davivienda.